CASTELLÓ. El presidente de la Diputación, José Martí, defenderá este lunes en Ourense la creación de un fondo estatal de solidaridad interterritorial que garantice la prestación de servicios básicos en los municipios en situación o en riesgo de despoblación. Entiende que el objetivo debe ser el de dotar de suficiencia financiera a los ayuntamientos afectados y a las diputaciones y entes intermedios como las mancomunidades que colaboran con ellos.
El presidente considera que se trata de una compensación necesaria por las externalidades que se llevan a cabo en estos pueblos, que acaban redundando en el bien general del conjunto del país, en materias como la preservación de la calidad del aire, correcta filtración de aguas que permite su óptimo consumo en otros puntos del territorio, masa forestal, biomasa y defensa del patrimonio cultural e histórico. También se deben arbitrar medidas que en aras de la prestación de los servicios básicos permitan a las entidades locales compartir habilitados nacionales y otros funcionarios.
Son algunos de los puntos que el presidente de la Diputación de Castellón llevará mañana al pleno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se reúne en Ourense. Una sesión en la que se expondrán las conclusiones del grupo de trabajo creado en la propia FEMP de cara a la Elaboración del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que debe impulsar el Gobierno de España para su aprobación por las Cortes Generales.
Martí, en su intervención ante el resto de presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares, abogará igualmente por la aplicación de criterios de discriminación positiva para los pequeños pueblos en todo tipo de ayudas, subvenciones y prestación de servicios públicos. Discriminación positiva en una doble dirección: económica, dada la escasez de recursos con los que cuentan estos municipios, y en la duración de los plazos de justificación, ya que apenas disponen de funcionarios para la realización de trámites.
Martí considera igualmente "muy importante» que en lo sucesivo todas las leyes que se promulguen y las disposiciones, reglamentos y normativas que se dicten incluyan un estudio de territorialidad que tenga en cuenta el impacto que originarán en el territorio en el que deben aplicarse".
El presidente de la Diputación cree que "las propuestas que llevamos a la FEMP son lógicas y razonables, y se deben aplicar si de verdad nos creemos eso que decimos tantas veces de que las ciudadanas y los ciudadanos deben tener garantizados los mismos servicios y derechos, vivan en el lugar de España en el que vivan". Por ello, "la discriminación positiva que defendemos está plenamente justificada, porque las alcaldesas y alcaldes no pueden actuar sin recursos económicos, y porque a la hora de justificar ayudas y subvenciones, no se puede exigir la misma celeridad a un ayuntamiento que tenga un ejército de funcionarios como Madrid o Barcelona, que a un pequeño pueblo de Castellón como Castell de Cabres".
