Antonio Olmedo, presidente de AprovaVALÈNCIA (EP). El presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo, ha valorado "muy positivamente" la promesa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de llegar a un acuerdo con el sector para generar "miles" de inmuebles y destinar "una parte importante" al alquiler, aunque Olmedo ha advertido que para ello será necesario la publicación del reglamento de viviendas de protección pública. "Nos alegramos mucho cuando surgieron esas declaraciones del presidente de la Generalitat, que cuente con nosotros que haremos vivienda" y "nos pondremos en seguida en marcha, pero tiene que aprobarse ese reglamento", ha manifestado Olmedo en una entrevista a Europa Press.
El representante de los promotores inmobiliarios valencianos, que prefiere no valorar el acuerdo para la Ley de Vivienda estatal alcanzado este viernes a la espera de conocer en detalle cómo se materializará, resume la situación de la vivienda libre y protegida en la Comunitat en "un tensionamiento en el mercado muy fuerte, donde hay demanda pero no hay oferta; hay capacidad para hacer y no se está haciendo; hay necesidades laborales que no se están cubriendo y hay una enorme posibilidad que se ha dejado que se convierta en un problema".
En ese contexto, ha saludado que el 'president' reconozca la necesidad de actuar ante la falta de parque público de viviendas en el arranque de la campaña electoral "porque la política de vivienda que se ha estado desarrollando ha sido la 'no política' de vivienda y la prueba es que no hay oferta de viviendas de protección pública". "Nos encontramos en una situación de encarecimiento de los precios de los alquileres y la única manera de dar respuesta es a través de la oferta", ha sostenido. En ese sentido, para que se pueda dar el acuerdo que prometió el presidente de la Generalitat, "lo único que se tiene que poner a disposición es el reglamento de viviendas de protección pública que lleva tramitándose dos años" y, "mientras no se publique, no se podrá hacer".
Este reglamento, ha destacado, ordena "tres aspectos fundamentales que son la unificación de las áreas geográficas, la habilitación para acceder al alquiler o venta a rentas de hasta 6,5 veces el IPREM y la actualización de precios". "Sin esa normativa no se puede hacer vivienda de protección pública", ha insistido. Así, ha indicado que el número de viviendas de protección pública que se están construyendo en la actualidad "puede ser 40 o 50" en la Comunitat Valenciana, una cifra que ha calificado de "irrisoria". Si se aprobase el reglamento "se iniciarían miles de viviendas, porque no se está iniciando ahora mismo ninguna" y las que están en construcción "son consecuencia de actuaciones sobre solares de hace ocho o diez años" y no promociones actuales porque "no se pueden iniciar".
En el caso concreto de València, como una de las zonas más tensionadas de la Comunitat, y preguntado por la escasez de solares disponibles, Olmedo ha afirmado que sí hay suelo para construir viviendas de protección oficial, y cita un estudio elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) que calcula que hay suelos disponibles para construir 2.312 nuevas viviendas. Así, ha defendido que se debe poner a disposición suelo municipal a través de una colaboración publico- privada y un esquema de gestión de esas promociones en las que se hagan cambios de obra con la Administración.
En opinión de Olmedo, en los municipios de la Comunitat Valenciana se debe modificar todo el proceso de reglamentación de las normas urbanísticas para ajustarlas a las necesidades de vivienda que se están dando "como consecuencia de cambios en la demanda, en las necesidades, por elementos técnicos y todo lo que es la descarbonización de la vivienda, que obliga a la revisión de las normas urbanísticas". "Si no difícilmente se va a solucionar el problema de la vivienda", ha advertido.
Además de la aprobación del reglamento de protección pública, que "subyace a todas las demás necesidades", y preguntado por qué medidas reclamaría a los diferentes partidos que concurren a las elecciones del 28M, Olmedo se ha referido a la rehabilitación y regeneración urbana, la "necesaria" descarbonización de la vivienda y los objetivos de la agenda 2030, que deben desarrollarse "bajando de las musas al teatro y haciéndolo real y realista".
Olmedo ha puesto el foco en que el Consell ha legislado un "maremagnum" de normas con cuatro decretos y tres proyectos de ley en materia de vivienda, desde el tanteo y retracto hasta las oferentes y demandantes o el decreto de grandes tenedores. "Esa proliferación de normativas, que en algunos casos pueden ser convenientes, lo que produce es mucha burocratización y mucha inseguridad jurídica", ha manifestado.
También ha reclamado "la agilización de todos los trámites burocráticos" tanto para la rehabilitación urbana como para la construcción de viviendas y sus procesos posteriores. Olmedo señala que los pasos administrativos se alargan "unos 16 y 18 meses" antes de construir, "tiempos horrorosos que producen un encarecimiento e incremento de costes en los tiempos que estamos viviendo". Asimismo, ha reivindicado que los fondos europeos lleguen también a las empresas privadas para la rehabilitación, porque solo se están rehabilitando los edificios públicos, ha lamentado.
Por otra parte, ha reclamado apoyo financiero para que la juventud pueda hacer frente a la entrada para la compra de una vivienda y sus gastos, cuando los jóvenes "tengan el empleo consolidado y los ingresos suficientes para pagar la amortización y los intereses del préstamo", pero no el ahorro acumulado para entregar cerca del 20% de su coste, gastos e impuestos, ha concluido.
