Oltra, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell de este viernes. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha insistido en que no dimitirá tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la cita como imputada por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. "Soy coherente y lo seguiré siendo. Es una postura ética, estética y política, no personal", ha asegurado la vicepresidenta.
Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, en la que ha valorado su investigación. La vicepresidenta ha usado como argumento una de las líneas del auto del TSJCV que indica que no existe "prueba directa" contra ella, y ha expresado que ello define el escrito del tribunal.
Ese mismo auto, sin embargo, añade a continuación que el conjunto de pruebas sobre el asunto son indicios suficientes contra ella porque cree que existió "un concierto entre Oltra y diversos funcionarios" a su cargo para, o bien beneficiar la situación procesal de su exmarido, "o sencillamente tratar de proteger la carrera política" de la aforada, "aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad".
Estas cuestiones se responderán en sede judicial porque otra cosa sería una temeridad", ha remarcado Oltra al respecto. Aunque sí ha considerado que el hecho de que haya un concierto entre todas estas personas –en referencia a los funcionarios investigados– es "difícil". "Mi trayectoria siempre se ha basado en oponerme a las injusticias y en defender a la gente que más lo necesita", ha comentado.
La vicepresidenta del Consell ha insistido en que este proceso se debe a una cacería de la extrema derecha pese a los seis pronunciamientos judiciales que critican la gestión del departamento que dirige. Así, ha hecho mención específica a que el abogado de la chica abusada es el líder del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto. "Esta gente no puede ganar. Es una cuestión política de defensa democrática, porque si me lo hacen a mí se lo pueden hacer a cualquiera", ha indicado Oltra.
Del mismo modo, ha rechazado que este caso sea equiparable a las exigencias que ella hacía al PPCV y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en su etapa en la oposición antes de 2015: "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa".
La vicepresidenta de la Generalitat, quien ha asegurado que se siente respaldada por sus compañeros de Gobierno, ha respondido a preguntas de los medios que es "obvio" que está capacitada para ser portavoz del Consell, que Puig no se ha dirigido a ella para pedirle la dimisión y que la situación no afecta al Ejecutivo autonómico. "El desgaste personal es una cosa, pero el político no lo estoy viviendo así", ha afirmado.
A Puig, ha dicho, lo ha visto en el pleno y se han dado "dos besos", y si tiene que reunirse con él "seguramente será para tratar temas más provechosos para el pueblo valenciano". "Esta es una cuestión política y no voy a añadir más presión al 'president'", ha recalcado, insistiendo en que él "sabe lo que hay".
Preguntada por si contempla dimitir si es procesada, ha reiterado que "los procesos judiciales no cambian la realidad, ni sus diferentes fases", como tampoco "lo que pasó hace cinco años". "La explicación más sencilla suele ser la verdad", ha dicho en otro momento, y también ha recordado que ya fue imputada por defender al patrimonio y a los vecinos del Cabanyal de València.
En cuanto a las declaraciones de los 13 funcionarios de su departamento, Oltra ha manifestado que "dijeron que no ha existido ninguna directriz, ni ninguna interferencia y que trabajaron de una manera objetiva, independiente y profesional". Ha rechazado que estos trabajadores estén mintiendo para salvarla y ha remarcado que a muchas ni los conoce ni sabe lo que piensan ni votan ni si les cae bien o mal.
Sobre la presión que afronta en las últimas semanas y si este proceso eclipsa o afecta a la Generalitat, ha afirmado que no siente "desgaste político", que es diferente que el personal, y que se siente "más presionada" por las políticas de su departamento como acabar con la lista de espera de dependencia.
