El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Foto: EP/ROBER SOLSONAVALÈNCIA. Todavía quedan muchos flecos por cerrar en la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat de 2024, pero la fotografía general ya va tomando cierta forma. La mayor complicación suele ser cómo cuadrar los ingresos y los gastos. Y en este encaje influyen factores al margen de los económicos: el discurso público y las promesas.
El Ejecutivo autonómico que dirige Carlos Mazón fijó dos premisas desde el principio. Una, que no iban a disparar "con pólvora de rey", en palabras de la titular de Hacienda, Ruth Merino, sino que iban a ser rigurosos; y dos, que no incluirían los llamados ingresos ficticios –aquellos cuya llegada no estaba asegurada– que introducía el Botànic para cuadrar la cuentas.
Por el momento, desde el Gobierno valenciano confirman que no se tratará de unos presupuestos expansivos en el gasto real, concepto usado por el anterior Ejecutivo del PSPV, Compromís y Podem durante años. Así pues, la previsión es que las cuentas se mantengan en comparación con las de 2023 o tengan un crecimiento normal. Una manera de no recortar en servicios básicos –otro de los compromisos– y mantener el resto de partidas.
El aumento mínimo, en todo caso, se debería producir porque se tendrán que incrementar tanto el capítulo I (gastos de personal) por la subida de sueldos de los funcionarios debido a la inflación como el capítulo II (compras de bienes corrientes y gastos de funcionamiento).
Cómo se cuadra todo ello es la cuestión. Y es lo que en este momento se estudia, de acuerdo con fuentes del Consell. En el apartado de ingresos ficticios, ya quedan claras dos cuestiones. De un lado, que el PPCV y Vox suprimirán la partida reivindicativa de 1.336 millones de euros para compensar la infrafinanciación autonómica por el retraso en la reforma del sistema.
De otro, que sí se incluirán ingresos cuya llegada no está asegurada pero que el actual Consell no enmarca en ficticios porque no se trata de una partida al estilo de la de la financiación. Se trata de los 900 millones por una deuda que la Generalitat le reclama al Ejecutivo central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga), que está pendiente de pago desde hace años. El Gobierno de Sánchez solo reconoce una deuda de 80 millones, una décima parte de lo que reclamaba el anterior jefe del Consell, Ximo Puig.
El Botànic incrementó progresivamente esta cantidad en sus Presupuestos. En 2018 la cuantificó en 253 millones y, posteriormente, a partir de 2019, llegó hasta los 644 millones porque sumó lo que calificó como "Foga histórico". En las cuentas de 2023 se incrementó todavía más y llegó hasta los 800 millones.
Ni los 1.336 millones ni los 800 han figurado hasta la fecha en los Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno central no tiene ninguna intención de transferirlos, de manera que se trata de ingresos no previstos ni, mucho menos, asegurados. Sin embargo, Mazón trata de separar "la reivindicación y lo ficticio", tal y como argumentó en una entrevista en Prensa Ibérica. "Tenemos que reivindicar que tenemos un problema de más de 900 millones de euros con los desplazados sanitarios. En los presupuestos habrá una partida reivindicativa porque ha de ser así, con posibilidades ciertas de cobro. Lo que no va a haber es aquello sobre lo que no tengamos posibilidades ciertas de cobro en todo el año que viene", afirmó.
Con ello, dejó claro que su Gobierno volverá a incluir ingresos no asegurados, aunque se trate del Foga y no de la partida de la infrafinanciación. Una fórmula que permite contar con más dinero en los presupuestos.
En cuanto a lo demás, se trabaja con estimaciones. Y algunas de ellas positivas. Sobre todo la referente a la liquidación del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2022. Aunque todavía no existe cifra definitiva, sí se puede sacar un cálculo ajustado, y se ha producido un importante aumento en la recaudación de impuestos. Especialmente a través del IVA, ya que el 50% va a parar a las comunidades autónomas y son millones de euros. La Generalitat podrá contar con ellos para los Presupuestos de 2024.
Otra estimación, esta ya menos ajustada, será la de las entregas a cuenta del próximo año –los miles de millones de euros procedentes del sistema de financiación dirigidos a cubrir las necesidades de gasto–. Se trata de una información clave para elaborar los presupuestos que el Gobierno central ha de facilitar a las autonomías y que no ha trasladado todavía. Así que la Generalitat contará con estos ingresos, que podría inflar de alguna manera.
De esta manera, todo parece indicar que el presupuesto se mantendrá –o crecerá de manera normal– a costa de aumentar los ingresos tanto de una manera real –por la recaudación de impuestos– como ficticia aunque se evite calificarla como tal. Una forma de evitar recortes con el difícil discurso público que ello supone.
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral
