Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este lunes el nombramiento del exconseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, como patrono de la Fundación de la Comunitat Valenciana FARQ. Un nombramiento a propuesta del jefe del Consell, Ximo Puig, para cubrir el puesto que le corresponde a la Generalitat, dado que en los estatutos figura que cada entidad o persona fundadora distinta a la Diputación Provincial de Alicante debe proponer un patrono.
Alcaraz fue uno de los primeros consellers del Botànic que advirtió en la legislatura pasada que no repetiría en caso de revalidarse el pacto entre PSPV y Compromís, ni ejercería la política activa al menos en primera línea. Sin embargo, es una de las figuras de consenso en el tripartito y de hecho fue invitado en el último seminari de Govern para debatir sobre el final de legislatura junto a expertos como Joan Romero, catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local; o la investigadora distinguida de excelencia del plan GenT, Samira Khodayar Pardo.
La figura de Alcaraz, así, se vuelve a poner 'de moda' en el Botànic II. No en vano, también en Compromís -coalición a la que pertenece- gusta su nombre porque genera consenso con las otras fuerzas del tripartito, y en algún momento ha sonado como posible candidato para renovar órganos estatutarios que están pendientes como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), si bien esta opción se situaba más en el entorno de Iniciativa que de Més, partido mayoritario de la coalición.
Los grupos parlamentarios del Botànic debían abordar a la vuelta de las vacaciones de verano la renovación de varios órganos estatutarios cuyos miembros se encuentran en funciones desde hace meses. Una tarea pendiente que se resolvería más allá del Debate de Política General y el 9 d'Octubre, tal y como acordaron los miembros del tripartito, pues hacerlo antes resultaba imposible por las diferencias que surgieron en su momento entre PSPV, Compromís y Unides Podem por quién debía designar al Síndic Major de Comptes.
Las discrepancias han comenzado a dejarse a un lado y los partidos de la Cámara ya han cerrado un reparto equitativo de nombramientos entre PP, Ciudadanos, PSPV, Compromís y Unides Podem. Por lo que ahora las formaciones ya tantean a sus posibles candidatos para todos los órganos en situación de interinidad: el Consell Jurídic, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparencia o la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
Unides Podem es una de las formaciones que más ha avanzado en las últimas semanas con la propuesta de Antonio Montiel para el Jurídic, un candidato que a priori generaría consenso entre el resto de fuerzas parlamentarias. También el PSPV tiene claro que su candidata, Margarita Soler, debería seguir en este órgano. Compromís, por el momento, es el único partido del Botànic que no ha despejado la incógnita de quién elevará para la institución. Sin embargo, ya comienzan a circular nombres en el seno de la coalición. Uno de ellos era el del exconseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.
Fuentes parlamentarias aseguran que hoy por hoy no hay ningún nombre sobre la mesa cerrado, si bien reconocen que es un nombre que gusta en Compromís. No obstante, recalcan que deberán discutirlo a la interna porque la decisión no está tomada y, ahora, con la designación de patrono de la Fundación MARQ su posible candidatura queda, para muchos, descartada.
Alcaraz (Alicante, 1958) ocupó una cartera inédita en el primer Botànic con no pocas dificultades para hacer ver a sus propios compañeros de Gobierno y al resto de instituciones de la Generalitat la importancia de su labor. Su conselleria sacó adelante normas como la ley de Inspección General de Servicios y el sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración, si bien con el cambio de legislatura este programa -bautizado como Satán- debía terminar su desarrollo y no lo ha hecho por el momento. El sistema pasó a depender de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo y sigue sin funcionar para lo esencial: vigilar los contratos y subvenciones que se realizan en la Administración y que todos los aspectos que los rodean sean legales.
El exconseller, profesor titular de Derecho Constitucional, también fue impulsor de una de las leyes que más incomodaron a sus socios de Gobierno, el PSPV, y a los empresarios: la denominada ley de lobbies por la que ahora cualquier reunión que mantenga un grupo de interés con un grupo político o con algún alto cargo para influir en la elaboración de una ley o en la gestión de un determinado departamento debe quedar registrada. El adelanto electoral terminó por enterrarla, si bien esta fue rescatada por su sucesora en la cartera, Rosa Pérez Garijo, y el registro ya está en marcha.
