Poco más que una reforma

Las anomalías habidas en la votación de la Reforma Laboral no deberían ocultar la importancia de su contenido. El restablecimiento de derechos, en especial en materia de estabilidad en el empleo, merece ser valorado como avance aunque solo fuera el único aprobado. La contratación temporal en España estaba alcanzando su límite tolerable y el hecho de que en gran medida fuera fraudulenta, porque se contrataba por tiempo determinado para tareas de duración indefinida, es suficiente motivo para cambiar las normas.

Lo que no es suficiente motivo para llegar a enaltecer el texto aprobado ensalzándolo, como se ha hecho, como máximo exponente de todas las reformas del Estatuto de los Trabajadores habidas hasta ahora desde su aprobación en 1980. Simplemente se han corregido graves errores de recorrido respecto a las normas del PP de 2012, en términos de limitar la opción de la contratación temporal, que no debería confundirse con la precariedad, y de restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos fundamentalmente.

Entendiendo los votos negativos, ambas mejoras por sí solas deberían haber recogido la aceptación unánime de todo el Congreso.

Pero es un exceso denominar al Decreto Ley “…de transformación del mercado de trabajo” como reza, de forma ampulosa, su Título en un alarde insólito de exaltación desproporcionada.

No solo porque permanecen intactas medidas necesarias para su verdadera “transformación”, como no han tenido más remedio que reconocer las cúpulas sindicales coautoras del texto, sino porque el sustrato esencial de toda reforma del llamado, impropiamente, mercado de trabajo o tiene en cuenta las circunstancias económicas actuales que no son otras que la cuarta revolución industrial o revolución 4.0 o son pan para hoy.

Se ha prometido un nuevo Estatuto de los Trabajadores propio del siglo XXI y, siendo así, habría que preguntar a la ministra a qué viene tomarse tan a pecho una reforma que se admite que va a ser efímera. La que, además, no es cierto como dijo desde la tribuna que siga los modelos europeos más avanzados. Lo que le obliga a más intensos estudios.

"Estamos en la cuarta revolución industrial, y la quinta se encuentra a nuestras puertas. Es la llamada industria 4.0."

Mal que nos pese, el modelo neoliberal campa por sus respetos desde que Thatcher lo puso en circulación y el individualismo consiguiente está teniendo amplia aplicación en el mundo de las relaciones laborales, lo que se traduce en muchas ocasiones en preferencias por el convenio de empresa y, también, demasiadas veces por el contrato individual sobre todo con trabajadores cualificados que, por sí solos, cubren las espaldas con elevadas retribuciones a la producción y servicios que los precisan.

En general, lo saben los sindicalistas, los obreros son los otros. Y una de las novedades más importantes de la transformación del mercado de trabajo consiste en que las empresas ya no son solo las que compiten sino que muchos trabajadores compiten entre sí lo que, por otra parte, desde hace tiempo obliga a replantear el concepto de clase. La solución no consiste en resistir con instrumentos del pasado ni en calificar al empresariado como los malos de la película, como pareció esto último deducirse de alguna expresión extemporánea, seguramente lapsus, de la enfervorizada ministra de Trabajo.

En su día defendí en el Congreso la contratación temporal como medida de fomento del empleo y aquello dio sus frutos. Se trataba de ajustar unas medidas jurídicas a la situación económica existente con limitaciones que no se cumplieron. La opción fue alabada por UGT en uno de los Acuerdos Confederales, ya olvidados.

Se ha escrito que el primer cambio profundo en nuestra manera de vivir- la transición del forrajeo a la agricultura- ocurrió hace alrededor de diez mil años y fue posible gracias a la domesticación de animales, “la revolución agrícola combinó los esfuerzos de los animales con los de los seres humanos con vistas a la producción, el transporte y la comunicación” (Klaus Schewab). Esta revolución fue seguida por las revoluciones industriales a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

La construcción del ferrocarril y la invención del motor de vapor dieron lugar a la primera producción mecánica y primera revolución industrial (1760) y con ella al incipiente sindicalismo.

Estamos en la cuarta revolución industrial, y la quinta se encuentra a nuestras puertas. Es la llamada industria 4.0. Las Recomendaciones de la Unión Europea dirigidas a los Estados miembros la tienen en cuenta. Esta situación económica actual es suicida orillarla a menos que se prefiera construir un andamiaje jurídico laboral sobre la nada. Pero poner la atención exclusivamente en las variables económicas, a lo que parecen tener debilidad nuestras actuales instancias autonómicas, despreciando la articulación superior de las laborales que son realmente las de las personas, nos sitúa en escenarios mercantiles exclusivos que la mayoría de países civilizados dan por superados.

Dije en un artículo anterior que sin la Inspección de Trabajo difícilmente podrían conseguirse los objetivos de estabilidad en el empleo deseados. Así lo ha entendido la Reforma. Pero amplío el dato: sin una verdadera Administración del Trabajo tampoco. Porque a ella le llegan las Actas de Infracción y Liquidación promovidas puesto que la Inspección solamente propone y la Autoridad Laboral decide. (Véase el Convenio 150 de la Organización Internacional del Trabajo).

De hecho “Trabajo” en el organigrama autonómico es el último fleco de una Doncellería con título de “Economía”. Puede considerarse baladí el hecho. Sin embargo no parece un accidente que el PSOE y el PSPV al acordar sus respectivos Gobiernos de coalición prescindieran tan fácilmente de gestionar las competencias laborales. Pero de esto, y de cómo ejercen las suyas los vascos (con quienes me comunico) y catalanes, me propongo decir algo, tomando como base su negativa a convalidar un Decreto Ley que no ha tenido en cuenta ni a sus Administraciones ni a sus Sindicatos y también, si se me permite, hablaremos de las dificultades por las que pasó Compromís para dar su voto afirmativo que, con perdón me permito calificar de irrisorias.

Conscientemente no hablo del derecho laboral del mar que, como pueden comprobar sindicatos, consignatarios, navieras y gente de mar, mereció una desmesurada atención por parte de todos los intervinientes. Definitivamente España dejó de ser el pasado jueves una península. Exceptuemos honestamente para el turismo de vacaciones.

El autor, Paco Arnau, ha sido diputado nacional por Castellón y portavoz de Empleo en los Gobiernos de Felipe González.