CASTELLÓ (EP). El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, se han reunido este miércoles para analizar el proyecto que regenerará el entorno residencial de la zona de San Antonio gracias a las ayudas de rehabilitación de Barrios, cofinanciados con fondos europeos Next Generation. En el encuentro han estado acompañados por el director general de Coordinación de la Vicepresidencia Segunda, Marc Aparisi.
La subvención concedida es de 2.488.137 euros, 2.370.990 por parte del Ministerio de Agenda Urbana y 117.147 de la Generalitat, a lo que hay que sumar 1 millón de euros de aportación del consistorio. En suma, una inversión de 3.450.736 euros para hacer la primera fase para ejecutar la recuperación urbana del distrito de San Antonio, que afectará a las calles A y B y a los bloques del 1 al 16.
El vicepresidente ha asegurado que gracias al Plan de Barrios se está hablando de la mejora de las condiciones de habitabilidad de más de 7.000 casas y la reurbanización de más de 90.000 metros cuadrados de muchos pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado para diseñar este plan, que ha contado con fondos de la Generalitat, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el "gran apoyo" de Europa a través de los fondos Next Generation. "Tres instituciones que trabajan conjuntamente para hacer realidad la mayor dotación para un programa de rehabilitación de la historia de la Generalitat, con 142 millones de euros para repensar nuestras ciudades combatiendo la vulnerabilidad", ha remarcado Illueca.
Por su parte, la alcaldesa de la Vall d'Uixó ha agradecido la visita del vicepresidente y la ayuda que proporciona este Plan de Barrios mediante "una rehabilitación integral que demuestra que es posible otro modelo".
Asimismo, con esta actuación "queremos que la gente quiera vivir en este barrio y dotarlo de una vida que se merece, como fue en la década de los 60, cuando fue un barrio de acogida y convivencia", ha dicho.
Las obras de rehabilitación afectarán a 95 residencias particulares, en las que se va a mejorar la envolvente con el aislamiento de las fachadas y cubiertas y el cambio de las ventanas. Asimismo se reemplazarán y ampliarán las canalizaciones de agua, se instalarán contadores eléctricos, se suprimirá el fibrocemento, se afianzarán las estructuras y suprimirán las humedades que afectan gravemente a estos inmuebles.
La accesibilidad es otra de las claves de este proyecto, de forma que se instalarán ascensores, se rehabilitarán las escaleras y se ampliarán las aceras. También se reurbanizarán 17.000 metros cuadrados de espacio público entre las calles A, B y C y el entorno del CEIP Blasco Ibáñez. El objetivo es reducir el espacio de tráfico rodado, reubicar aparcamientos y dotar de un espacio peatonal amplio.
Héctor Illueca ha destacado la implicación de la Generalitat para "intervenir ante el avanzado estado de deterioro de la zona y la falta de recursos de los vecinos". Con todo, esta actuación permitirá la reducción de un mínimo del 60 por ciento de consumo de energía primaria no renovable, "un ejemplo del potencial de la rehabilitación para hacernos avanzar en la transición ecológica".
Este conjunto de inversiones surge de la convocatoria para la concesión de las ayudas del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026 Next Generation.
Esta convocatoria se destina a la financiación de actuaciones integrales de regeneración urbana, incluidas obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de los denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP).
La firma de acuerdos con 23 municipios de la Comunitat Valenciana supone destinar un total de 142.848.665 euros a la rehabilitación de barrios vulnerables para el periodo 2022-2026, lo que mejorará la situación de los residentes de 7.158 viviendas. Estos protocolos estarán en vigor hasta el 31 de junio de 2026.
