CASTELLÓ. La cúpula de la ya extinta patronal de Castellón ha pasado esta semana por el banquillo de los acusados en un caso de presunta apropiación indebida por los impagos de la organización de unos cursos de formación. El caso, que quedó visto para sentencia el pasado miércoles, juzgó tanto al que fuera presidente de la Confederación Empresarial de Castellón (CEC), José Roca, como al secretario general de la patronal, Rafael Montero, y al responsable de Formación de la entidad, José Antonio Espejo.
Así, los tres acusados se enfrentan a un presunto delito de malversación o apropiación indebida, y a la petición de pena de cárcel de la Fiscalía que asciende a cuatro años de prisión, así como el pago de los 190.000 euros que se dejaron a deber desde el año 2011. Un dinero a cargo de una subvención de la Generalitat Valenciana que esta transfirió pero que, con la CEC mediante, nunca llegó a las empresas que prestaron los cursos formativos.
Sin embargo, la caída de la que fuera organización empresarial de la provincia de Castellón no sólo dejó tras de sí este procedimiento judicial, sino que se abrió otra investigación que afectaba a la CEC y que sigue pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Castellón. Lo último que se conoce sobre el procedimiento es que en marzo de 2020, hace tres años, la Audiencia emitió un auto confirmando las acusaciones por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como de falsedad documental.
En concreto, este segundo caso investiga el supuesto desvío de 1,8 millones de euros por parte de la empresa Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC, para celebrar unos cursos de formación que, presuntamente, nunca se celebraron. Circunstancia que hizo que desde el Consell se solicitase la devolución del dinero. Ante los indicios, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Nules abrió una investigación por la que en marzo de 2018 dictó auto de procesamiento contra la propia CEC, su secretario general -Montero-, el director de Formación -Espejo-, la patronal autonómica Cierval y tres empresarios involucrados.
Los encausados recurrieron la apertura del procedimiento abreviado pero la Audiencia Provincial rechazó los recursos. Hay que recordar que uno de los empresarios investigados en este caso, Rufino Martínez, llegó a reconocer en su declaración judicial que una familiar "confeccionó las facturas falsas y que los cursos nunca fueron impartidos por él", según señaló la propia Audiencia en ese auto, que data de 2020.
El empresario declaró ante el juez que "las facturas libradas fueron abonadas a sus emisores desde la Confederación de Empresarios de Castellón". Todo pese a que los cursos en cuestión "no se iban a impartir ni habían sido incluidos como docentes en el programa", según constataron los diferentes magistrados instructores del caso. Lo cierto, en este sentido, es que hasta el momento no se han encontrado pruebas de dónde acabó el dinero supuestamente desviado.
Por el momento, en el último auto los magistrados de la Audiencia Provincial reconocían que en la fase de instrucción del caso se habían recogido "los distintos extractos de cuentas, transferencias, titulares de cuentas, y demás operaciones bancarias que reflejan la disposición de los fondos de subvención a fines distintos de la formación a la que iban destinados". Pero el mismo escrito deja expresamente clara "la falta de justificación documental por los investigados del destino de los fondos recibidos".
El juzgado abrió la investigación sobre el caso del fraude en los cursos de formación hace unos siete años aproximadamente, en julio de 2015. Con todo, la instrucción llevada desde entonces ha sido prolongada, y el juzgado declaró la complejidad de la causa por "la gran cantidad de investigados" y la necesidad de someter al análisis de los peritos la abundante documentación recabada. Además de que la dilación en la tramitación del procedimiento se ha visto agravada por la precariedad de medios personales y materiales con la que trabajaba el juzgado, tal como se denunció desde el mismo.
Los recursos también han retrasado el caso. En 2018, la Audiencia dictó auto de procesamiento, que recurrieron los investigados. Tras pedir nuevas diligencias al juzgado nulense, la Audiencia resolvió los recursos en 2020 y dictó el procedimiento abreviado de la causa. Así, el caso está pendiente de vista oral en la Audiencia Provincial de Castellón siete años después de que se iniciaran las pesquisas.