Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. Les Corts Valencianes tienen que desatascar varias cuestiones antes de que finalice la legislatura, pero las negociaciones entre los partidos del Botànic y la oposición -es necesario el voto del PP para que muchas salgan adelante- no están siendo todo lo fluidas que a algunos les gustaría. Al parecer, y según señalaron este miércoles tanto el Partido Popular como los socios del tripatito, por el PSPV y en particular por su síndica, Ana Barceló.
En concreto, tres cuestiones sobre la mesa: la renovación de seis órganos estatutarios cuyos integrantes se encuentran en funciones -algunos desde hace meses, otros años-; el Impuesto de Sucesiones que, el PSPV por una parte y el PP por la suya, tratan de bonificar al 99% a las empresas que facturen más de 10 millones de euros; y el desacuerdo respecto a las renovables en la Ley de Acompañamiento de 2023 que ha dejado en el aire, entre otras cuestiones, la creación de la Agencia Valenciana de la Energía.
Esta última es, precisamente, la que provocó que tanto Compromís como Unides Podem se quejaran este miércoles abiertamente de que no exista interlocución alguna con Barceló, portavoz de los socialistas, para intentar acercar posturas después de que la semana pasada el PSPV se desmarcara de las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y no firmara con sus socios las 25 modificaciones legales registradas. Valencianistas y morados plasmaron en enmiendas un acuerdo firmado en mayo -también por el PSPV- en el que además de proponer la creación de la Agencia, daban mayor poder a los ayuntamientos cuando una empresa presenta un proyecto para instalar renovables en su municipio y establecían una prelación de suelos para las instalaciones. Es decir, ponen condiciones a su implantación.
Desde entonces, las tres formaciones no han vuelto a sentarse para intentar consensuar una postura conjunta. Y la situación ha empezado a desesperar a la síndica de la coalición, Papi Robles, y la portavoz adjunta de UP, Estefanía Blanes: la primera, se quejó de que "últimamente parece que hay una moda de que sobre algunos temas no se habla" y de que los acuerdos "no van todo lo rápido" que le gustaría, mientras la segunda señaló que actualmente "no existe ningún foro de diálogo con el PSPV" y, por tanto, el "inmovilismo" en esta cuestión ha causado que no haya debate en ningún punto de la sección correspondiente a la Conselleria de Política Territorial.
Sin embargo, mientras ambas esperan a que Barceló mueva ficha -dado que se firmó un pacto en mayo que obligaba a los tres partidos a firmar enmiendas en ese sentido y es el PSPV el que lo ha incumplido-, la síndica socialista espera lo contrario: que sus socios le responsan sobre la 'contrapropuesta' que plantearon para crear la Agencia de la Energía. Los socialistas son partidarios de que las empresas públicas comercializadoras de energía se rijan a través de una ley concreta.
La falta de comunicación y negociación del PSPV, también se ha alargado a otro debate: la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones para las empresas familiares. El grupo de Barceló presentó dos enmiendas la semana pasada para eliminar la limitación que existía para las sociedades que facturasen más de 10 millones de euros. El PPCV, por su parte, también registró dos enmiendas dirigidas en el mismo sentido pero ampliaba también la bonificación a las familias y no solo a las empresas.
Barceló aseguró que su grupo presentaba la modificación legal en solitario e invitó más tarde a quien quisiera a apoyarla, pero no negoció previamente con los partidos que podrían ayudar a los socialistas a sacarla adelante -PP o Ciudadanos- su redactado. Con ello, buscan forzar a los populares a apoyar la enmienda en el último minuto y, además, evitar que sus socios le afeen que pacta con la oposición sus enmiendas.
Sin embargo, con el paso de los días la comunicación sigue sin producirse. La síndica del PP, María José Catalá, aseguró que el PSPV no se ha puesto en contacto con ellos para tratar de sumar apoyos, ni tampoco para negociar sobre las enmiendas para intentar presentar un texto conjunto.
Pero más allá de la negociación de enmiendas a la Ley de Acompañamiento, también existen cuestiones bloqueadas que no se debatirán ni resolverán antes de 2023: la interinidad de un total de seis órganos estatutarios por las diferencias que existen en el reparto de nombramientos en el Consell Jurídic Consultiu.
Catalá aseguró la semana pasada que la distribución acordada al principio era que los cuatro candidatos que deben designar Les Corts fuesen nombrados por PPCV, Unides Podem, Ciudadanos, y un cuarto de consenso acordado entre todos los partidos excepto Vox. Sin embargo, este acuerdo fue modificado y en lugar de ser un aspirante de consenso pactado entre todos, este pasaría a ser designado por Compromís.
