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Nuevo impuesto y más control a las emisiones: los próximos retos 'verdes' de la industria cerámica

Foto: ANTONIO PRADAS
31/03/2023 - 

CASTELLÓ. La sostenibilidad se ha revelado como uno de los principales objetivos impulsores en el proceso de transformación industrial de los próximos años. Las directivas fijadas por la Unión Europea y las normativas españolas y valencianas ponen cada vez más deberes 'verdes' a la economía, a la industria en general, y en concreto a la industria cerámica, con especial penetración en la provincia de Castellón. Así, desde un nuevo impuesto hasta la imposición de un mayor control y de requisitos para hacer más sostenibles los modelos productivos y cadenas de suministro son algunos de los retos a los que se enfrenta el clúster cerámico en los próximos tiempos.

Este jueves se presentó un estudio pionero sobre la hoja de ruta europea de sostenibilidad y el impacto normativo que la misma tendrá en el tejido empresarial de toda la Comunitat en los próximos años y que, impulsado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y que ha sido elaborado por la empresa valenciana especializada en digitalización y sostenibilidad corporativa, Ângela Impact Economy (ÂIE).

En ese sentido, fuentes de la compañía explicaron a Castellón Plaza que uno de los principales cambios normativos que entrará en vigor en los próximos años es un nuevo impuesto a las emisiones contaminantes. Un gravamen que, incluido en la nueva legislación valenciana, entrará en vigor previsiblemente en 2025 y repercutirá de manera especial en el sector cerámico debido a la morfología de su sistema de producción, cuya electrificación y descarbonización todavía no se ha generalizado. El impuesto gravará las emisiones de gases de efecto invernadero huella de las empresas.

Esto entrará en vigor de manera paralela a otras disposiciones europeas, como la directiva de sostenibilidad para las empresas, que también obligará a las grandes compañías -de más de 250 empleados y 40 millones de euros de facturación- a tener que reportar una información detallada y exhaustiva sobre su huella de carbono. Una rendición que ya se hace de manera más somera en los informes adjuntos a las cuentas anuales pero que a partir de ahora deberá ser mucho más riguroso, incluyendo incluso el impacto medioambiental de proveedores, logística y otros procesos de la cadena de producción.

En ese sentido, las firmas también deberán incluir un apartado para exponer qué inversiones están realizando para mejorar la sostenibilidad de la producción y reducir la huella de carbono para contribuir al desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, deberá incluirse información acerca de cuántos productos ofertados por una compañía son sostenibles.

También a nivel europeo y estatal se ha impulsado normativa sobre la diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa, otra norma que obligará al tejido productivo a una mayor responsabilidad para con su cadena de suministros. Así, las grandes compañías -de más de 500 empleados- deberán fijar requisitos sostenibles que condicionarán la contratación con proveedores, un sistema que implicará también una supervisión sobre ellos. Algo especialmente relevante en un sector, el de la cerámica, cuyas materias primas tienen un relevante impacto medioambiental, normalmente lejos de los centros de producción.

La sostenibilidad condicionará la financiación

El estudio fue presentado en la sede de la confederación en Castellón, donde su vicepresidenta, Mónica Boix, pidió a las Administraciones Públicas “que actúen como un agente facilitador y promotor del desarrollo sostenible y, más, teniendo en cuenta la complicada coyuntura en la que trabajamos y competimos”. En ese sentido, reclamó que se escuche al tejido productivo, se eviten duplicidades normativas, se apliquen plazos realistas, se elimine carga burocrática y se apueste por la colaboración público-privada.

En el caso de Castellón, su economía está claramente marcada por la fuerte presencia de empresas del sector azulejero, que ya están trabajando para hacer frente a los nuevos retos regulatorios. En ese sentido, Raúl Mir, el CEO de Angela Impact Economy, ha destacado que el impacto financiero será uno de los más potentes y “se traducirá en un corto y medio plazo en las posibilidades de la empresa de acceder de la financiación en función de su sostenibilidad”.

Así, las empresas más sostenibles, o que presenten un plan de transición más robusto, tendrán más posibilidades de acceder a la financiación y con mejores condiciones, aseguró. "A largo plazo, la integración de la sostenibilidad de una empresa podrá condicionar su rentabilidad, ayudándole a proteger su cuota de mercado y reducir los costes relacionados con estos riesgos identificando un riesgo probable y desarrollando estrategias para minimizar las consecuencias en términos de sostenibilidad", explica en un comunicado.

Además, sostuvo que las empresas tendrán impactos operativos vinculados a la transformación y transición de los modelos productivos empresariales hacia su sostenibilidad. En este caso el foco estará principalmente en los siguientes aspectos: reducción de emisiones, eficiencia energética, circularidad de sus productos y gestión de recursos, aspectos que impactan enormemente a las empresas de la provincia, fuertemente especializadas en la producción de cerámica, azulejos, fritas y esmaltes.

El 'compliance'

En el área de compliance, la normativa que regula la sostenibilidad corporativa a nivel europeo acaba de modificarse para darle un gran impulso. En los próximos años las empresas verán aumentadas significativamente sus exigencias de información, dos de las principales novedades son, la estandarización de la información, que permitirá comparar el desempeño de la sostenibilidad entre empresas, y la ampliación de la información a toda la cadena de valor y la cadena de suministro. En el caso de las pymes la exigencia no será directa por la normativa de información no financiera, como en el caso de las grandes empresas, pero les será exigida indirectamente en su relación con otras empresas en su papel de proveedoras.

También se verán sometidas a un aumento del nivel de exigencia en los sistemas de gobernanza empresarial en lo que respecta a las competencias ESG del liderazgo, la sostenibilidad de la cadena de valor y la capacidad de gestión de datos vinculados con la sostenibilidad.

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