CASTELLÓ. El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha expuesto en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Comisiones y Provincias la intención de la institución que dirige de desarrollar un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del agua por valor de 9,9 millones de euros. El objetivo es digitalizar todo el ciclo del agua en 126 municipios de la provincia, tanto el abastecimiento como la depuración.
Para conseguirlo, la Diputación de Castellón se ha presentado a una convocatoria estatal que se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva. Según las previsiones con las que trabaja el Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Castellón, la financiación a través de los Next Generation EU podría cubrir el 82% del coste total del proyecto.
Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de la reunión celebrada este lunes en Ourense, donde los presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares han valorado muy positivamente que «finalmente, los fondos europeos sí estén llegando a los ayuntamientos y diputaciones, ya que según datos de 31 de enero, el 27% de los recursos distribuidos se han asignado a las administraciones locales». En su opinión, se trata de «una gran noticia teniendo en cuenta que en un principio solicitábamos un mínimo del 15%».
Martí ha vuelto a reivindicar el papel que deben jugar las diputaciones en este proceso porque «somos la ayuda que el Gobierno necesita para que los fondos europeos lleguen a todos los puntos del país».
La comisión de expertos para el reto demográfico de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) incluirá las propuestas realizadas por el presidente de la Diputación de Castellón en el documento que elevará al Gobierno de España de cara a la elaboración del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población.
Martí aboga por la creación de un fondo de solidaridad interterritorial para garantizar la prestación de servicios básicos en los municipios que están en situación o en riesgo de despoblación, del que deben beneficiarse los pequeños pueblos, las mancomunidades y las propias diputaciones provinciales «porque como solemos decir, somos ayuntamiento de ayuntamientos pero, fundamentalmente, de los pequeños municipios de interior».
Además, entiende que «en los pueblos realizamos una labor muy importante desde el punto de vista medioambiental, de la que también se benefician las personas que residen en el ámbito urbano». Señala que «cuando cuidamos el bosque y hacemos una correcta filtración de las aguas, nos beneficiamos todos».
Martí quiere también que se aplique una discriminación positiva para pequeños municipios y diputaciones «porque si cada vez tendremos que realizar más actuaciones en las pequeñas poblaciones, vamos a necesitar una mejor financiación».
En consecuencia, considera necesario que todas las leyes, decretos y normas que se dicten incorporen un informe de impacto en el territorio rural, y que se permita un incremento del número de trabajadores de los pequeños ayuntamientos y diputaciones. «Si vamos a tener más competencias necesitaremos dar una respuesta más ágil a la ciudadanía, y una dotación de personal necesariamente mayor».
