CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista ha presentado por registro una queja al Síndic de Greuges para que inste a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a entregar toda la documentación reclamada sobre las multas por aparcar mal en la zona azul durante el último año por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y las sanciones que presuntamente siguen sin ser saldadas por parte del edil del Partido Popular.
El escrito, firmado por la portavoz socialista, expone al Síndic de Greuges que, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, "se nos está privando de la documentación solicitada para poder fiscalizar y controlar la actividad de los órganos de gobierno y, sobre todo, para vigilar que los concejales y concejalas no utilicen su cargo con fines particulares y que no cometan posibles irregularidades", señala Puerta.
La queja recoge toda la información que se ha generado desde que el pasado 31 de enero, en el apartado de ruegos y preguntas del pleno municipal, el concejal socialista Jorge Ribes dio a conocer que el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, "llevaba meses aparcando en zona azul sin pagar presuntamente la tasa por estacionamiento".
En concreto, la documentación a la que habían tenido acceso el Partido Socialista apuntaba a un total de 167 posibles sanciones desde enero de 2023 a enero de 2024, de las que presuntamente solo habría abonado en tiempo y forma 33. Por todo ello, el edil socialista solicitó directamente en el pleno al concejal del PP que explicase cuánto dinero adeudaba presuntamente al ayuntamiento y, por extensión, a los vecinos y vecinas, además de informar sobre la situación de esas 134 multas presuntamente sin pagar. Así mismo, se reclamó a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que "explicase qué medidas iba a tomar".
Tras no obtener respuesta, ni por parte de Begoña Carrasco ni por Cristian Ramírez, ni tampoco por el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ese mismo día el Partido Socialista, por registro oficial, presentó una instancia general para solicitar información respecto a las multas impuestas al vehículo a nombre del concejal de Movilidad, desde el 1 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024. Entre los diferentes datos reclamados se ha solicitado: importe total de multas, número pendiente de pago, pagadas, importe total de las abonadas, importe total de las que están pendiente de pagar, pagadas con recargo, multas pendientes de pago con recargo e importe total de estas últimas, entre otros aspectos.
Tras esta denuncia, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, se limitó a decir horas después que Cristian Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar, que abonó esa misma tarde del 31 de enero por valor de más de 2.000 euros, sanciones acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos 9 correspondía ya a su periodo como concejal. Pese a ello, "seguía sin decir nada de las 167 multas que, como había denunciado el PSPV, había acumulado presuntamente durante el último año".
Por tal motivo, desde el PSPV se siguieron realizando preguntas en diferentes comisiones de estudio, pidiendo entre otras cuestiones informe de la empresa adjudicataria de la zona azul, en el que debía indicarse "cuántas multas han sido impuestas al vehículo a nombre de Cristian Ramírez de 2019 a 2023, cuántas se han pagado, cuántas están pendientes de saldar y cuántas se han cancelado sin previo pago”.
Todos estos datos forman parte de la documentación remitida al Síndic de Greuges, a quien se ha informado además de la celebración de la sesión plenaria solicitada por el PSPV para que compareciese públicamente el concejal de Movilidad para rendir cuentas, un pleno en el que, como señala Patricia Puerta, Cristian Ramírez "no dio respuesta a las preguntas planteadas por nuestro grupo y en el que exhibió una documentación a la que no hemos tenido acceso".
Al margen de disponer de esta documentación, para el Grupo Municipal Socialista no queda más camino que la alcaldesa de Castelló cumpla con sus obligaciones y cese de inmediato al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que sigue sin aclarar qué ha pasado con las 134 multas que, presuntamente, no ha pagado por aparcar de forma irregular en la zona azul de Castelló.
Patricia Puerta señala que, independientemente de todas las explicaciones que aún tiene que dar Ramírez, y los datos que ha de aportar, "solo con las 29 multas que ya ha reconocido públicamente es motivo más que suficiente para su dimisión o para el cese fulminante por parte de la alcaldesa de Castelló, que sigue siendo su cómplice al mantenerlo en el cargo". Además, "que tenga la desvergüenza que comparar este modus operandi de no pagar la zona azul con tirar colillas al suelo o no llevar luz en la bicicleta es tomarle el pelo a los y las castellonenses".
