Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Ni la forma, ni el fondo. Los grupos parlamentarios de la oposición Les Corts censuraron por activa y por pasiva el decreto-ley de simplificación administrativa impulsado por el Consell cuando este se presentó. Una norma que el pasado mes de julio, Vox, tras su salida del gobierno, forzó a que fuera tramitado como proyecto de ley para que la oposición pudiera participar en su redactado debido al calado de su contenido. Y lo cierto es que el primer balance del trámite parlamentario habla por sí solo: el texto legal ha recibido 316 enmiendas por parte de PSPV, Compromís y quienes fueran sus socios en el Ejecutivo hasta hace unos meses. Una cifra que aumenta todavía más, hasta las 355, si se suman los cambios registrados por los populares a su propia ley, si bien estos son en su mayoría matices técnicos.
Sin duda, las más significativas son las presentadas por Vox, su exsocio en el Consell, porque son quienes tendrían en su mano que la ley pueda salir adelante o no, dado que PSPV y Compromís no parecen dispuestos a tender su mano para ello. El grupo de José María Llanos registró este jueves 49 enmiendas entre las que destaca especialmente la propuesta de supresión de "la obligatoriedad de consignar una partida presupuestaria destinada a los sindicatos".
Pero también en la que proponen cambiar la equiparación de los sueldos de los funcionarios de la Agencia Antifraude: en lugar de homologarlos con los de Les Corts, como regula la ley recientemente modificada, los voxistas instan a que lo hagan con los de la Generalitat -si bien la mayoría de ellos ya provienen de esta administración-. Dos cuestiones que serán difícilmente aceptadas por el PP, en especial la primera, pues cabe recordar que ya el PP de Isabel Bonig lo planteó y generó una fuerte división a la interna además de ocasionarle malas relaciones con patronal y sindicatos.
Ahora bien, los más duros en sus planteamientos fueron los socialistas, que este jueves presentaron una enmienda a la totalidad con un texto alternativo de 255 páginas para rectificar uno por uno los cambios planteados por la ley. Además, replicaron esa enmienda a la totalidad en otras 210 enmiendas parciales: los socialistas quieren que se mantenga la responsabilidad social en la contratación pública, que los plazos para abrir una residencia y centros de servicios sociales se mantengan para ofrecer mayores garantías, mantener la revisión temporal de las zonas de gran afluencia turística, que en materia de urbanismo la Estrategia Territorial vuelva a ser un instrumento vinculante y no orientativo, o que la consulta pública previa en los Planes de Acción Territorial vuelvan a ser obligatorios para evitar "la arbitrariedad en la concesión de licencias ambientales".
Por su parte, Compromís presentó un total de 56 enmiendas parciales a la ley, pero rechaza por contra el registro de una enmienda a la totalidad para evitar, explican, alargar la tramitación parlamentaria de esta suerte de ley de Acompañamiento, dado que de validarse -algo que se antoja bastante improbable- obligaría a devolver la ley al Consell para su modificación y empezar todo de cero. Mientras tanto, además, seguiría vigente su aplicación porque la norma ya se encuentra en vigor.
Las modificaciones legales registradas por la coalición valencianista, eso sí, buscan también revertir principalmente el redactado legal que hace el PP respecto a los trámites requeridos en la ordenación del territorio y el despliegue de las renovables. En el primero, por ejemplo, pretenden volver al planteamiento anterior que aplicó el Botànic, donde la Estrategia Territorial era un instrumento vinculante de obligado cumplimiento y no un documento meramente orientativo como recoge la ley de simplificación administrativa y que, a juicio de Compromís, "potencia la especulación, no da solución al problema de la vivienda, destruye el territorio y redunda en un modelo contaminante". Así, el diputado de Compromís, Jesús Pla, plantea enmiendas para que esta estrategia vuelva a ser de obligado cumplimiento y "sirva de filtro para cualquier desarrollo urbanístico que se quiera impulsar".
En el caso de las energías renovables, el grupo liderado por Joan Baldoví también busca revertir el redactado actual de la ley para que vuelva al planteamiento desarrollado por el gobierno anterior y se aplique un Plan de Acción Territorial con criterios claros y preserve el territorio, de manera que fije e identifique y priorice cuáles son las zonas más adecuadas para instalar las plantas de renovables. Un enfoque similar también al que exponen los socialistas.
El más conocido como Plan Simplifica era uno de los planes estrella del actual Gobierno autonómico y una de las principales promesas electorales del president de la Generalitat, Carlos Mazón. El texto reduce la burocracia en todos los departamentos autonómicos al eliminar o modificar 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes.
La ley simplifica modificó, efectivamente, multitud de normativa autonómica e introduce todo tipo de novedades. De hecho, recordaba más bien a una ley de Acompañamiento a los Presupuestos, donde se aprovecha para cambiar numerosas normas. O, más ajustadamente, a los llamados 'decretos ómnibus', que permiten los cambios de varias leyes de manera simultánea en diversas materias. De ahí la importancia del texto a nivel legislativo.
Precisamente por esa complejidad normativa y lo que comporta su aplicación para los próximos años es por lo que resultó llamativo que el Consell recurriera en su día a la fórmula del decreto ley, que está pensada para legislar en aquellas materias en las que existe una "extraordinaria y urgente necesidad". La Constitución, de hecho, la considera provisional debido a que se ve como una excepción en la separación de poderes, dado que el legislativo recae en los Parlamentos. Sin embargo, los gobiernos la usan habitualmente.
La tramitación de un decreto ley resulta mucho más rápida y sencilla, pero existen menos controles. Aunque siempre suelen contar con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, se evitan los informes de órganos como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), encargado de velar por la legalidad y el ordenamiento jurídico en cada norma que sale de la administración pública.
Además, se elude toda la tramitación ordinaria en Les Corts al no haber posibilidad de presentación de enmiendas ni de debate, lo que rebaja la fiscalización de los partidos de la oposición. Únicamente es necesaria una convalidación por el pleno del Parlamento autonómico. Sin embargo, cuando llegó este momento en Les Corts, Vox rechazó que fuera tramitado como decreto ley y forzó para que lo hiciera como proyecto de ley. Un posicionamiento que cambió por completo el escenario y que obligará al PP a negociar su redactado a través de enmiendas.
Este jueves, con la finalización del plazo de enmiendas, Vox ya puso negro sobre blanco sus principales 'peros' al proyecto estrella de Mazón. Y aunque en el mejor de los casos el texto final no cambiara sustancialmente del inicial, lo cierto es que los populares tendrán que incorporar modificaciones para sacarlo adelante. Entre las más incómodas, eliminar las subvenciones a los sindicatos. Y todo pese a querer evitar cambios, dado que lo presentaron, precisamente, como decreto-ley para saltarse todo este proceso. Una vez aprobado, entrará en vigor, sustituyendo al actual texto que ahora ya se está aplicando.
