Los PGE en la Comunitat Valenciana

Empecemos por una opinión impopular. Lo de que la inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Comunitat Valenciana tiene que ser el equivalente a nuestro peso poblacional, el 10,64%, no tiene ningún sentido.

Lo dice el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, pero ese sinsentido está en al menos seis estatutos más de CCAA que quisieron blindar así las inversiones en sus territorios, con la particularidad de que cada una eligió la variable en la que tiene más peso: la población en Andalucía (17,84%), Comunitat Valenciana (10,64%) y Baleares (2,47%); el PIB en Cataluña (19%), y la superficie de su territorio en Castilla y León (18,6%), Aragón (9,4%) y Extremadura (8,25%). Extremadura añade, además, un punto porcentual de su PIB. La suma de los compromisos estatutarios de estas siete CCAA condicionaría el 86,2% del presupuesto de inversiones del Gobierno, quedando para las otras diez autonomías que no reformaron su estatutos, incluida Madrid, el 13,8% restante.

Con todo, lo peor no es que las matemáticas no permitan que el resultado de la suma sea superior al 100%, sino el egoísmo que revelan estas cláusulas, contrarias al espíritu de equidad y solidaridad interterritorial que impregnan la Constitución y el sentido común. Empezando por el criterio catalán, si las inversiones se repartieran en función del PIB de cada comunidad, se invertiría mucho en las ricas y muy poco en las pobres y se acentuaría la desigualdad entre territorios. En cuanto al criterio de población, es válido para la financiación autonómica –con sus matices de densidad, envejecimiento, etc.– porque ese dinero es para pagar servicios a las personas, pero cuando hablamos de construir ferrocarriles y carreteras, parece obvio que cuanto más grande es el territorio, más coste van a tener sus infraestructuras, y que tampoco va a costar lo mismo si el territorio es llano o atraviesa el puerto de Pajares. Compárese el coste por kilómetro del AVE a Galicia con el de Alicante. Y si hablamos de la inversión en puertos marítimos, en algunas CCAA siempre va a ser cero euros.

Eso sin contar la dificultad para atribuir a una comunidad autónoma el beneficio de determinadas grandes obras. Porque es evidente que todos los AVE que se han construido en España han acabado beneficiando a Madrid, a la que tanto envidiamos porque tiene, además, un servicio de Cercanías que funciona.

El Tribunal Constitucional se pronunció en su día sobre estas cláusulas en los estatutos de Cataluña y Andalucía y lo que sentenció vale para el resto: "No vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones". Es decir, que ni el Gobierno ni las Cortes están obligados a destinar el 10,64% de la inversión en los PGE a la Comunitat Valenciana. Eso no quiere decir que no haya que pelear por llevarse un buen pellizco de los PGE, pero el argumento tiene que ser la necesidad de inversiones concretas o las promesas incumplidas.  

A pesar de eso, cada año se utiliza este criterio para considerar buenos o malos los PGE. El 9,3% de 13.000 millones que nos han tocado para 2022 –1.208 millones, 44 más que este año– no está mal si pasamos por alto la ejecución –una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se invierte– y no entramos en el reparto provincial, que es ciertamente desigual. 

No está mal porque va acompañado de 300 millones que María Jesús Montero nos ha regalado en forma de transferencias de capital. Para que se entienda, el Gobierno realizará inversiones por 1.208 millones en la Comunitat Valenciana, el 9,3% del total, pero presupuesta aparte 300 millones de casi libre disposición para la Generalitat, 200 millones para infraestructuras y 100 millones "para que la Comunidad Valenciana implante experiencias piloto de soluciones de movilidad innovadora".

El pasado mes de marzo publicamos la siguiente información: "Montero refinancia a la Comunitat Valenciana por la puerta de atrás". La ministra de Hacienda sabe que el modelo de financiación autonómica va a tardar meses o años en cambiarse y empezaba a hacer gestos al Gobierno de Puig al margen del rígido sistema de financiación autonómica, porque ella sabe y ha dicho en público que los valencianos somos los más perjudicados por el vigente sistema. Gestos como el reparto de los fondos Covid.

La solución sería crear el fondo de nivelación que tantas veces se le ha pedido, pero sabe que eso soliviantaría al resto de CCAA, empezando por Madrid, que, según Montero, ya se opuso expresamente en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así que, como advirtió en aquella confusa reunión en el Ministerio con una delegación valenciana, intenta compensarnos por otras vías.

Solo así se entiende que nos enchufe 300 millones por la patilla sin un destino claro, a concretar en un convenio entre el Gobierno y la Generalitat. Un detalle por el que nadie preguntó a Montero en la rueda de prensa porque en la capital todo lo que no sea la lógica Madrid-Barça es secundario.

Lo difícil ahora es gastarlos. La conselleria donde van a caer, Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, tiene un presupuesto de inversiones este año de 235 millones. El año que viene tendrá más del doble. Arcadi España debe de estar entre contento y a la vez preocupado porque como acabe 2022 y no los haya invertido, no le va a poder echar la culpa al Gobierno. Primero habrá que firmar el convenio, mejor en enero que en marzo, y definir en él qué obras incluye. ¿De la Generalitat? ¿Las que el Gobierno no hace? ¿Las de Alicante, para compensar que se ha quedado pelada en los PGE?

Hagan sus apuestas, y sus propuestas, teniendo en cuenta que la inversión debe hacerse en 2022. Si incluyera, por ejemplo, el tren de la costa que Fomento no acaba de ver, el año que viene no se podría poner ni una traviesa porque antes hay que preparar informes, proyectos y concursos, y eso lleva años de trabajo. Por dar una idea, llevar la fibra a zonas rurales ayudaría a paliar la despoblación. Lo que tengo menos claro es cómo invertir 100 millones de euros en "experiencias piloto de soluciones de movilidad innovadora". Pero como diría Vicent Soler, que todos los problemas sean como ese.