CASTELLÓ. El secretario general del PPCS en la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que escuche a la provincia de Castellón y atienda las demandas que Marta Barrachina registró en enero en calidad de presidenta de la Diputación de Castellón y que hoy siguen sin respuesta. Lo exige pasado más de medio año sin noticias del Ejecutivo en la que considera una muestra de "desprecio" frente a la que "nos hacemos más fuertes". "Ignorar a nuestra tierra no nos silenciará", ha señalado el número dos del PPCS de la provincia de Castellón.
El pasado 16 de enero la primera mujer que preside el Gobierno Provincial de Castellón decidió remitir a los ministros de Industria, Jordi Hereu, y de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sendas cartas para solicitar una entrevista y abordar dos objetivos vertebrales para la provincia: el refuerzo a la cerámica y la mejora de los transportes ferroviarios.
Pasado más de medio año, "nada". "Esta falta de consideración hacia la institución que dirige la provincia es una demostración del maltrato del PSOE hacia nuestra tierra que no vamos a permitir". "Porque mientras más calla el PSOE, y lo hacen serviles sus representantes en esta provincia, con Samuel Falomir a la cabeza, más alzamos la voz en el Partido Popular”.
"La falta de consideración con la que Pedro Sánchez pretende humillar a nuestra provincia es un acicate para que los ciudadanos que viven en esta tierra y a los que damos voz desde el Partido Popular levantemos orgullosos nuestra voz en defensa de los recursos y las prestaciones que merecemos. Y la cerámica es empleo directo e indirecto para más de 70.000 personas y es un potencial absoluto no solo para esta tierra, sino para el conjunto de España". Por eso urge las ayudas máximas de la Unión Europea que son de 150 millones de euros frente a "la limosna que se ha otorgado por parte del Gobierno Sánchez".
Por lo que respecta a las conexiones ferroviarias, "esta es una provincia de primera que merece las conexiones óptimas que hoy siguen sin prestarse. El cumplimiento horario, una suficiente oferta de Cercanías y la garantía de la alta velocidad y el corredor mediterráneo son retos a los que no vamos a renunciar por más que traten de ningunearnos", ha señalado el secretario general del PPCS. Asimismo, "es necesario activar la subvención al transporte de mercancías por carretera porque es un sector vertebral para nuestro mercado productivo. Sin ellos, nuestra riqueza quedaría estancada. Y no lo vamos a permitir", ha declarado.
A la falta de respuesta con la que el Gobierno de España trata a la provincia se suma la decisión del PSOE de no aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024. Este castigo "consolida y multiplica" los "agravios" a la provincia de Castellón que "es la gran perjudicada con los PGE prorrogados y una nueva lista de promesas socialistas incumplidas hacia nuestra provincia".
Porque sin PGE para 2024 la autovía interior de la provincia de Castellón queda bloqueada tras la decisión de Pedro Sánchez de eliminar el proyecto de desdoblamiento del tramo entre Vilanova d’Alcolea y La Jana. Tampoco están previstos ni presupuestados los accesos de la autopista AP-7 a Benicàssim, Vila-real o Vinaròs, como tampoco lo está la construcción del nuevo paso inferior N-232 en Sant Jordi.
La falta de esfuerzo del Gobierno del PSOE también se traduce en ausencia de fondos para garantizar el agua, imponiendo el pago de las desaladoras a los municipios; negando ayudas para la balsa del Belcaire que debía proporcionar agua barata a los agricultores de la Vall d’Uixó; y posponiendo la reforma del aliviadero del embalse de Arenós.
En materia de seguridad ciudadano, pese al incremento de un 15% de la criminalidad, siguen pendientes las obras de los cuarteles de Almassora, Benicàssim, Onda, Nules, Vilafranca y la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional de Vila-real. Proyectos pendientes a los que se suma la necesaria ampliación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y el urgente refuerzo de los recursos que blinden a los profesionales. "Nosotros no nos vamos a callar", ha concluido Aguilella.
