La vivienda es un derecho reconocido en la Constitución Española, todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. El papel del Estado es el de promover y regular las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación de acuerdo con el interés general. Si revisamos la definición sobre especulación de la RAE, en su segunda acepción: “efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones en el precio o de los cambios”.
Esto viene a cuenta de las noticias que se han publicado últimamente sobre los aumentos del precio del alquiler que se están dando últimamente. Los políticos se han puesto nerviosos y están decididos a acabar con el problema. Lo primero debería ser delimitar el problema y cuantificarlo. Una visita a conocidas direcciones de internet dedicadas al alquiler, publican estudios sobre precios de viviendas alojadas en sus páginas. En determinados barrios de determinadas ciudades se está incrementado el precio muy por encima de la media. El resto, sigan circulando, los alquileres están por debajo de los precios de hace diez años, subiendo, pero por debajo del precio que se pagaba entonces. Este es el problema, determinados barrios de determinadas ciudades.
Ahora las soluciones. Nótese que para un político una solución no es exactamente arreglar un problema, es tomar una medida que se pueda vender bien. Si es efectiva o no es una cuestión secundaria, lo importante es abrir el telediario con medidas. Se han anunciado dos soluciones posibles, la primera dirigida al aumento de la oferta de pisos, obligar a los propietarios a poner en alquiler las viviendas que no utilizan y, la segunda, limitar el incremento de precios. Ninguna de las dos va a solucionar el problema de esos determinados barrios de esas determinadas ciudades. El motivo es simple: del millón y medio de viviendas que existen vacías y que cumplen con los requisitos de digna y adecuada, pocas, muy pocas están en esos barrios, el efecto sobre el precio sería nulo o despreciable. La segunda medida, limitar el incremento del precio del alquiler cuando convergen determinadas condiciones, tampoco. Limitar el incremento, no va a favorecer un aumento de la oferta, va dirigida a fomentar la demanda, que va a seguir tensionando los precios en un único sentido. Se podrían aplicar ambas, pero el efecto seguiría siendo parecido.
No es un problema fácil de solucionar, se podría prohibir cualquier actividad económica sobre las viviendas, pero eso generaría un desastre de magnitudes bíblicas. El problema del alquiler se suma a la larga lista de distorsiones provocadas por la pésima intervención en el mercado. En la actualidad invertir en viviendas vuelve a ser rentable, es decir, el coste de adquisición es lo suficientemente bajo como para que la demanda actual de alquileres otorgue una rentabilidad superior a otras inversiones. Esto puede parecer especulación, pero no lo es. La palabra clave en todo este enredo es otras inversiones. La bolsa sigue por debajo de lo esperado, la actividad empresarial no despega, el Euríbor negativo y los bancos amenazando con cobrar por los depósitos en cuenta. La vivienda, esa con la que el Estado debía garantizar las medidas necesarias para evitar la especulación, vuelve a ser el refugio de los ahorradores, no son beneficios, es no perder el ahorro.
