CASTELLÓ. Y al fin, llegó el día. La industria cerámica ve poco a poco la luz al final del túnel de las ayudas del Gobierno central a los sectores gasintensivos como el azulejero. Una línea de subvenciones de 450 millones de euros anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace casi un año y que está dirigida a las grandes consumidoras de gas natural que se vieron afectadas durante 2022 por la subida de la energía a raiz de la invasión rusa de Ucrania. Del total, el azulejo de Castellón percibirá 71,4 millones de euros, una cuantía que el sector considera "insuficiente".
Así consta en la propuesta de resolución provisional de estas ayudas emitida este martes por la secretaría general de Industria y de la Pequeña Empresa del Ministerio de Industria, según la cual de los 450 millones de euros repartidos entre 448 empresas de 35 sectores diferentes, la industria de la Comunitat Valenciana recibirá más de 94,5 millones dirigidos a 129 compañías. Y de ellos, la mayoría corresponden al clúster del azulejo castellonense, sector especialmente impactado por los elevados costes del gas durante el año pasado y que está representado en la resolución por 74 empresas azulejeras, tanto fabricantes baldosas cerámicas y atomizadoras como del sector de las fritas y esmaltes.
Así pues, en el listado se recogen 60 firmas fabricantes de azulejo implantadas en la provincia de Castellón donde destacan Porcelanosa, con más de 5 millones de euros de ayuda; Bestile, con más de 3,8 millones; y Argenta, con casi 2,9 millones. Les siguen otras como Euroatomizado (propiedad de Grespania), Colorker, Baldocer, Equipe, o Keraben, que recibirán entre 2,1 y 2,6 millones cada una.
Por otra parte, también hay 14 beneficiarias provisionales del subsector de los colorantes, fritas y esmaltes, donde cabe resaltar con diferencia a Colorobbia, que percibirá más de 5,3 millones de euros, y a Torrecid, con casi 3,7 millones. Un listado en el que también están otros como Smalticeram, Esmalglass o Vidres, con 1,1 millones de euros, un millón y 900.000 euros respectivamente.
La orden que regía en la convocatoria preveía dos líneas de ayuda a las compañías. Por una parte, una ayuda de la mitad de los costes subvencionables hasta 4 millones de euros por grupo. Y por otra, una subvención del 40% de los costes hasta un máximo de 25 millones de euros en el caso de que la empresa demostrara una merma de al menos un 30% en su Ebitda (beneficio antes de impuestos e intereses) respecto a la situación previa a marzo de 2022.
Hay que recordar que, entre gas y electricidad, la factura energética del sector en 2022 ascendió a 1.683 millones de euros, un 79% más que en 2021. Esto implica que la industria azulejera destinó tres de cada diez euros de su facturación a pagar costes energéticos. En ese sentido, el azulejo consume en torno al 10% del gas industrial de toda España y teniendo en cuenta el listado provisional de las ayudas, percibirá cerca del 13% del total, por lo que la subvención al sector está por encima de su consumo relativo.
Aunque la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, consideró este miércoles que se trata de "un paso significativo para asegurar la sostenibilidad económica y la continuidad de la producción en el sector cerámico" y que es "el mayor apoyo jamás visto" a la cerámica "en contraste con situaciones anteriores de crisis y diferentes gobiernos que nunca dotaron de recursos significativos para asegurar la viabilidad de la industria azulejera", en el sector lo ven bastante diferente.
Además de la lentitud en la articulación de las ayudas ante la asfixia y la caída de demanda del sector azulejero, el sector carga contra la insuficiencia de fondos: "Como venimos defendiendo desde que se anunció la línea de ayudas en diciembre de 2022 se trata de una cuantía insuficiente, más si se compara con las ayudas concedidas en otros países de la UE dentro del mismo marco temporal", explicaban este miércoles en la patronal azulejera Ascer.
La asociación empresarial critica también que la cuantía asignada a las empresas "presenta una minoración aproximada del 30% respecto de la cantidad máxima a recibir si se hubiese dotado el programa con fondos suficientes". Datos que confirma el propio Gobierno, según el cual se ha atendido el 72% de las necesidades expuestas por todas las empresas. Por su parte, en la patronal del sector de fritas y esmaltes Anffecc también mostraron su insatisfacción: “Sabíamos que los 450 millones de este paquete era una cifra escasa, más aun teniendo en cuenta lo que han recibido nuestros competidores directos como Italia o Portugal".
Pero además, las asociaciones empresariales insistieron en lo que han venido alertando desde que se anunciaron las ayudas: la Ley de Subvenciones supone un obstáculo al exigir que las compañías beneficiarias de subvenciones cumplan con un plazo de pago a proveedores de 60 días, una condición que en las actuales circunstancias es muy complicada de cumplir para muchas firmas azulejeras. Ascer recordó que en sectores con un alto grado de internacionalización como el cerámico, "la mayoría de las operaciones exceden los 60 días". En el caso del azulejo, el 75%.
Y en Anffecc señalaron que en su sector "ha habido empresas que no han solicitado" las ayudas. Ahora, subrayaron las que sí lo han solicitado deben "analizar su situación y determinar si van a poder ponerse al corriente en el pago a proveedores en el plazo de seis meses desde que perciban la ayuda, con el fin de determinar la conveniencia de seguir adelante o no con las mismas, o si quieren realizar otras alegaciones".
Al conocer la resolución provisional de las ayudas, la presidenta provincial del PP de Castellón y presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, reivindicó "ambición frente a limosnas". Así, consideró que los 70 millones en ayudas es "una cantidad pírrica si se atiende a las 90 firmas que solicitaron estos fondos anunciados por el PSOE en diciembre de 2022 y que pasados diez meses se traducen en ruina". "Y no vamos a permitirlo", aseveró.
Para Barrachina, "es un día triste porque se materializa la falta de compromiso del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez hacia el fortín económico de nuestra provincia, cuna de la excelencia cerámica", y señaló la resolución como una "dramática noticia" para el sector "que no solo afecta de plano a más de 70.000 familias empleadas de forma directa, indirecta o inducida en el sector".
