Foto: Antonio PradasCASTELLÓ (EP). El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha pedido la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Castellón, María Antonia García Valls, después de que ayer "se tratara a los agricultores que se manifestaban en el puerto de Castelló como delincuentes", mientras que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que su partido preguntará en el Congreso por los desalojos y "las razones que condujeron a que la subdelegada del Gobierno mandara cargar a la policía contra una manifestación pacífica, legítima y perfectamente convocada".
Posteriormente, el síndic de Vox, José Mª Llanos, también ha solicitado el cese "inmediato" de la subdelegada del Gobierno en Castellón denunciando que "mandó cargar sobre los agricultores que se manifestaban legalmente en defensa de sus derechos". Mientras, en declaraciones a los medios en pasillos de Les Corts, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha señalado que la actuación "se encuadra dentro de lo que es la actuación habitual de las fuerzas de seguridad" y que García Valls cuenta "con todo el apoyo del PSPV-PSOE".
Muñoz ha considerado que la evaluación sobre si la actuación fue desproporcionada o no "se hace por parte de los propios técnicos del Ministerio y de la Delegación del Gobierno". Sin embargo, desde el PP, Barrachina ha señalado que las actuaciones "ayer en una manifestación autorizada y convocada por una organización reconocida y prestigiada en el mundo de la agricultura, se precipitaron, hubo una acción desproporcionada y antes del tiempo que tenían para finalizar su protesta, se produjo una actuación injustificada contra los agricultores valencianos".
"Estamos y hemos estado siempre junto a ellos y enviamos hoy nuestra consideración, afecto y cariño a Carles Peris y a la Unió Llauradora, que ayer, legítima, legal y autorizadamente, se manifestaban en el puerto de Castelló", ha manifestado. También ha instado a García Valls a que ejerza como "subdelegada de un gobierno que debe representarnos a todos y velar por que las actuaciones que siempre se ajustan de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sean ordenadas y, como hasta ahora, ajustadas a derecho".
Por parte de Compromís, Baldoví ha considerado que la actuación fue de "una torpeza absolutamente inexplicable" frente a una protesta que "estaba convocada en tiempo y forma" y que "hubiera podido acabar absolutamente pacífica". "El foco de todo ha de estar en la protesta legítima de los trabajadores. Y ahí hay este dicho castellana que es que 'De aquellos polvos, estos lodos'", y ha criticado que PP y PSOE aprueben tratados internacionales que perjudican a los agricultores en el Parlamento Europeo y que no se aplique la ley de la Cadena Alimentaria.
"Desde Compromís vemos una situación absolutamente legítima, que nosotros apoyamos, y lo que sí que condenamos son los intentos de algunos partidos de extrema derecha de intentar capitalizar una propuesta legítima mezclándola en otros intereses como es un cambio en la ley electoral. A mí me da vergüenza ver 'cayetanos', ver marqueses, ver políticos de Vox que en la vida han tocado un trozo de tierra intentando capitalizar esta protesta", ha subrayado. Vox no se había pronunciado respecto a esta cuestión porque, según ha señalado su síndic, estaban "estudiando" su posicionamiento.
Por su parte, el diputado del PP en el Congreso por Castelló Óscar Clavell ha registrado una pregunta por escrito al Gobierno. "Teniendo en cuenta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen órdenes políticas", quiere saber "quién ordenó las cargas policiales contra la manifestación pacífica, legítima y perfectamente convocada por parte de los agricultores en el puerto de Castellón del 7 de febrero", así como si "considera el Gobierno de España proporcionada dicha actuación" o si "existe algún informe de la subdelegada del Gobierno en Castellón al respecto".
