CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Orpesa se ha adherido a la declaración institucional realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que reclama al Gobierno central, entre otras medidas, que los consistorios puedan utilizar el 100% del remanente para la reactivación económica y el fomento del empleo del municipio. En el caso de Orpesa, ese superávit es de 26 millones de euros, según ha indicado la alcaldesa, María Jiménez.
La primera edil ha declarado a través de un comunicado que “estamos viviendo una situación de excepcionalidad y, por ello, reclamamos al Gobierno medidas extraordinarias, como la flexibilización de la regla del gasto”, y ha añadido que, en estos momentos tan duros, “ese dinero es necesario para adoptar iniciativas que permitan reconstruir el municipio”.
Pese a que Orpesa tiene una situación financiera favorable, la legislación actual -la denominada ley Montoro- obliga a los ayuntamientos a destinar los fondos del remanente a la reducción de la deuda municipal con los bancos, pero Jiménez ha resaltado que “dadas las circunstancias habría que ser flexibles y poder utilizar el superávit a cualquier tipo de actuación para luchar contra el coronavirus”.
En este sentido, la alcaldesa ha considerado que "debe predominar la atención y la ayuda a los colectivos y personas que con más dureza van a sufrir las consecuencias de la pandemia en el plano económico, por encima de otras cuestiones como la reducción de la deuda bancaria de las administraciones locales”. Esto último, ha indicado, “puede acometerse más adelante, mientras que la ayuda a las personas afectadas es necesaria de forma inminente".
De momento, las iniciativas locales que ha tomado Orpesa para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria han sido el aplazamiento del pago de varias tasas e impuestos, como el IBI, el refuerzo de los planes de ayudas de emergencia social, que se han duplicado, y la puesta en marcha de un Plan Integral de Reactivación del Turismo.
