VALÈNCIA. Un total de once extrabajadores de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa han alcanzado una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y han reconocido los hechos de los que se les acusan durante el juicio de la pieza de los zombis de Divalterra, dentro de la macrocausa de Taula. Hasta 26 personas se sientan en el banquillo por esta investigación, centrada en empleados de estas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.
Entre los acusados figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; el que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis; y varios exdiputados provinciales, como el que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio
(destituido tras su supuesta implicación en otro caso, Azud).
La instructora abrió juicio por delito de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.
Los extrabajadores han declarado este miércoles para admitir los hechos, lo que complica la defensa del resto de acusados. El primero ha sido José Estarlich, considerado como testaferro de Benavent pero que ya declaró voluntariamente en el juzgado en su momento. "Trabajé cuatro meses en Imelsa, pero era una pantomima que teníamos montada. Cobré 14.440 euros que he devuelto por estas labores", ha afirmado.
Así, ha señalado que conoció a Benavent previamente, el cual, debido a una situación difícil a nivel personal por la que estaba pasando, intentó ayudarle. "Me contrató para tener algo de dinero y lo aprovechamos para gestiones particulares mías y de él", ha explicado.
A continuación, ha intervenido Miguel Ángel Mullor, futbolista del Olímpic de Xàtiva en aquel momento, cuando Alfonso Rus presidía el club. "Fui contratado por él para trabajar en Imelsa. Tenía contrato en el club y pasé a cobrar de Imelsa mientras jugaba en el Olímpic", ha indicado. Aunque en teoría tenía que asesorar a un diputado del PP, ha dicho que nunca lo hizo y que ni siquiera lo conoció. También ha devuelto todo el dinero (57.325 euros).
Raúl Ángel Balufo también ha reconocido los hechos. "Fui contratado para trabajar en Imelsa, pero no desarrollé ningún trabajo. Me contrató Emilio Llopis. Me dijo que iba a ser su asesor pero no lo asesoré. He devuelto 67.000 euros de los 83.000 que cobré", ha comentado.
Manuel Gómez Pérez, por su parte, ha apuntado que fue contratado en Ciegsa porque se encontraba en paro a los 60 años y pidió trabajo a todo el mundo que conocía. "Repartí currículum a mucha gente, incluyendo a Alfonso Rus. Al poco tiempo me llamaron a través de Emilio Llopis. Estuve en Ciegsa y mostré mi disposición para trabajar, pero de donde me mandaban las tareas era de la sede del PP de Valencia. Trabajé para el PP pero cobraba de Ciegsa. He devuelto casi 10.000 euros. Me comprometo a devolver el resto", ha asegurado.
Otra exempleada, Eva Luisa Sarrión, ha detallado que fue contratada por Marcos Benavent para trabajar en Imelsa pero no ejerció labor alguna y ya ha devuelto el dinero.
El caso del empresario José Adolfo Vedri fue diferente. "Imelsa le debía a La Gráfica (su empresa) una serie de trabajos que no habían pagado. Le pedí a Marcos que me resolviera el pago de esa deuda, pues era un momento difícil en plena crisis. Me propuso compensar con las nóminas de 4 meses de dos trabajadores para liquidar la deuda", ha declarado en el juicio. Ambos empleados han corroborado estas afirmaciones y Vedri ha señalado que ya ha devuelto el dinero de esos sueldos.
Por su parte, Raúl Pardos ha remarcado que le hicieron llegar un certificado para decir que un trabajador era asesor suyo. "Al principio me negué porque no sabía que estaba adscrito a mí y luego cometí el error de rubricarlo. Yo tenía conocimiento de que no trabajaba para mí en el grupo socialista", ha dicho.
Juan Sanchis ha comentado que firmó un contrato de alta dirección con Ciegsa porque le contrató Caturla pero "nunca" ejerció estas labores y cobró por ellas. Ante las contradicciones entre este testimonio y el que prestó ante el juzgado y ante Les Corts –donde detalló todos sus cometidos en Ciegsa y cómo los desarrollaba–, ha explicado que aquello "no se correspondía con la realidad" pero que lo hizo porque fue su abogado el que le "aconsejó".
Una situación llamativa se ha producido con Antonio Gil, quien había llegado igualmente a una conformidad con la Fiscalía, pero se ha equivocado en su declaración al afirmar que sí había ejercido sus labores en Ciegsa como alto directivo y cumplió con su trabajo. Posteriormente, su letrada ha pedido que volviera a declarar porque sus manifestaciones anteriores las había hecho en un momento de obcecación. En la segunda intervención, ha apuntado que, aunque al principio trabajó en Ciegsa año y medio, luego lo hizo en la sede del PP, donde "seguía las instrucciones de Ricardo Costa o alguno de los que estaban allí".
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