Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 entra en vigor este sábado, 1 de enero, tras su publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado, por lo que se harán efectivas las segundas cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez, dejando atrás las de 2021.
La cuentas incluyen cifras extraordinarias para impulsar la recuperación, con más de 26.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia, elaborado por el Ejecutivo y remitido a Bruselas para la recepción de los fondos 'Next Generation EU'.
Además, recogen un récord de gasto social y un alza de salario de los funcionarios del 2% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El BOE publicó el 29 de diciembre la ley de Presupuestos de 2022, un documento de 762 páginas, después de que las nuevas cuentas superaran el pasado 28 de diciembre el trámite del Congreso, logrando el respaldo de 15 formaciones políticas, tras incluirse una enmienda aprobada durante la tramitación en el Senado sobre las lenguas minoritarias.
De esta forma, España contará desde este sábado con unos nuevos Presupuestos en vigor el 1 de enero de 2022, tal y como marca la ley y se había propuesto el Gobierno, por lo que serán las segundas cuentas que el Ejecutivo saca adelante en tiempo y forma.
Se dará así paso a unas cuentas consideradas por el Ejecutivo "sin precedentes" y que "apoyarán las bases de la recuperación y la reconstrucción económica y social" tras la crisis derivada de la Covid-19.
Las cuentas se basan en unas previsiones para la economía española que pasará de una caída del PIB de un 11,2% en 2020 a un crecimiento del 6,5% en 2021 y del 7% en 2022, y de reducir el déficit del 8,4% del PIB en 2021 al 5% del PIB en 2022, teniendo en cuenta que actualmente están suspendidas las reglas fiscales. En cuanto a la deuda, se situará en el 115,1% del PIB, casi cinco puntos por debajo de la previsión para 2021.
Para estas cuentas, el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', se mantiene en los 196.142 millones de euros, en la línea con la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
En concreto, se incluirán un total de 27.633 millones correspondientes a los fondos europeos. Esta es una cifra un 3,8% superior a la del año anterior y supone una importante inyección a la inversión española, ya que el 85% de estos recursos europeos se reparten entre el capítulo de inversiones reales y el de transferencias de capital. Esto significa que prácticamente nueve de cada diez euros de los fondos europeos de 2022 se destinarán a inversiones.
Los PGE de 2022, los más expansivos de la democracia española, según el Gobierno, destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social, poniendo el foco en los jóvenes.
Y es que el Gobierno se ha propuesto atender en estas cuentas públicas especialmente a las necesidades de los jóvenes, destinando un total de 12.550 millones de euros en partidas presupuestarias para la juventud, un 84,8% más.
Entre las medidas más destacadas, el Ejecutivo dotará con 210 millones el impulso del 'Bono Joven Cultural', una iniciativa para acercar a los jóvenes a la cultura y se impulsará el 'Bono alquiler Joven' para la emancipación y el acceso a la vivienda, que consiste en el pago de 250 euros al mes durante dos años a jóvenes de entre 18 y 35 años que acrediten rentas del trabajo inferiores a 23.725 euros anuales.
Para 2022 se prevé un crecimiento de los ingresos tributarios del 8,1%, hasta un récord de 232.000 millones. Para el Ejecutivo éstas son unas previsiones "prudentes" teniendo en cuenta que el avance de liquidación de 2021 incluido en los PGE 2022 recoge que la recaudación aumente un 10,8% este año y que los datos más recientes muestran un crecimiento incluso superior.
El incremento para 2022 responde al crecimiento de la recaudación en todas las figuras fiscales. En concreto, para el IRPF se prevé un alza del 6,7%, hasta los 100.132 millones; para Sociedades se contempla una subida de recaudación del 11,8%, hasta los 24.477 millones y para el lVA del 9,5%, hasta los 75.651 millones.
En cuanto a las medidas fiscales, los Presupuestos incorporan el establecimiento del tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros.
Junto con este cambio en el Impuesto sobre Sociedades, las cuentas del próximo año solo incorporan otras dos novedades fiscales: la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos, y la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción, que se compensa con el aumento de las aportaciones a los planes de empresa, aunque se mantiene como aportación total la cifra de 10.000 euros anuales como máximo.
Las cuentas públicas también contemplan una inversión productiva récord, con más de 40.000 millones de euros, donde destacan más de 13.200 millones para la Investigación, Desarrollo e Innovación, la mayor cifra de la historia y casi el doble que hace dos años.
Además, se destinarán importantes partidas que beneficiarán directamente a pymes y autónomos, como los 2.140 millones en fondos europeos para el Plan de Impulso a la Pyme.
Las Comunidades Autónomas recibirán 126.500 millones de euros en 2022, que incluyen 7.000 millones de transferencias extraordinarias al margen del sistema de financiación y otros 10.712 millones procedentes de los fondos europeos.
En cuanto a las Entidades Locales, éstas recibirán 23.350 millones de los PGE de 2022, un 17% más que en 2021, de los que la Administración Central aportará 1.228 millones de carácter extraordinario para apoyar las arcas municipales. Además, recibirán otros 2.050 millones procedentes de los fondos europeos.
En línea con el objetivo contemplado en los fondos europeos de profundizar en la cohesión de todos los territorios, los Presupuestos Generales del Estado contarán para el próximo año con 4.200 millones destinados a políticas para afrontar la despoblación y el reto demográfico.
