Imagen de archivoCASTELLÓ. Las entidades que integran la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP) han mostrado su preocupación ante el reciente cambio legislativo que suprime el subsidio por desempleo para las personas que salen de prisión. Advierten a Instituciones Penitenciarias que la integración de esta ayuda económica en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) contiene "lagunas y dificultades importantes" que dejarán fuera a muchas personas y familias en situación muy vulnerable.
El subsidio de excarcelación, desde sus orígenes, facilita la inclusión social de personas que han pasado un tiempo fuera de la sociedad privadas de libertad y les otorga una primera herramienta (económica) para una reinserción social más efectiva. La aparición del Real Decreto Ley 2/2024 de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, contempla la eliminación de esta ayuda y la reconduce al IMV. Una medida que "puede minimizar la inclusión y el proceso de reinserción" de quienes salen de prisión, pero también "aumentar las posibilidades de reincidencia y alarma social", aseguran desde ROSEP.
La tramitación del IMV genera "nuevas problemáticas difíciles de resolver" para las personas privadas de libertad, según ROSEP. La brecha digital y la falta de medios tecnológicos necesarios para gestionar esta prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social se presentan como un obstáculo adicional para este colectivo.
"Quienes salen de prisión evidencian, en la mayoría de casos, carencias para realizar estos trámites online: pedir cita puede convertirse en una montaña difícil de superar, también se requiere móvil, correo electrónico, cámara para validar la identidad… son necesarios dispositivos electrónicos y conocimientos informáticos que la mayoría no tienen", señala el presidente de Patim, entidad no lucrativa que desarrolla programas con población penada desde hace más de treinta años y que forma parte de ROSEP.
Desde Patim recuerdan que los periodos de resolución del IMV (a veces) superan el año mientras que el subsidio de excarcelación se resolvía en uno o dos meses, cubriendo de inmediato las necesidades básicas de los demandantes. "Ahora, los trámites se alargan y complican, con notificaciones deficientes, documentación duplicada y lenguaje inaccesible en los requerimientos, lo que reinicia los tiempos de espera", detalla López y Segarra. "No es una alternativa eficaz por parte del Gobierno central, es más bien una medida que agrava la vulnerabilidad del colectivo y los vuelve a exponer mientras esperan", sentencia López y Segarra.
Las 48 entidades que integran ROSEP insisten sobre los efectos negativos que para la sociedad puede tener la supresión de este subsidio, instando, en los espacios de interlocución con el Estado a que se reconsidere también la integración en el IMV de esta ayuda económica. Desde esta plataforma estatal remarcan que para una reinserción social más efectiva "es necesaria una planificación, así como una dotación de medios en todas las administraciones que, en estos momentos, lamentablemente, son insuficientes".
Patim, organización no lucrativa fundada en Castellón en 1985, forma parte del Consejo Social Penitenciario Local de Castelló I y también en Castellón II. Un órgano consultivo encargado de coordinar la actuación de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que colaboran con el correspondiente centro penitenciario, con la finalidad primordial de fomentar su participación y colaboración en el desarrollo de las políticas penitenciarias de reinserción social. Un foro de participación donde López y Segarra ha puesto de manifiesto desde hace tiempo la "necesidad de fomentar acciones encaminadas a romper la brecha digital desde dentro de la prisión".
