MSC afirma que el Gobierno desbloqueará la ampliación norte del Puerto tras la investidura

VALÈNCIA. El Gobierno ha trasladado a la naviera MSC su voluntad de desbloquear la tramitación de la ampliación norte del Puerto de Valencia una vez se conforme el nuevo ejecutivo central, tras conseguir el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, los apoyos suficientes para la investidura. El proyecto precisa de la autorización del Consejo de Ministros, un trámite que lleva ya más de diez meses paralizado. Sin embargo, podría recibir en los próximos meses la luz verde definitiva para acometerse.

Así lo asegura el presidente de MSC España, Francisco Lorente, quien explica que este mismo mes de noviembre mantuvo una conversación con David Lucas, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien le trasladó que "en los primeros Consejos de Ministros" del nuevo Ejecutivo se sacaría adelante el proyecto. De hecho, el Gobierno achaca a su condición de encontrarse "en funciones" la no aprobación de la inversión, que roza los 1.500 millones de euros entre la parte pública y la privada.

Para el directivo, el problema ha sido "político" por los intereses de partidos como Compromís o Podem, con el beneplácito del PSOE y las presiones de ERC. "Nos han dirigido personas con los intereses puestos en proyectos catalanistas. ¿Por qué la Copa América es buena para Barcelona, pero no para València?", se pregunta. A su juicio, son formaciones que no quieren que la Comunitat Valenciana crezca y se escudan en sus principios para frenar "el progreso valenciano". 

La obra, presentada hace ya cuatro años, contempla la construcción del muelle de contenedores en la zona norte del recinto portuario con un presupuesto base de 542,7 millones de euros. La compañía italo-suiza TIL, filial de MSC, invertirá por su parte 1.021 millones para levantar y explotar en régimen de concesión la terminal de contenedores, que se ubicará en aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte. Será la cuarta terminal del Puerto. La iniciativa supondrá una inversión público-privada de 1.564 millones de euros.

De esta forma, la nueva terminal podrá albergar 5 millones de contenedores en una superficie de 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, y contará con diseño, tecnologías y equipamiento de última generación en una instalación totalmente electrificada que minimizará la emisión de CO2. 

En diciembre de 2022, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobó el proyecto, pero la inversión sigue en el aire por la falta de determinación del Gobierno. Además, la actuación se ha retrasado por cuestiones judiciales ante la exigencia de formaciones como Podem o Compromís, así como de diferentes movimientos vecinales de exigir una nueva Declaración de Impacto Medioambiental (DIA).

"El proyecto a nivel medioambiental está fuera de toda duda. No se necesita una nueva DIA porque el muelle ya está hecho y, por tanto, solo queda la terminal", subraya el naviero, para quien "la ignorancia es muy atrevida" y toda esta situación "es un problema de políticos que quieren derribar el progreso". 

En cualquier caso, remarca que este bloqueo no ha llevado a un replanteamiento sobre la inversión en el seno de la compañía, con sede en Suiza, porque son conscientes de su importancia para atender el crecimiento de la demanda y de tráficos en el recinto portuario valenciano. "Es cierto que al Gobierno no lo entendemos, pero nosotros intentamos transmitir en Ginebra tranquilidad", insiste. Tampoco se han planteado acciones legales, pese a los "graves perjuicios económicos" que este escenario de incertidumbre les genera. 

De hecho, el empresario cree que su aprobación está cada vez más cerca y tiene "una sensación positiva" propiciada por ese compromiso del Gobierno y también por cierta presión por parte de Bruselas para que se acelere el proceso. "La terminal va a ser 100% eléctrica y automatizada con cero emisiones y con la ventaja de que permitirá más transbordos y mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial. Es un bien necesario", defiende.

Impuesto europeo 

Por otro lado, MSC muestra su preocupación por la inminente entrada en vigor, el 1 de enero de 2024, de una tasa europea que gravará las emisiones en base a la ruta del buque en territorio europeo. Un impuesto que, según advierte, llevará a muchas compañías a desviar sus rutas hacia otros recintos que no lo instauren, generando competencia desleal y pérdida de movimiento de contenedores en suelo europeo.

Así, estiman que tendrá un coste añadido de 300.000 euros por escala de barco, provocando una caída de dos puntos en el PIB de España porque muchas compañías reorganizarán sus operativas. A nivel empleo, MSC señala que están en juego 110.000 puestos de trabajo."Esto provoca una pérdida de competitividad enorme. No hay unas reglas del juego claras a nivel global y muchos se irán a puertos sin este impuesto como serán los del norte de África", lamenta la compañía, que concentra el 54% de todo el tráfico marítimo del Puerto de Valencia.