Once asesores del PSPV en la etapa de José Martí denuncian a la Diputación por sus vacaciones

CASTELLÓ. Al menos 11 de los 19 asesores del PSPV en la etapa de José Martí como presidente denuncian a la Diputación Provincial por las vacaciones de 2023. Los afectados reclaman las cantidades correspondientes a los días acumulados (unos 15) por el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 5 de julio, fecha del cese oficial como personal eventual al producirse la toma de posesión de la nueva corporación.

Estas demandas obedecen a otros tantos recursos en los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castelló, según constata la entidad que preside Marta Barrachina (PP), tras rechazar en primera instancia la institución supramunicipal los escritos formalizados por vía administrativa a propósito de los finiquitos. Los demandantes, cuyas vistas están programadas a partir de febrero, reivindican el derecho a percibir una suma por no haber podido disfrutar del descanso que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Ese importe varía en función de la categoría profesional. Sin embargo, los servicios jurídicos de la casa discrepan y se amparan en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para rechazar las solicitudes.

Lo que dice la ley del empleado público

Según explican abogados laboralistas consultados, el artículo 50 de la Trlebep especifica en su apartado 3 que "el período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica [...]". El mismo articulado recoge que "[...] en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas".

Las mismas fuentes matizan que el hecho de que la Diputación se acoja a este punto de la Trlebep, que equipara al personal eventual con el funcionariado, no significa necesariamente que el juez o la jueza vaya a fallar en contra de los intereses de los recurrentes. Dicho de otra manera, que la entidad provincial vaya a tener garantizada una sentencia favorable.

Hasta 19 asesores entre presidencia, gobierno y grupo

En la anterior legislatura, el Partido Socialista contó con 19 asesores entre presidencia, gobierno y grupo. Los demás hasta completar los 27 (el máximo autorizado según el número de diputados) se los repartieron entre el PP (cuatro), Compromís (tres) y Ciudadanos (uno). Todos causaron baja el 5 de julio. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el dictamen de cese el 1 de julio, en el que se incluyó la relación de puestos de trabajo.

El acto de investidura de la nueva corporación tuvo lugar ese día 5 de julio, en el que el Partido Popular escenificó su regreso al gobierno después del paréntesis de cuatro años del anterior mandato. La toma de posesión se celebró más de un mes después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La constitución de los nuevos Ayuntamientos y su ratificación por parte de la Junta Electoral dilataron el pleno de la Diputación. También condicionó la negociación autonómica entre el PP y Vox para proclamar a Carlos Mazón como president.