Foto: GVAVALÈNCIA. PP y Vox presentaron este jueves una batería de reformas legislativas en diferentes materias, entre ellas las de transparencia e incompatibilidades. Unos cambios normativos que prevén reducir las incompatibilidades para los altos cargos tanto durante el ejercicio de su cargo como después y reduce las obligaciones de transparencia del Gobierno autonómico, así como incluso modifica el sistema de elección del Consell de Transparència para evitar el bloqueo de esta decisión en Les Corts Valencianes.
Concretamente, una de las proposiciones de ley presentadas por el síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, y su homólogo en Vox, José María Llanos, modifica las leyes de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos No Electos. Cambios que deberán ahora superar la tramitación parlamentaria, donde pueden sufrir alteraciones, antes de ser aprobados de manera definitiva y entrar en vigor.
La modificación legislativa reduce las incompatibilidades previstas para los altos cargos que estén presentes en consejos de administración de empresas y otras entidades no públicas. Así pues, en el apartado relativo al régimen de dedicación, añade un punto donde especifica que aquellos altos cargos que pertenezcan a consejos de administración se les "aplicarán las causas de incompatibilidades previstas para los concejales con dedicación exclusiva", que son más laxas que las que establece la ley autonómica.
Otro de los aspectos que buscan modificar los socios en el Gobierno valenciano tiene que ver con la posesión de acciones en empresas como causa de incompatibilidad para ser alto cargo. Concretamente, es incompatible tener el 10% de las acciones de una empresa con contratos o subvenciones públicas, pero hasta ahora la limitación se aplicaba a los casos en que las acciones se hubiesen adquirido en el período de 5 años antes del nombramiento.
Con la modificación, se abre la mano y los altos cargos podrán ser nombrados siempre que estas participaciones se hayan adquirido antes del nombramiento, incluidos los cinco años previos. Además, antes se prohibía en estos casos ejercer la gerencia o un cargo directivo en la compañía, pero ahora sólo será incompatible lo primero.
Por otra parte, la legislación actual permite la participación de altos cargos en entidades sin ánimo de lucro "siempre que no perciban una retribución ni ejerzan cargos directivos en estas". Pero el cambio normativo propuesto por PP y Vox permitirá ser directivo de una entidad de este tipo.
También añade una apostilla relevante para cuando los altos cargos cesan, a los que está prohibido prestar servicios, entrar en el consejo de administrador o ser mediador en entidades privadas que pudieran provocar un conflicto de intereses. PP y Vox añaden que este conflicto de interés "deberá ser demostrado de manera fehaciente, no pudiendo extenderse una prohibición genérica por el mero hecho de haber pertenecido a un órgano colegiado o haber dictado resoluciones o cualquier otro tipo de acuerdo".
En cuanto al registro del control de conflictos de intereses, la propuesta pretende incluir el derecho del alto cargo, cuando deja de serlo, a pedir que se eliminen o se le devuelvan "todos los documentos presentados" para certificar la compatibilidad de su cargo. Además, hasta ahora se debía hacer pública la "relación completa de las declaraciones de actividades" del dirigente, pero tras el cambio, se publicará únicamente un "extracto de las declaraciones de renta, actividades y bienes" cuyo contenido "se determinará reglamentariamente" y tendrá en cuenta "la política de datos abiertos". Además, se publicará "siempre que hubiera transcurrido el plazo de subsanación previsto".
Por otra parte, el personal de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses se regirá por las mismas normas que el resto de la Generalitat, mientras que ahora se especificaba que debía ser funcionariado de carrera y acceder a los puestos por provisión de méritos.
En cuanto a la transparencia, el Gobierno valenciano ya no estará obligado a publicar "las reuniones de mera coordinación y organización, las de despacho ordinario de los asuntos, las reuniones necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios cuando sean con el adjudicatario del contrato o las otras partes del convenio y los actos debidos de carácter administrativo". Además, sólo se publicarán las memorias, informes y dictámenes de normas en tramitación cuando haya finalizado la tramitación de todo el proyecto normativo, no antes.
Cambiará también el sistema de elección del Consell de Transparència, que obliga al consenso de tres quintas partes de Les Corts Valencianes para que salga adelante. La propuesta de PP y Vox, sin embargo, indica que si tras dos meses desde la primera votación no se ha conseguido ese consenso, bastará con la mayoría absoluta del parlamento valenciano.
En cuanto al Plan de Gobierno, que el Consell debe aprobar para la legislatura, ya no deberá identificar "los proyectos de ley, los planes o programas y las medidas más significativas para cumplir los objetivos definidos" y "los indicadores para su seguimiento", sino que bastará con incluir "los objetivos políticos y las líneas de actuación del Consell más destacadas". A los tres años desde la toma de posesión del president de la Generalitat, deberá pedir a les Corts "la celebración de un debate en que estas se pronuncien sobre el cumplimiento".
Sin embargo, elimina el artículo relativo al seguimiento de este Plan, según el cual hasta ahora el Consell debía aprobar semestralmente un documento de seguimiento donde especificara "el grado de desarrollo de los proyectos de ley, planes, programas y actuaciones que lo constituyen" así como "las modificaciones que, como consecuencia de la ejecución de lo planificado y de las variaciones temporales o de medios disponibles, se quieran incorporar al plan". Un documento que tenía que publicarse en el portal de transparencia.
