CASTELLÓ. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratifica la condena de dos años de prisión por un delito de apropiación indebida a los exdirigentes de la extinta Confederación de Empresarios de Castelló por destinar 190.770 euros vinculados a cursos de formación "a fines distintos" a los que estaban dirigidos, para "beneficio propio o de la Confederación de Empresarios de Castellón que representaban".
La sentencia, emitida por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, desestima los recursos de apelación presentados por el expresidente de la CEC, José Roca; el exsecretario general, Rafael Montero; y el exjefe del departamento de Formación de la patronal, José Antonio Espejo, y confirma el primer fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón. Los acusados tienen todavía la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El tribunal, por su parte, acepta el recurso de apelación de la antigua CEC.
El fallo confirmado, además de los dos años de cárcel, incluye el pago en indemnizaciones de 191.040 euros a los tres centros de formación que impartieron el curso y no recibieron la subvención. Concretamente, 131.520 se deben abonar a Multioficios Formación SL; 31.200 a Espinós i Paradís SL y 28.320 a Audio Gil- Asimismo, el TSJ impone el pago mancomunado de las tres cuartas partes de las costas entre las tres personas condenadas.
A falta de la casación del Supremo, el proceso judicial contra la excúpula de la CEC se acerca a su final tras iniciarse la investigación en 2015, un hecho que supuso un terremoto en la patronal, que posteriormente entró en concurso de acreedores y desapareció. El empresariado provincial decidió entonces crear una nueva patronal de la mano de la CEV valenciana.
La sentencia explica como hechos probados el uso para una finalidad diferente a la prevista de parte de una subvención pública que recibió la CEC en 2011 para un plan de formación. El antiguo organismo de empleo del Consell (Servef) había concedido 12 millones a la también extinta patronal autonómica (Cierval) para un programa formativo, a gestionar por las patronales provinciales. A la CEC le correspondían 3,1 millones.
Posteriormente, se comprobó que en la parte de la CEC algunos cursos impartidos no fueron abonados a las entidades privadas que los realizaron. El importe no sufragado ascendía a los 190.770 euros y, según el fallo, los tres acusados dispusieron de esta cantidad que estaba ligada a cursos de formación para dirigirla "a fines distintos del pago a los importadores de los cursos de formación y en beneficio propio o de la Confederación de Empresarios de Castellón que representaban".
Eran 18 facturas de las entidades formativas de Multiusos Formación, Espinós y Paradís y Audio Gil.
