Foto: Eduardo Parra/ EPMADRID (EP). Unidas Podemos se ha unido a Esquerra Republicana y EH-Bildu para registrar cuatro enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 dirigidas a regular los precios del alquiler y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
Estas enmiendas trasladarán a la tramitación presupuestaria los desencuentros con el PSOE para sacar adelante la Ley de Vivienda, atascada en el Congreso por estas diferencias, tanto entre los socios del Gobierno como con sus aliados parlamentarios.
De hecho, el propio portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha señalado que estas enmiendas parciales se justifican debido a que "no están pudiendo convencer al PSOE" de que debe hacerse un avance en vivienda.
A su vez, la ministra y líder de la formación morada, Ione Belarra, ha lanzado que es urgente actuar y que "no se entendería que se aprobaran estos presupuestos generales, el último gran acuerdo de la legislatura, sin que estas medidas estuvieran en vigor".
Con estas enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Unidas Podemos, ERC y Bildu presionan a los socialistas para abundar en la regulación del precio de los alquileres planteada en el proyecto de Ley de Vivienda y extenderla a todas las viviendas de zonas declaradas como tensionadas.
En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no deben superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor --para lo cual establecen un umbral de ocho viviendas, y no de diez como plantea el proyecto--, la renta pactada no podrá exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios.
Otras medidas trasladadas en las enmiendas de alquiler busca ampliar a de cinco a siete años la duración mínima de un contrato con un particular, y hasta de doce años en caso de que el propietario sea una empresa, o fijar un límite de plazas de alojamiento turístico hasta el 2% del número de habitantes.
Respecto a la regulación antidesahucios, los grupos proponentes persiguen prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Finalmente, se imponen una serie de "obligaciones sociales" para los grandes tenedores de vivienda, como el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.
La formación morada presionó para llegar a un acuerdo presupuestario para desbloquear la ley de vivienda, pero finalmente no hubo pacto con el PSOE y la propia Belarra hizo un llamamiento a la sociedad civil para movilizarse en la calle con el objetivo de conseguir la aprobación de esta normativa.
Esta normativa ha motivado tensiones entre los socios de Gobierno durante gran parte de la legislatura. Y es que los morados han presentado enmiendas similares a las de los PGE en el texto legislativo al entender que, sin ellas, no podrá ser aprobado.
Por su parte, el ala socialista replica que la dilación es culpa de su socio, que quiere reabrir un debate que ya se cerró en el seno del Gobierno al presentar una multitud de enmiendas. De esta forma, el PSOE cerraba la puerta a reemprender una negociación entre las fuerzas de la coalición, pero sí abría la posibilidad de hablar con los aliados parlamentarios si esgrimen vivienda como un tema central para dar apoyo a las cuentas públicas.
