PSOE y UP plantean concurso público y mayoría reforzada del Congreso para renovar la CNMC

VALÈNCIA (EP). El PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición, son partidarios de modificar el sistema de elección de los máximos responsables de supervisores como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de manera que el Ejecutivo realice una convocatoria pública y después remita los nombres de los candidatos a las Cortes para que sean elegidos por mayorías cualificadas y, al menos, el concurso de dos grupos parlamentarios.

Así consta en las propuestas que socialistas y morados han pactado ya con ERC y Más País, y que tienen previsto defender ante la subcomisión de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso encargada de elevar al Pleno un informe con fórmulas para reforzar la independencia e imparcialidad de estos organismos.

Tras las comparecencias de expertos en esta materia que realizó la subcomisión en el anterior periodo de sesiones, los grupos deben ahora hacer sus propuestas y alcanzar acuerdos para enviarlas al Pleno, preferiblemente antes de que acabe este año.

El documento redactado por el PSOE y Unidas Podemos, al que ha tenido acceso Europa Press, apuesta por unificar el método de selección de los máximos responsable de las denominadas 'administraciones independientes' que, en principio, incluirían a entidades como el Banco de España, la Comisión de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Consejo de Transparencia o la Agencia de Protección de Datos.

El Gobierno propone a las Cortes

Partiendo de la base de que los requisitos de selección actuales son "excesivamente laxos", estas formaciones abogan elegir a los máximos responsables mediante un procedimiento idéntico que arrancaría con la publicación de una convocatoria pública.

Los partidos firmantes del documento son partidarios de que siga siendo el Gobierno quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior.

Ese fue justo el esquema que defendieron, entre otros, el actual gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuando compareció ante la Comisión de Calidad Democrática para explicar sus recetas para reforzar la independencia e imparcialidad de la institución. Por contra, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, planteó que siguiera dependiendo únicamente del Ejecutivo sin tener que contar con el aval vinculante de las Cortes.

En este contexto, PSOE y Unidas Podemos plantean crear un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero "reforzada". Ahora la mayoría de aspirantes a estos puestos comparecen para someterse al examen de idoneidad de la Cámara en la comisión correspondiente a su ámbito de trabajo, pero el documento defiende la creación de un órgano 'ad hoc' para encargarse de ese proceso en todos los casos.

Exámenes de idoneidad más duros

"Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar 'hearings' (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección", reza el documento.

Con el fin de "reducir la posibilidad de que se puedan producir nombramientos por razones exclusivamente partidistas", defienden que para aprobar el informe de idoneidad se "exija mayoría cualificada" y que éste no pueda salir adelante "en ningún caso" con "el voto afirmativo de un único grupo parlamentario". Eso sí, los partidarios de estas medidas asumen que "ninguna regulación será eficaz a la hora de asegurar que los nombramientos alcanzan los objetivos deseados sin una cultura política que sea respetuosa con el espíritu de la norma".

Además de otorgar ese plácet, esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.

Incompatibilidades

También correspondería a esta comisión especializada la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple.

Asimismo, PSOE, Unidas Podemos, ERC y Más País se abren a explorar la posibilidad de que este órgano parlamentario pueda encargarse de la "remoción de responsables de administraciones independientes que no cumplieran el mandato parlamentario", si bien recalcan que esto "debería canalizarse a través de un procedimiento gravoso para evitar posibles abusos".

También reservan a esta comisión la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades y llaman a "identificar y delimitar correctamente" en la ley las causas de cese o incompatibilidad de estos altos cargos dejando claro que una de ellas no puede ser la militancia en un partido político porque sería inconstitucional.

"En términos de nombramientos, es necesario además preservar cualquier conflicto de interés, evitando que personas que ejercen tareas relevantes en estos organismos terminen trabajando para las empresas a las que supervisan o provengan de haber trabajado para ellas", avisa el documento que, en cualquier caso, apuesta por mantener en dos años el periodo que debe transcurrir para que los ex altos cargos puedan ejercer alguna actividad del ámbito sobre el que han tomado decisiones.

Para evitar la "captación' de los reguladores" por parte de las empresas que regulan plantean medidas adicionales como obligar a las compañías que les fichen a ser "completamente transparentes" sobre las actividades y contratos de estas personas. También demandan que se publiquen las reuniones que tengan los responsables de los reguladores con las empresas del sector así como los documentos que éstas puedan enviar para influir en una determinada posición.

Mandatos de seis años

Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsable. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que permite "trazar objetivo a medio plazo" logrando una gestión "más eficaz".

Estas formaciones también sugieren la conveniencia de dotar suficientemente en los Presupuestos a estas entidades, así como la posibilidad de ampliar su autonomía financiera, de manera que, aunque sigan dependiendo de las cuentas públicas, puedan decidir pequeñas modificaciones presupuestarias sin tener que consultar todo con Hacienda.

Respecto a los salarios, piden evitar discriminaciones entre el personal de las administraciones independientes y el de la Administración General del Estado y entre las propias autoridades entre sí, y abogan por que el grueso de su personal sean funcionarios y las plantillas estén bien dotadas.

Sobre el control judicial, estos partidos consideran "ineludible" que todos los acuerdos adoptados por las administraciones independientes puedan ser revisados por la jurisdicción contencioso-administrativa igual que ocurre con las de la Administración General del Estado, y que algunos de ellos dejen de ser "recurribles en vía administrativa ante el ministerio del que dependan".