Los ‘menas’ son niños y adolescentes que se encuentran en España sin ningún familiar y a los que, en virtud de los acuerdos internacionales, hay que atender. Su vida no es fácil y ni gozan de esos privilegios que dicen los bulos ni son delincuentes. ¿Su sueño? Integrarse
VALÈNCIA. Abde, Mehdi e Ismail echan una partida al futbolín tras una larga jornada. Estudios, trabajo, tareas del hogar y, desde que cumplieron la mayoría de edad, un sentimiento constante de miedo. Para jóvenes que se han jugado la vida en una patera o en los bajos de un camión parece que el miedo se quedó en el puerto de Ceuta o Melilla y, sin embargo, hoy, con una disciplina de vida ante la que muchos chavales de su edad claudicarían, el miedo es la constante que les hace seguir. Miedo a que un mínimo paso en falso destruya su proyecto de vida, a descolgarse de la cuerda floja en la que viven, al fracaso ante los suyos, al odio y al racismo estructural.
Llegaron siendo menas —acrónimo que significa Menores Extranjeros No Acompañados y que se usa para deshumanizarlos—, es decir, niños solos sin colchón familiar. Hijos de nuestra administración hasta los dieciocho años. Hoy son ijex —jóvenes extutelados— sobre los que pesa el estigma social. Ismail lo lee a diario en los chats de grupo donde le llaman moro de mierda. «Intento no hacer caso. Voy a estudiar y vuelvo a casa. Si ellos me llaman ‘moro de mierda’ yo les diré ‘payo de mierda’ y estaremos en paz». En realidad no. Porque Ismail, Abde y Mehdi se han convertido en el blanco del discurso del odio y de las fake news que arrastran como una losa de la que depende su porvenir.
Ismail El Mathoune llegó en patera de Tánger a Barbate. «Lo que viví en aquellas 24 horas lo recuerdo como un sueño. Estaba jugando al fútbol con mis amigos en la calle y de repente me convertí en lo que soy ahora. Me dio tiempo de despedirme de mi padre. Fue la primera vez que le vi llorar», recuerda. Una vez en España pasó por varios centros. Llegó dando tumbos a Madrid y de ahí otro tumbo a València. Unos días en el río al raso, y luego los centros de Buñol y Algemesí, hasta su mayoría de edad en la que tuvo la suerte de entrar en la red de recursos de emancipación. En este periplo también ha estudiado: peluquería, carretillero, manipulador de alimentos, soldadura. Muchos esfuerzos y a la espera del arraigo que no llega.
No deja de sorprender que un chico que llegó siendo menor hace tres años, y ha estado tutelado, todavía no tenga sus papeles en regla. No es una excepción. «A raíz de unas sentencias en febrero de 2020, se endurecieron las directrices por parte de las oficinas de Extranjería para la renovación de los permisos de residencia no lucrativa, que es el tipo de permiso de residencia, que no autoriza a trabajar, que tienen la mayoría de jóvenes extutelados. Se exige para su renovación justificar medios de vida y, a partir de este momento, estos no pueden venir de prestaciones sociales. No pueden trabajar, una contrariedad que impide su inserción y participación social», explica Elisabeth Marco, directora de hogares de emancipación de la Fundación Amigó.
De tener que acreditar 540 euros al mes con dieciocho años, es decir, el 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), la sentencia del Tribunal Supremo a la que se refiere Marco pasó a exigir en la segunda renovación, más de 2.100 euros al mes, es decir, casi el 400%. «Pero a pesar de las trabas que suponen las condiciones para acceder al permiso, disponer de una oferta laboral de un año a jornada completa, durante este año, además de las dificultades habituales, hemos experimentado otras para acceder a las citas para la tramitación, y una lentitud y demora en la tramitación significativas», explica.
Abderrahim Zekraoui (Abde) llegó a España con diecisiete años. De Nador a Melilla a nado y luego semanas de espera para colarse en los bajos de un camión en el ferry. Sobrevivió al viaje. Saltó en Málaga. Pasaría por los centros de Granada, Murcia y València. Cumplió los dieciocho en el centro de Buñol y al no quedar plazas disponibles en los recursos de emancipación le tocó irse a la calle. «Pasé cuatro meses en la calle. He visto de todo, asustado, algunos robaban, vendían droga. Yo, por suerte, no tuve problemas porque hacía un curso y eso me hacía estar ocupado y tener al menos una comida. Luego me dieron una habitación de la iglesia y por fin un piso».
Entre esos cursos en la calle estudió soldadura, carpintería, plaguicidas, cocina y hostelería. Con la pandemia y el cierre de fronteras, el campo español necesitaba mano de obra. Fue uno de los beneficiados del real decreto que permitió conceder autorizaciones de trabajo para la campaña a los jóvenes extutelados con residencia, pero no permiso de trabajo. «Ahora tengo los papeles, solo, que no me falte el trabajo para poder renovar», sonríe. Abde sueña con enviar pronto dinero a casa. «Tengo una hermana que está enferma y necesita operarse. Yo les cuento que estoy bien; de hecho, les digo que estoy mejor de lo que estoy», añade.
Mehdi Elmasroui es el más risueño del grupo. También llegó en patera. A alguno de sus compañeros se los cruzó en otros centros de la península y ahora los tres comparten un piso regentado por la Fundación Somllar. «A pesar de la apuesta de la Actual Red de Emancipación de la Comunitat Valenciana, con diferentes recursos: las unidades externas, los hogares de emancipación y la Renta Valenciana d’Inclusió, se sigue observando falta de plazas en viviendas y lentitud en la tramitación de las rentas», señala Marco.
Ricard Gozálvez, el coordinador del área de emancipación de Somllar, explica que además de las viviendas como la de Ismail, Mehdi y Abde, la entidad ha creado un programa denominado Acompaña. «Es una red diversa que incluye desde familias de acogida, a pisos de estudiantes o convivencia con personas mayores que les quieren acompañar en el proceso de emancipación. Intentamos mezclar gente autóctona y recién llegados y que se encarguen de que participen en el entramado social y así también terminar con la segregación», explica.
Al preguntarle qué sería de ellos si no hubiera este tipo de recursos, Ricard comenta que «creamos Acompaña por miedo a ver a estos chicos en la calle cuando cumplen los dieciocho años». Aunque no es su cometido, Ricard se enfunda el traje de mediador laboral para que los y las jóvenes de la red firmen su primer contrato de cuarenta horas semanales por el salario mínimo interprofesional. Tarea titánica. «Nos ha pasado conseguir trabajos y cuando te han respondido desde Extranjería, el empresario ya no les necesita», explica.
Uno de los empresarios que no desistió ante el laberinto administrativo es Enric Navarro. Ingeniero agrónomo, socio fundador de Terra i Xufa, una cooperativa de cultivo de chufa ecológica con sede en Alboraya. Enric contrató a cinco de estos jóvenes durante la pandemia, no sin dificultades. «Después de todo el papeleo, te hacen pagar una tasa de 220 euros que a día de hoy no sé a qué responde y te tienes que personar en la Delegación del Gobierno para jurar ante el funcionario como si fueras a cometer fraude. A eso añade la espera de tres meses en la respuesta».
«Cualquier empresario se habría retirado», cuenta, pero lo cierto es que Enric valora positivamente la experiencia. «Nos dimos cuenta de que podíamos ser una cantera para gente que se integra en el campo y encuentra en él una vocación. Es el caso de Anes, quien ha acabado la ESO compatibilizándola con el trabajo en el campo. Es serio, amable, se ha integrado a la perfección en el equipo y demuestra a diario sus capacidades», señala. Navarro además reflexiona sobre la gran oportunidad que podría ser para este colectivo el campo y la mar.
«Los niños son utilizados en la valla como arma arrojadiza de política exterior por Marruecos, como se ha visto el pasado mes de mayo con los saltos masivos, y aquí en España como arma política con argumentos falsos como los utilizados por Vox en su campaña en la Comunidad de Madrid», explica el profesor de la Universidad de Granada, Francisco J. Durán, autor del libro Los menores extranjeros no acompañados desde una perspectiva jurídica social y de futuro (Aranzadi, 2021). Las imágenes de Ceuta han dado la vuelta al mundo y, mientras se ha aplaudido a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles y a voluntarios como la joven Luna, el discurso del odio se ha cebado con el colectivo.
En la campaña electoral de Madrid de mayo, los menas volvieron a ser blanco del discurso político. La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia sobre el cartel de Vox sobre el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena. Fue archivada. No es la primera vez. La Audiencia Provincial de Valencia archivó en 2019 una causa contra el community manager de Vox por un tuit en el que se afirmaba falsamente que la agresión sexual a una mujer en una playa valenciana la cometieron magrebíes.
La fiscal delegada de Delitos de Odio en Valencia, Susana Gisbert, fue quien abrió el procedimiento contra ese tuit que el juez de la Audiencia enmarcó en el ámbito de la libertad de expresión esgrimiendo en la sentencia que «la demagogia y los populismos no son censurables desde este punto de vista, con el límite; del discurso de odio». Gisbert señala que «es una estrategia bastante pensada. El cartel está en el límite; juegan con un componente esencial subjetivo que incita al odio, pero cuando es una campaña continuada es delito. Ellos sortean el sistema. Es un discurso fácil para vender su producto. Una víctima propiciatoria que supone un gasto al Estado. Nos roban el pan», comenta.
Eduardo Russu, comisario de la policía local de València y coordinador de la recién creada Unidad de Tolerancia, señala que «la propia palabra mena no me gusta porque desdibuja la figura que hay detrás, la de niños solos. En València hay menores tutelados y jóvenes extutelados; siempre hay algún que otro incidente motivado por la marginación, pero actuamos muchísimo más con gente ‘blanca’ por decirlo así que con ellos. Entre los tutelados, los casos son cero, y desde luego que no se puede extrapolar la criminalidad a este colectivo», explica.
«La demagogia y los populismos no son censurables desde este punto de vista, con el límite del discurso de odio», según la Audiencia de Valencia
Russu conoce bien Melilla. «En mi experiencia ahí, ves a chicos en el puerto de ocho, nueve años que llevan ya desde los seis esperando la oportunidad para cruzar. Cuando llegan, lo hacen con una marginalidad brutal, adicción al pegamento, han pasado por abusos y hay que retutelarlos. Ahí entran los servicios sociales, pero sigo insistiendo en que los incidentes con el colectivo son mínimos, y bastante tienen con lo que han pasado como para ponerles más trabas. Quieren trabajar, ayudar a los suyos y vivir», concluye. Según el INE, en 2019, el 77,3% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles y el 22,7% por extranjeros, cifras similares a las de 2018.
Respecto de las «manadas de menas» que también han sido objeto de los discursos políticos de odio, ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni el Ministerio del Interior ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado disponen aún de datos específicos sobre el fenómeno de las «manadas», si bien, como recoge Efe, «las estadísticas oficiales más recientes muestran que los autores de delitos contra la libertad sexual son españoles en mayor medida que extranjeros, y adultos más que menores».
«Yo no recuerdo, en veintiocho años de fiscal, que este colectivo haya violado. En todos los estamentos de la población hay delincuencia, pero no hay un pico de violencia en este colectivo», sentencia la Fiscal Gisbert.
Un estremecedor informe publicado el pasado abril por el consorcio de periodistas Lost in Europe concluye que se desconoce el paradero de más de 18.000 menores migrantes que viajaron a Europa sin sus familiares entre 2018 y 2020. «Desaparecidos quiere decir que han sido registrados en un país europeo como extranjero menor no acompañado», explican.
El profesor Durán señala que en España al alcanzar la península llegan a los centros; la ley prioriza el acogimiento familiar, pero en la práctica es residencial. «Los centros son de carácter abierto, entran y salen en busca de familiares que ya están aquí o siguen el viaje hacia Francia, pero el problema es que se les pierde la pista. Desaparecen muchísimos. Si se pierde un niño en España se busca por tierra, mar y aire, y estos miles de niños perdidos en Europa, ¿dónde están?», se pregunta.
A nivel interno las cifras también suponen un problema. «En España, las cifras varían dependiendo de si las da Extranjería, Fronteras o las comunidades autónomas», explica Durán. «A nivel de la UE, solo existen datos homogéneos de los que solicitan asilo, pero muchos de los que no han entrado en el sistema de petición de asilo están en la clandestinidad. En España informes de la Fiscalía General del Estado dan cuenta de las llegadas de pateras, pero no coinciden con las cifras de las comunidades», continúa.
Con jóvenes que están fuera del radar también trabaja la Asociación marroquí para la integración de inmigrantes. En su programa ‘Salimos a la calle’ atienden a cincuenta y dos jóvenes en situación de calle. Irene Quirante, técnico de integración, explica que «la situación de calle te hace vulnerable a todos los tipos de problemas, y más a chicos que tienen un perfil racial y son mucho más perseguidos, parados e identificados por la policía. La calle aumenta el peligro a caer en problemas de drogadicción o delincuencia, pero hay chicos en situación de sinhogarismo que aun así se han sacado la Secundaria» dice.
Eduardo Russu (Comisario de policía local de València) / «Entre los tutelados, los casos de delincuencia son cero, y desde luego que no se puede extrapolar la criminalidad a ese colectivo»
Durán explica que la vulnerabilidad de este colectivo hace que «las mafias usen a algunos de estos chicos para el menudeo ya desde menores, porque el delito es menor, o para pequeños hurtos. Los más graves son los casos de trata y explotación sexual», comenta. Lost in Europe señala que muchas niñas víctimas del tráfico sexual internacional han sido convencidas de declararse mayores de edad para tener menos controles en los centros para adultos. «Introducen a chicas menores de edad con documentación falsa y acaban en prostíbulos y ellas no se atreven a denunciar porque están atemorizadas o porque tienen amenazadas a sus familias en origen. Son cifras que desconocemos; los chicos son los más visibles por su mayor número, pero la situación de estas chicas es dramática», explica Durán.
Alba López, psicóloga social de Somllar, comenta que la mayoría de las jóvenes que ha atendido viene con un historial de abusos, trastorno postraumático, más inclinación al consumo, «y les cuesta mucho abrirse a un desconocido a nivel terapéutico». Ninguna de las extuteladas ha accedido a contar su historia para este reportaje.
Hamid Abdouni también vino en patera. Intenta mantenerse ajeno a todo desde el Centro de Alto rendimiento de Cheste. Dejó Marruecos siendo campeón de Taekwondo. Se subió a una patera y lo arriesgó todo por llegar un día a las Olimpiadas. Hoy también forma parte del programa Acompaña. Su entrenador comenta que, a nivel autonómico, solo tardó un campeonato en quitarse a todos sus rivales de encima. «Ahora estoy considerado como deportista de alto nivel, entre semana entreno y estudio en Cheste y, los fines de semana, regreso con mi familia de acogida y trabajo», comenta Hamid. Si la nacionalidad se lo permite podría competir con la federación española. Su entrenador dice que traería medallas a muy corto plazo. «Les recomiendo a todos los chicos que se porten bien y se centren en un objetivo», dice Hamid.
Hasta el año 2009, a Hamid lo hubieran podido «reagrupar» con su familia sin escuchar los motivos por los que ha venido. Solo tras la sentencia del Tribunal Constitucional «esas reagrupaciones, que en realidad eran expulsiones encubiertas», como comenta Durán, «ya no se practican y los jóvenes, tienen derecho a audiencia». Durante la crisis de mayo, varias ONG denunciaron «devoluciones en caliente» en los saltos a la valla de Ceuta y también de Melilla. «En ese caso ni se les mira si son mayores o menores; oficialmente no existen. Otro cantar son las pruebas de determinación de la edad, hoy en España practicadas mediante radiología de muñeca y exploración corporal que la ONU ha condenado, habiéndose dado casos en los que la prueba de la fiscalía prevalece sobre el pasaporte del menor y lo puede expulsar del sistema de protección», añade.
En el proceso de redacción de este reportaje, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que finalmente atenderá la petición del Defensor del Pueblo para flexibilizar el proceso de concesión de residencia a jóvenes extutelados. «Son jóvenes, casi niños, que tienen capacidad de sobreponerse desde el momento que llegan ,y más desde que cumplen los 18 años, comenta Quirante. «Esta semana cuando vuelva a hablar con mi madre, le diré que todo marcha bien», sentencia Ismail.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 80 (junio 2021) de la revista Plaza