VALÈNCIA. El Botànic llegó a la votación de la Ley de Acompañamiento de 2023 más dividido que nunca. Fracturado por encima de sus posibilidades. A la ruptura que vivieron la semana pasada por la reforma del Impuesto de Sucesiones que impulsó el PSPV y apoyaron PP y Cs y la del despliegue de renovables -los socialistas solo han apoyado la creación de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN)-, se suma una nueva e inesperada: la que afecta a los bous al carrer.
El PSPV decidió este martes apoyar una enmienda presentada conjuntamente por PP y Ciudadanos que modifica la ley de tasas para que en los festejos taurinos sea la Generalitat quien asuma los gastos que no cubran las aseguradoras. En concreto, establecen que en los bous al carrer, "el sistema público valenciano de salud se hará cargo del importe no asegurado".
El debate sobre esta cuestión viene de lejos. Desde hace meses diferentes ayuntamientos -principalmente en la provincia de Castellón- y peñas taurinas que organizan estos festejos han asistido a una subida de los precios de las pólizas de seguros, indispensables para poder celebrarlos. Junto a esto, la cobertura también dejó de ser ilimitada en caso de producirse una cogida u otro tipo de accidente. De esta manera, si el siniestro que ocurriese en cualquier festejo superase la cuantía de la póliza del seguro, el sobrecoste debería ser asumido por los colectivos organizadores.
El escenario generó cierta incertidumbre en los consistorios -pues la Intervención advertía que no debían asumir este coste-, pero especialmente en los colectivos taurinos, que aseguraban no saber cómo afrontar la temporada de 2023 por la negativa a cubrir los actos por parte de ciertas aseguradoras o la limitación de la cuantía de las pólizas. Distintos colectivos reclamaron al Consell, a las diputaciones y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) participar en las reuniones que celebraban para abordar esta problemática porque consideraban que en la situación actual los bous al carrer estaban "en riesgo".
Con el dilema sobre la mesa, PP y Ciudadanos recogieron las peticiones de las peñas taurinas en una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales de 2023. La modificación registrada afectaba a la ley de tasas, que establecía diferentes supuestos en los cuales se debería hacer frente a tasas por servicios sanitarios en eventos festivos o espectáculos públicos.
En concreto, esta normativa fija que, en caso de que el coste de la asistencia sanitaria sea superior al asegurado, quien debería pagar el sobrecoste solidariamente serían los organizadores del espectáculo en cuestión. Un texto que populares y Cs enmendaron para añadir un nuevo párrafo con el fin de que a partir de ahora fuera sanidad quien se hiciera cargo del importe que excediera de las pólizas contratadas en el caso de que se produjera cualquier accidente.
La salvedad, eso sí, tan solo afectaría a los bous al carrer, pero no a otro tipo d espectáculos públicos o eventos festivos que se celebrasen en la vía pública, dado que el redactado de la enmienda tan solo hacía referencia a estos festejos en particular. En el resto, seguirían siendo los organizadores los que asumieran el gasto.
La sorpresa llegó este martes cuando el PSPV decidió apoyar el texto presentado por Partido Popular y Ciudadanos, con lo que la reforma legislativa salió adelante sin problemas. La sorpresa y cabreo de sus socios pudo verse no solo en el hemiciclo, también en redes sociales, donde la síndica de Compromís, Papi Robles, tachó de "deslealtad total" el voto del PSPV. "El PSPV ha votado a favor de una enmienda de PP y Ciudadanos para desviar dinero de la sanidad valenciana a pagar el coste de bous al carrer. Una deslealtad total con el Acuerdo del Botànic. El dinero de la sanidad debe ir a mejorar las listas de espera y contratar más personal"
A esto se suma, además, que la enmienda había recibido el criterio desfavorable por parte del Consell, del que los socialistas, cabe recordar, forman parte. Un criterio que no viene firmado por ninguna conselleria en particular, pero cuyas competencias afectarían a tres departamentos del PSPV: Hacienda -por la ley de tasas-, Sanidad y Justicia, donde recaen las competencias en Emergencias. "La modificación propuesta altera considerablemente el sistema de responsabilidad establecido en la normativa aplicable e impone cargas adicionales al sistema público de salud. En conclusión, procede rechazar la enmienda propuesta", concluía el criterio del Consell.