La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se ha personado en la última investigación que –por el momento– queda viva en los tribunales sobre la gestión de su Conselleria en el caso del abuso por parte de su exmarido a una menor tutelada. Así, ha presentado un recurso de reforma contra las resoluciones iniciales del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia en las que, entre el pasado junio y octubre, se abrieron diligencias y se acordaron nuevas.
Hasta ahora se han producido dos pronunciamientos judiciales sobre este asunto, derivado de la condena a cinco años de cárcel a Luis Ramírez y en cuyas sentencias tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana criticaban la desprotección de la víctima por parte de la Generalitat. Uno de ellos fue el del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que recientemente decretó el sobreseimiento provisional de la causa abierta a raíz de una denuncia de la menor, ahora mayor de edad y cuya defensa ejerce el líder de España 2000, José Luis Roberto.
Ésta se dirigía contra la directora del Centro de Acogida Niño Jesús, lugar donde ocurrieron los abusos; la psicóloga de la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad que atendió a la menor; y otras dos funcionarias del departamento. A todas les atribuía omisión del deber de perseguir delitos, delito contra la integridad moral, abandono de menor necesitada de especial protección, prevaricación, denegación de auxilio y encubrimiento. Asimismo, mencionaba la posibilidad de que el parentesco de Oltra y el acusado hubiera influido en esta forma de actuar.
El juzgado pidió a la Fiscalía que informara sobre la procedencia de iniciar una investigación, pero la respuesta fue negativa. De manera que el juez se pronunció en los mismos términos. El argumento principal fue que consideraba que todavía no se encontraba suficientemente probada la responsabilidad de los cargos de Igualdad denunciados porque la sentencia condenatoria de los abusos no es firme y no existe un relato de hechos consolidado sino provisional.
La otra resolución fue la del TSJCV, que en mayo desestimó una querella presentada por la exdirigente de Vox en la provincia de Valencia Cristina Seguí contra Oltra y otras ocho personas de la Conselleria de Igualdad. Aunque se declaró competente para estudiarla al estar aforada la vicepresidenta, la rechazó porque, en su opinión, no se aportaban indicios de que ésta pudiera haber dado orden al resto de querellados para que llevasen a cabo actuaciones tendentes a proteger" a su exmarido. Aún así dejaba una puerta abierta. Los magistrados indicaban que la investigación tendría que desarrollarse en un juzgado de Instrucción ordinario para que éste expusiera al TSJCV los elementos concretos que habrían de dirigirse contra Oltra.
La defensa de Seguí, que realiza el despacho Delgado Abogados, volvió a presentar entonces la querella en el juzgado de Instrucción. En ella atribuye a la vicepresidenta del Consell y a ocho cargos de Igualdad varios delitos: contra la integridad moral por un "trato institucional degradante" hacia la menor; encubrimiento y obstrucción a la justicia por la "apertura de un expediente parajudicial extemporáneo" para "sustraer al marido de la consellera de la acción de la justicia"; prevaricación por la "toma de decisiones injustas a sabiendas" de ello; y malversación de caudales públicos por el "perjuicio sufrido por el patrimonio público derivado de la existencia del expediente parajudicial instruido contra la menor y de los medios empleados para el mismo". Algo que, sostienen, fue por orden de Oltra.
El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia la admitió a trámite en junio y abrió una investigación que, en todo caso, no se puede dirigir contra la vicepresidenta de la Generalitat al estar aforada. Sin embargo, tras tener traslado de la querella por parte del juez el 16 de noviembre, ha decidido personarse y recurrir.
En el escrito expone el "falso e ilegítimo interés" de Seguí, sobre la cual remarca la "manifiesta, pública y notoria animadversión" hacia Oltra, que demuestra en las "auténticas e injustificadas barbaridades" que manifiesta sobre ella en las redes sociales. En este sentido, adjunta pantallazos de Twitter y recuerda que por estas pruebas "y unas cuarenta actuaciones más" la exdirigente de Vox está citada a declarar por los delitos de calumnias e injurias en la querella presentada contra ella por la vicepresidenta ante el juzgado de Instrucción número 12.
El abogado de la responsable de Compromís también menciona la condición de aforada de Oltra, con lo que el juzgado habría de inhibirse si no sobresee la investigación. Igualmente, hace hincapié en la inexistencia de sentencia firme y de infracción penal. En este sentido, afirma que no hubo "instrucción parajudicial" por parte de la Conselleria, ni extemporaneidad de los informes aportados, ni inadecuación e ilegalidad de los informes psicológicos de la menor.
"NO HAY FINALIDAD O INTERÉS DE EXCULPAR A LA PERSONA DENUNCIADA. ANTE EL CONOCIMIENTO DE UNA POSIBLE DENUNCIA POR ABUSOS SEXUALES A UNA MENOR, LA ADMINISTRACIÓN (COMO NO PUEDE SER DE OTRA FORMA) ABRE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO"
"No hay finalidad o interés de exculpar a la persona denunciada. La realidad de los hechos es mucho más sencilla, entendible y justificada. Ante el conocimiento de una posible denuncia por abusos sexuales a una menor, la administración (como no puede ser de otra forma) abre expediente administrativo para tratar de esclarecer cuáles son las circunstancias de los hechos, tomar las medidas adecuadas de protección a la menor y tratar de corregir o mejorar a futuro actuaciones administrativas si ello es posible. Si en algún momento se recoge que se pueda tratar de información reservada, lógicamente va referido a la especial sensibilidad y protección de los datos tratados, puesto que afecta a menores de edad, y se está tratando de la posible comisión de delitos. En ningún caso son datos secretos, ni se protege a nadie que no sea a la posible víctima, pero son datos sobre los que hay que extremar su cuidado por afectara la privacidad de personas vulnerables", defiende.
Para ello, aporta diversa documentación, como la resolución del 8 de agosto de 2017 de la subdirectora general de Infancia y Adolescencia solicitando apertura de expediente informativo o la instrucción del 11 de agosto del subsecretario de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la que se insta a que se atiendan todas las peticiones que se formulen por la Fiscalía –como fueron el traslado de la menor de centro–.
También el escrito del 14 de agosto del Servicio de Infancia y Adolescencia de la Conselleria en el que se detallan las actuaciones realizadas en febrero de ese año y por qué no se consideró necesario realizar más, además de la confirmación del traslado de centro de la menor, que "no se efectuó para perjudicar a la menor, sino tras los numerosos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal". Igualmente, acompaña el escrito remitido a la Fiscalía sobre la existencia y el contenido del Informe del Instituto Espill respecto de la menor –el cual no le otorgaba credibilidad en la denuncia de abusos sexuales–.
En este punto, el abogado de Oltra defiende que se trata de una "entidad acreditada y reconocida internacionalmente" en la atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales y que en toda la actuación de la Conselleria no se produjo prevaricación ni malversación.
Después del recurso, la defensa de Cristina Seguí se ha opuesto a él y ha ampliado su querella contra dos cargos más de la Conselleria. De un lado, niega la existencia de animadversión alguna hacia Oltra y argumenta la legitimación activa para presentar la querella.
También señala que la condición de aforada de Otra es conocida por el juzgado y por las partes, de modo que comparte la inhibición del juzgado en favor del TSJCV para que la investigue. Así, recuerda que en su pronunciamiento de la desestimación de la querella, los magistrados afirmaron que "cuando el juzgado de Instrucción recabe los suficientes elementos objetivos que puedan justificar su posible imputación", eleve la correspondiente exposición razonada.
De otro lado, el escrito de la exdirigente de Vox valora que los documentos presentados por Oltra "arrojan una inmensa luz sobre los hechos objeto de la presente instrucción y sobre su secuencia temporal". Primero, cita que, como la vicepresidenta de la Generalitat dijo en Les Corts, el 4 de agosto de 2017 conoció la existencia de los hechos por los que su marido ha sido condenado y la apertura de un procedimiento penal al respecto tras recibir en su domicilio una notificación. A partir de ahí, dio instrucciones "en el sentido de recabar información".
El 8 de agosto, la directora General de Infancia y Adolescencia manifiesta que ha tenido conocimiento verbal en ese día de las declaraciones de una niña del centro Niño Jesús relativas a unos posibles abusos por parte de un educador. Algo que ya investigaba la Fiscalía. Pese a ello, "en absoluto y burdo desprecio a la legalidad y en la más absoluta consciencia de la antijuridicidad de lo realizado, se ordena la apertura de un expediente administrativo", comenta la defensa de Seguí.
"LA NOTICIA VERBAL INICIADORA DE LA INSTRUCCIÓN PARAJUDICIAL DE LA CONSELLERIA NO PUEDE PROCEDER SINO DE LA SEÑORA OLTRA"
Para la defensa de Seguí, sin embargo, esas instrucciones son "las que derivaron en la instrucción parajudicial" por parte de la Conselleria "con el objeto de construir una imagen distorsionada de la víctima, de denigrarla y hacerla pasar por una mentirosa y una perturbada, cuando en realidad es todo lo contrario". Y dicha noticia verbal iniciadora y fundamento del acto "no puede proceder sino de la señora Oltra", aseguran. Todo ello, añaden, para –indiciariamente– "encubrir a la pareja sentimental de la persona que dirige la Conselleria en la que se ubican todos estos hechos, así como obstruir la acción de la justicia". Algo que creen que se demuestra en el hecho de que en el expediente se ocultaron los datos del exmarido.
Ahora, el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia habrá de decidir si sigue adelante con la investigación y llama a declarar a los cargos de la Conselleria de Igualdad o la causa acaba acumulada en Instrucción 15 como parece previsible. Una vez derivada aquí, el interrogante sigue siendo el mismo. Si continúa con el criterio mantenido en el archivo de la denuncia de la menor, también sobreseerá esta porque la sentencia del ex de Oltra todavía no es firme.
Su defensa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, la última bala que le queda. Éste puede admitirlo al apreciar interés casacional y pronunciarse al respecto en un periodo de tiempo largo que podría abarcar más de un año o no admitirlo (decisión que tendría lugar con anterioridad). Aun así, queda la incógnita de si lo que diga el TS tendría lugar antes o no del pronunciamiento del juzgado de Instrucción.
