Podem sigue al ataque: pide un impuesto para los supermercados con "beneficios extraordinarios"

VALÈNCIA. El grupo parlamentario de Unides Podem, encabezado por su portavoz Pilar Lima, registró este martes en Les Corts su Proposición no de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre la implementación de medidas para dar respuesta al alza de los precios de los alimentos básicos para su debate en el pleno. Una iniciativa que en los últimos días había generado expectación y cierta tensión en el Botànic, principalmente por la antesala creada con las declaraciones de la ministra Ione Belarra, de Podem, que acusó de "capitalista despiadado" al presidente de Mercadona, Juan Roig.

Unas manifestaciones que fueron criticadas por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y también por la portavoz del Consell, Aitana Mas, de Compromís. No así, por el vicepresidente segundo del Ejecutivo valenciana, Héctor Illueca, también de la formación morada, quien consideró las palabras de su compañera "una descripción muy ajustada de una realidad". Posteriormente, el alto cargo anunció la PNL para limitar el precio de alimentos básicos que su grupo registró a mediodía en Les Corts: ahora bien, la iniciativa va mucho más allá de esa única petición

Así, en el documento, se ponen sobre la mesa un total de 10 propuestas, cinco para que Les Corts insten al Consell y otras cinco para sea que el Gobierno valenciano el que las solicite al Gobierno de España. En este último apartado, una de las más destacadas es la quinta, que pide estudiar "la creación un tributo que grave los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas distribución alimentaria y grandes supermercados que operan en el conjunto del Estado". Además, apuesta por destinar los fondos logrados de este impuesto a "frenar los impactos derivados de la inflación sobre el sector primario, el pequeño comercio y contribuyan a sufragar el coste de la cesta de la compra básica". Una medida sin duda de compleja articulación, especialmente y entre otras cuestiones, al no concretarse todavía qué serían "beneficios extraordinarios".

Además, en este apartado, también se reclama establecer "un sistema realmente eficaz de control de los precios de la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos". Una medida, puntualizan, en aras de "garantizar precios justos al sector de la producción" además de "evitar la venta a pérdidas".

En cuanto a las peticiones al propio Consell, se pone sobre la mesa extender las ayudas de emergencia social para "garantizar el acceso de la población valenciana en situación de vulnerabilidad a una cesta de alimentos básicos y frescos". Además, se insta a transformar el mercado alimentario "reforzando los incentivos fiscales y el apoyo financiero a las empresas agroalimentarias y de consumo bajo formas de propiedad cooperativa en el territorio valenciano que desarrollen su servicio en conexión con sistemas agrarios próximos, locales y sostenibles".

En este punto, conviene destacar que en la exposición de motivos del documento elaborado por Unides Podem, se citan datos de la consultora Nielsen IQ para señalar que durante el año 2022 Mercadona "fue la cadena de supermercados que más cuota de mercado ganó situándose por encima del 25% en el sector, a mucha distancia del resto de sus competidores". Además, añade que según esa misma fuente, "Mercadona, junto a Carrefour y Lidl ya controlan el 41,4% del mercado de España, algo que las sitúa en una posición de dominación del mercado alimentario que se traduce en la capacidad para fijar precios, fijar condiciones a los productores y expulsar a la competencia". 

A lo largo de estos días, precisamente esta ha sido una de las cuestiones más criticadas por parte de sus socios en el Botànic, especialmente por Puig, quien calificó días atrás de "terriblemente injustas" las palabras de Belarra y se preguntó "por qué se atacaba sólo a una empresa valenciana". Fuentes socialistas consultadas por este diario señalaban este martes que el ascenso de precios no se producía "en una sola cadena" y se preguntaban si lo que Unides Podem propone iba dirigido a "perseguir" a las empresas que obtienen beneficios, "a todas o sólo a unas y bajo qué criterios". "Una cosa es perseguir posibles abusos y otra arbitrariamente decidir qué son buenos y malos beneficios", comentaba a este diario un dirigente del partido.

Las peticiones de Unides Podem no se quedan ahí. También solicitan modificar el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), para "dejar sin efecto la moratoria que afecta a las grandes superficies comerciales, robustecer la regulación que limita la expansión de estas y reforzar las medidas de protección del pequeño comercio".

Al margen de toda estas cuestiones, varias de las cuales no habían sido mencionadas estos días por Unides Podem, en el primer punto de las solicitudes al Estado se sitúa la que sí venía reiterando públicamente Illueca estos días: "Definir una cesta de la compra básica de alimentos y establecer un mecanismo de regulación de precios que permita limitar sus oscilaciones, evitar la especulación y garantizar el acceso a los alimentos básicos de primera necesidad que en ella figuren".

Compromís lo mira (en parte) con buenos ojos; el PSPV, pone pausa

Sobre el posicionamiento respecto a esta PNL fue preguntado el diputado de Compromís, Carles Esteve, quien abrió la puerta a respaldar la iniciativa en lo que se refiere a este último punto citado, la limitación del coste de productos básicos. "Están subiendo los precios de los alimentos básicos más que la inflación y además, y esto es muy importante, ese aumento no está repercutiendo en el agricultor. Entonces si las competencias del Estado le permiten hacerlo, estamos totalmente de acuerdo. Si podemos regular el precio de un medicamento porque entendemos que es una cuestión básica a la que todo el mundo debe tener acceso en igualdad de condiciones, ¿por qué no se dotan los mecanismos para limitar el precio de los alimentos básicos?". Ahora bien, respecto al resto de cuestiones planteadas en la PNL, el propio Esteve comentó a este diario que deberían estudiar la propuesta registrada este mismo martes para ver si en su conjunto o a través de enmiendas podía ser respaldada por su grupo.

Por otro lado, la portavoz del PSPV en Les Corts, Ana Barceló, se limitó a afirmar que no podría a entrar a valorar su apoyo o rechazo a la iniciativa hasta no disponer del texto completo, que en el momento de sus palabras todavía no se encontraba registrado. Horas después, tras haber circulado ya la PNL, desde la formación socialista no se había establecido todavía una postura oficial, aunque fuentes del partido apuntaron que varias de las peticiones del documento ya se estaban en marcha como "atender las situaciones de vulnerabilidad o el apoyo a las cooperativas". Además, subrayaron a las dificultades respecto a la regulación de precios, por lo que admitieron que, aunque la voluntad será de "llegar a acuerdos", será "complicado" alcanzarlos "en algunos de los puntos". 

En cualquier caso, tampoco está claro que la PNL llegue a debatirse en Les Corts, puesto que el número de sesiones es reducido antes de la disolución para la convocatoria electoral. Distintas fuentes de la cámara puntualizaron que todavía quedan leyes por debatirse que van por delante en la ordenación de los plenos, por lo que existe la posibilidad que no dé tiempo a la iniciativa llegue a debatirse en esta legislatura.