Page, Feijóo, Mañueco y Puig reclaman "rigor" a Sánchez para la nueva financiación

VALÈNCIA. El Foro de la Toja en Pontevedra acogió este jueves un significativo debate entre cuatro presidentes autonómicos sobre una cuestión que, en los últimos meses, ha empezado a instalarse en la agenda política nacional pese a las habituales reticencias del Gobierno de España: la reforma del sistema de financiación.

Una reivindicación que el Govern del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig -con Compromís y Unides Podem como socios- ya heredó de la última etapa del PP en el Ejecutivo valenciano, dado que el actual sistema -que perjudica en el reparto a la Comunitat- caducó en 2013. Ahora, el jefe del Consell ha puesto en marcha distintas alianzas autonómicas -Baleares y Andalucía- para exigir a su compañero de partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acometa esta reforma.

No obstante, esta movilización de Puig ya ha tenido respuesta por parte de otras Comunidades Autónomas (CCAA), concretamente las que pertenecen al llamado bloque de la España vaciada: Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura. ¿El motivo? Tanto la Comunitat Valenciana como Andalucía insisten en que se otorgue mayor peso a la población en la revisión del reparto, mientras que los otros territorios citados -mejor financiados actualmente- insisten en que se tenga más en cuenta el envejecimiento de la población y su dispersión. 

Con este escenario, Puig se enfrentaba este jueves a un debate en el citado foro a tres presidentes autonómicos -dos del PP y uno del PSOE- de este grupo: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha).

  

Indudablemente, el encuentro evidenció que existen diferencias importantes en las posiciones de los presidentes de la llamada España vaciada y el valenciano Ximo Puig, pero la cita evidenció también la capacidad de diálogo creciente que parece existir entre las Comunidades Autónomas (CCAA) en los últimos tiempos, especialmente tras los encuentros constantes en las Conferencias de Presidentes celebradas a cuenta de la gestión de la pandemia, sobre la que todos coincidieron en calificar de "responsable" el comportamiento de las autonomías.

Así, una de las conclusiones es que los presidentes autonómicos no parecen rehuir este debate y están dispuestos a abrir el melón, pero coincidieron en reclamar al Gobierno de España "rigor" a la hora de afrontarlo. Una puntualización que resulta especialmente interesante cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a presentar un primer documento para la reforma en noviembre.

Sobre esta remodelación, Feijóo comenzó su primera intervención explicando que los cuatro presidentes abordaban esta cuestión porque era "un asunto de Estado y nosotros como responsables autonómico, somos Estado también" porque, a su juicio, las cuestiones de Estado "no son sólo las que ocurren en el puente aéreo Madrid-Barcelona". Además, celebró que pudiera darse la fotografía de dos presidentes del PP y del PSOE "debatiendo tranquilamente" y adelantó que siempre habría posibilidades de acuerdo entre ellos por una marco común: "Hay dos enemigos de España: los que dicen que tenemos demasiada autonomía y los que dicen que tenemos poca", resaltó.

En su primera intervención, Puig reivindicó ese diálogo entre las CCAA sobre una reforma que no debe convertirse "en una guerra entre los territorios ni en un frente contra el Gobierno". "Podemos ayudar a esa larga conversación que necesita España después de 40 años. Sería bueno renovar los pactos autonómicos y abordar este problema y otros como la excesiva centralización o los desafíos del independentismo", señaló, para poner en valor la "cogobernanza" establecida durante la pandemia. "Las CCAA gestionamos tres de los cuatro pilares del Estado de Bienestar y debemos aspirar a prestar los mejores servicios públicos y evitar las asimetrías que ahora existen", subrayó.

Por su parte, el también socialista García-Page fue el más directo a la hora de presentar el problema. "Es bastante más sencillo que nos pongamos de acuerdo los presidentes autonómicos que que se pongan de acuerdo en el Congreso", criticó, llegando a plantear la posibilidad de celebrar una Conferencia de Presidentes que no estuviera organizada por el Ejecutivo central, que a su juicio se beneficia del "caos autonómico". "Cada año que no se arregla el problema de la financiación, el que gana es el Gobierno de España", llegó a afirmar, mostrándose además favorable a establecer criterios más estables en una reforma para evitar revisiones cada cinco años, si bien admitió ser "pesimista" respecto a un debate estructural de la financiación y más con las disputas que ya está generando, según su visión, el reparto de los fondos europeos.

En cuanto a Fernández Mañueco, remarcó de inicio que en Castilla y León los gastos "son estructurales, irrenunciables y muy difíciles de reducir", para abrir fuego las "circunstancias del territorio" a la hora de modificar la financiación como "el envejecimiento poblacional". En esta línea, invitó a a plantearse qué tipo de país y de Europa se busca a medio y largo plazo: "¿Queremos un país de grandes ciudades, de grandes polos empresariales... o que la riqueza esté distribuida por todo el territorio?", se preguntó, remarcando su apuesta "por el interior de España".

A partir de ahí, las intervenciones se fueron sucediendo llegándose a profundizar también en los criterios del sistema. Feijóo recalcó que la población no podía ser criterio único: "Cualquier economista desmontaría esa teoría en cinco minutos. Galicia tiene de población un 5% pero tiene más de un 8% con más de 85 años", subrayó, en referencia a que ello supone un mayor coste sanitario tanto por la atención requerida por la dispersión territorial.

Un argumento que respaldó García-Page explicando que en la comarca de Molina de Aragón tiene que atender a 7.000 personas y esos servicios le cuestan cuatro veces más que en Toledo.

A todo ello, Puig repuso con la necesidad de establecer como criterio la población ajustada, estableciendo las correciones que fueran necesarias. "Estamos hablando de población y, por tanto de personas. Hoy en día todo se puede medir, con rigor y racionalidad, pero lo tenemos que abordar", subrayó, una afirmación que recibió la aprobación del resto de presidentes.

Al margen de la reforma del sistema, también se abordaron otros asuntos colaterales. Los cuatro intervinientes coincidieron en que sería positivo que el Gobierno de España prorrogara un año más los 16.000 millones de euros destinados este ejercicio para los fondos covid, algo que el Ejecutivo de Sánchez ya ha rechazado públicamente.

Feijóo y García-Page se alinearon en la crítica a que desde el Gobierno de España impusiera decisiones legislativas que comprometían el gasto de los gobiernos autonómicos sin dotarlos económicamente como el caso del sistema de dependencia o el sueldo de los funcionarios.

Además, también hubo críticas al reparto de los fondos europeos para la recuperación: "Te llaman y te dicen lo que te toca y en qué te lo tienes que gastar", se quejó Fernández Mañueco, quien aprovechó para recordar que en ese apartado han recibido menos comparado con población y con lo que reciben en financiación. García-Page, también fue crítico en este punto: "Libertad para decidir no tenemos ninguna, pero sí tenemos la capacidad para gastárnoslo", comentó, para apostillar: "El Estado se aprieta el cinturón cuatro veces menos que nosotros". Una reflexión que compartió Feijóo para exigir "cogobernanza real" y también "rigor" en este punto: "El Gobierno se queda el 50% de esos fondos y nosotros el 34%, que además viene con el manual de instrucciones de cómo gastarlo", lamentó.

También hubo debate sobre fiscalidad, donde Puig apostó por la armonización fiscal para evitar desigualdades entre territorios y situaciones como el 'dumping fiscal' que a su juicio comete Madrid. Argumentos con los que discreparon sus compañeros: Feijóo apostó incluso por eliminar directamente el impuesto de Patrimonio y Mañueco también en una línea de armonización a la baja o supresión.

En la recta final, Feijóo y Puig coincidieron plenamente en su rechazo a la concepción radial de las infraestructuras en España con Madrid como epicentro, lo que terminó de evidenciar que los cuatro presidentes autonómicos tenían, probablemente, tantas divergencias como coincidencias en sus posiciones del debate, que no obstante se desarrolló en un tono distendido e incluso notablemente constructivo a diferencia de lo que suele ocurrir en la política actual.