El escenario no puede ser más negro. Un presidente que se quiere marchar, una directora general a la que ya buscan relevo, un consejo de administración en situación de cese por incumplimiento de objetivos al que Les Corts deciden dar otra oportunidad —rebajando los objetivos un 75% para que no se estresen—, un lío societario difícil de arreglar, una plantilla provisional y envejecida, una parte de los trabajadores que no da un palo al agua porque no cree en el proyecto y solo espera la jubilación una vez logre la plaza definitiva, una audiencia ínfima... Y, sin embargo, aún hay una oportunidad de evitar el desastre al que la televisión pública valenciana se encamina cual ternera al matadero.
La puesta en marcha de À Punt ha sido un fracaso porque en plena reconversión de los medios de comunicación se creó la misma televisión que hace 30 años. En un escenario audiovisual nuevo y todavía cambiante, se quiso resucitar Canal 9, que ya estaba moribunda cuando la cerró Fabra a finales de 2013.
Un año antes del cierre de Canal 9 se habían fusionado Antena 3 y La Sexta con sus siete canales complementarios —hoy Atresmedia— para competir con el otro gigante nacido en 2011, Mediaset, formado por Telecinco y Cuatro con otros cinco canales. Cuando empieza a emitir À Punt, en 2018, estos dos grandes grupos dominan el negocio de la televisión convencional en España mientras las televisiones autonómicas tratan de sobrevivir en un mercado en el que, además, van surgiendo actores muy potentes de televisión a la carta —Movistar+, Netflix, HBO, Amazon Prime, Youtube TV (Google)...—, a los que en los últimos meses se han sumado Apple TV+ y Disney+, nada menos.
Ajenos a esta revolución en la que los jóvenes ya han sustituido hasta el aparato de televisión porque se han acostumbrado a ver series en su ordenador, la tableta o incluso en el móvil, los valencianos hemos creado un dinosaurio para el que algunas voces de dentro y de fuera ya piden más presupuesto y más plantilla porque en comparación con otros dinosaurios no estamos tan gordos.
No obstante, el peor de los errores está por llegar: con un presidente saliente —Enrique Soriano— y una directora general cesante —el mandato de Empar Marco acaba a principios de marzo—, el consejo de administración ha abierto un proceso de selección para el relevo en la Dirección General. Ese no es el error, es lo que toca. A los candidatos —si los hay, porque corre el rumor de que nadie quiere torear en esa plaza— se les va a evaluar, entre otros criterios, en función de su proyecto, concretamente, de las "líneas de actuación y estrategias de implementación", "propuestas de mejora", "líneas estratégicas de la plataforma de los medios públicos valencianos" y "propuesta de organigrama, que incluirá el perfil del equipo directivo".
Y aquí viene el despropósito: mientras el Consell de Puig busca presidente, mientras el Consejo Rector de la tele selecciona director general y mientras la Abogacía busca una solución para el lío societario entre la Corporació y la Societat Anònima —Soriano quería fusionarlas—, la televisión lanza una oferta pública de empleo (OPE) en las dos sociedades con un total de 528 plazas.
Así, si en marzo llega un nuevo director general con planes de una televisión del siglo XXI y con su "propuesta de organigrama" que a lo mejor requiere menos plantilla o la misma pero diferentes perfiles, más profesionales de esto y menos de lo otro, le responderán que qué mala suerte, que mientras lo elegían a él o a ella resulta que han consolidado las 528 plazas, que eran provisionales y entonces serán fijas, de manera que te apañas con lo que tienes y si quieres subcontratas lo demás y metes más gente que al cabo de unos años acabará inflando la plantilla, el presupuesto y las pérdidas. Esta película ya la hemos visto, en valenciano para más señas.
Como escribí aquí en verano, el cese de Empar Marco, si se producía, debía ir acompañado del de todo el Consejo Rector. Pero los grupos de Les Corts no solo no han aprobado el cese previsto en la ley por incumplimiento de objetivos sino que ni siquiera han aprovechado la renovación de cuatro miembros de ese órgano de administración para situar a gente más idónea para gobernar una empresa de ese tamaño, a excepción de Compromís, que ha sustituido al sociólogo Rafa Xambó por la economista Rosa Yagüe. Algo es algo.
Desde el Consell, Oltra dice que no se meten y ni siquiera opinan porque la gestión de la tele está "residenciada en el Consejo Rector y en Les Corts". Puig y Oltra también son líderes de sus partidos, así que algo sí que pueden hacer.
¿Cómo es posible que la Conselleria de Justicia y Administración Pública ofrezca 500 becas de 500 euros al mes para opositores que opten a ser funcionarios del Grupo A de la Generalitat y solo se adjudiquen 92? ¿Cómo es posible si, como afirma el departamento que dirige Gabriela Bravo, se promocionaron de forma "intensa" en las universidades y se amplió el plazo para presentarse? ¿Cómo se explica que 286 solicitantes fueran rechazados por no presentar la documentación requerida?
Pues lo de siempre, según cuentan los interesados: la documentación requerida era una "declaración responsable" de estar preparando una oposición, firmada por el opositor y por su preparador, así como la justificación posterior mediante las correspondientes facturas. El problema es que muchos de estos preparadores —la mayoría relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— se niegan a firmar porque cobran en negro. Una casuística que merece figurar en el manual de corrupción de la semana pasada.
