Mayte Montaner, secretaria general de la Fesp-UGT. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El pasado mes de marzo Mayte Montaner fue elegida secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT PV tras un congreso en el que obtuvo un apoyo del 96,97 % de los votos. Un cargo que ejercerá durante los próximos cuatro años y en el que sucede a Luis Lozano.
Apenas unos meses después de tomar las riendas de la Federación, el Gobierno central y también la Generalitat Valenciana han realizado importantes cambios en el ámbito de su competencia: la entrada en vigor de la nueva Ley de Función Pública valenciana o la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que pretende reducir la temporalidad en las administraciones e impide que ningún interino esté más de tres años en una plaza pública, son algunos de ellos.
Castellón Plaza se reúne con ella para hablar de estos temas y también otros como la posibilidad que Presidencia de la Generalitat maneja introducir en el decreto de desarrollo de la ley de lobbies para que los funcionarios tengan que informar si se reúnen con grupos de presión.
-Lleva tres meses en el cargo, ¿cómo ha sido su aterrizaje?
-La verdad es que ha supuesto un cambio muy sustancial en cuanto al devenir del sindicato porque Luis Lozano era secretario general desde hacía mucho tiempo y por otra parte también es la primera vez que una mujer dirige la Federación de Servicios Públicos. Al principio, como todo cambio cuando cuando hay tantos años de gestión, que requiere hacer algunos ajustes. He cambiado el equipo también y se han incorporado muchas mujeres jóvenes, que era una cosa que yo quería hacer.
-La ministra María Jesús Montero anunció esta semana cambios sobre el decreto que pretende reducir la temporalidad en las administraciones. Sin embargo, esos cambios aún están por definirse y negociarse porque ahora se tramitará como proyecto de ley en el Congreso. Por el momento y sobre lo que hay por escrito realmente, ¿qué le parece la reforma del EBEP que recoge el texto de Iceta?
-Me parece un buen acuerdo. Es la mejor de las soluciones posibles que se ha podido dar: dejar en manos de la negociación colectiva la concreción de los criterios que ha establecido con carácter general el Gobierno central. Tenemos un Estado descentralizado en el que el reparto competencial impide al Gobierno imponer criterios en el ámbito de las Comunidades Autónomas, porque estas tienen leyes de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y de las corporaciones locales porque se debe preservar la autonomía local. Con lo cual, el Estado lo que ha hecho es dictar unos criterios mínimos con el acuerdo de la Mesa General de las Administraciones Públicas y entiendo por tanto que es un buen pacto. Ahora bien, lo será verdaderamente cuando se concrete en cada ámbito, por lo que necesitamos de voluntad política de la contraparte. El proceso de estabilización será por concurso-oposición, pero el decreto tal y como estaba negociado flexibiliza enormemente la fase de la oposición y eso significa que se podrán reducir el número de pruebas, ajustar los temarios, valorar de una manera diferente... El acuerdo deja abiertas las posibilidades de concreción de cómo serán esos procesos. Permite también por el momento, además, la indemnización de 20 días por año hasta un máximo de 12 meses para el personal que no apruebe estos procesos de estabilización, y ese personal podrá incorporarse en las bolsas que se conformen.
-Aquí sin embargo el acuerdo no agrada a los interinos, que pedían fijeza directamente. Montero ha anunciado que los que lleven más de 10 años no deberán pasar una oposición pero eso es algo que no está aún sobre el papel y que, a priori, es imposible porque la Constitución lo impide. Pero también les desagrada porque el proceso de estabilización no será restringido para ellos y no todos cobrarían una indemnización.
-No la cobrarán aquellos que no hayan aprobado la oposición del proceso de estabilización de los años 2017 y 2018, pero es que esos son procesos ya finiquitados o que están a punto de finalizar. Por tanto, la ley no puede aplicarse con efectos retroactivos. Nosotros la propuesta que vamos a hacer es que ese personal sea incorporado en las bolsas de trabajo con carácter preferente. El personal que forme parte de todos estos procesos nuevos de estabilización aprobados ahora y que se lleven a cabo hasta 2024 sí que tendrán indemnización.
-¿Propondrán que los que no aprueben tengan carácter preferente en las bolsas?
-Exacto. Que aquellos que no hayan aprobado y deriven de los procesos de estabilización de 2017 y 2018 puedan incorporarse con carácter preferente a las bolsas. Porque es verdad que los criterios de aquellas pruebas no son tan buenos como todo lo que se va a permitir ahora. Por eso nosotros tenemos expectativas muy altas de que el personal interino se quede, porque esperamos que en la aplicación de esos nuevos criterios puedan consolidar. En la fase de concurso de estos nuevos procesos que supondrá un 40% de la puntuación se establece que prioritariamente se valorará la experiencia en el puesto -cuerpo, escala, etcétera- de que se trate, lo que supone una clara mejora para los interinos. Y nosotros vamos a proponer, además, que preferentemente en la Administración convocante cómo así ha hecho la Administración General del Estado respecto de sus oposiciones. Y luego en paralelo que salgan las ofertas de los turnos libres para que también haya oportunidades para la gente de la calle, porque nosotros también queremos que se incorporen personas jóvenes. Por eso pedíamos la eliminación de la tasa de reposición.
-¿Y le parece equilibrado y justo ese 40% para la gente que se presenta de la calle? Porque no es un proceso restringido a los interinos, pero con este porcentaje casi sí se convierte en eso, porque la gente de la calle no puede competir con la fase de concurso y menos con esos porcentajes.
-Pero es que el personal que venga de la calle debería presentarse a las oposiciones de turno libre en la que no haya fase de concurso. Es cierto que estos procesos no van a ser restringidos, sino que serán abiertos y la gente podrá presentarse, pero sabiendo que no van a puntuar prácticamente nada en el 40%. Estas puntuaciones se ajustan a los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Constitucional, y no se vulneran los criterios igualdad y capacidad. Y todo el personal que viene a la calle tiene la opción de presentarse al turno libre, como todos hemos hecho cuando veníamos de fuera. La primera vez que te presentas una oposición vas al turno libre y no a un proceso de estabilización. Está claro que se tienen que sacar también plazas para el turno libre, pero por eso nosotros pedíamos la eliminación de la tasa de reposición para que cupieran todos y se contemplaran situaciones para el personal de la calle que quiere incorporarse. No es una cuestión de justicia entre ellos, es que cada uno va a tener su oportunidad.
-En cualquier caso, previamente a sumar ese 40% los interinos deberán pasar la fase de oposición. O al menos es lo que recoge el acuerdo actual que ha tramitado el Congreso, puesto que el anuncio de Montero de que no tengan que aprobar ese examen no está todavía sobre el papel. Las cifras de los últimos exámenes demuestran que apenas el 15% de los interinos los supera e, incluso, algunas bolsas han quedado vacías…
-Sí, pero los criterios de los procesos de estabilización anteriores eran mucho peores que los que se pueden fijar ahora. Ahora está en nuestra mano tratar de conseguir que la fase de oposición sea mucho más favorable para el personal interino y tenemos expectativas muy altas de que el número de aprobados ahora pueda ser muy grande. Si se redujera el número de temas, no descontaran las preguntas incorrectas, etcétera, podríamos tener muchas ventajas. Por eso nosotros vamos a centrar nuestra acción sindical en ello, para que este personal, algunos de ellos muy mayores, pueda aprobar y consolidar la plaza. Incluso, lo que te decía antes que queremos plantear: que aquellos que no aprueben, puedan tener carácter preferente en las bolsas.
-¿Y cómo se incorporarían a la bolsa? Porque la ley nueva de Función Pública dice ahora mismo que si no se aprueba el primer examen, no se puede acceder a la bolsa...
-Sí, efectivamente. Nosotros pedimos en la última Mesa General de dejar en suspensión este artículo de la nueva Ley de Función Pública para que el personal interino pudiera incorporarse a las bolsas, una modificación a través de la Ley de Medidas Fiscales. Y ya cuando finalicen estos procesos de estabilización, que tenemos de plazo de ejecución hasta 2024, reactivarlo. Pero aún estamos esperando una respuesta de la Administración.
-¿Y con esta reforma del EBEP no entran en colisión las dos leyes en este sentido? ¿La Generalitat estaría obligada a adaptar su normativa?
-Bueno, habría que ver exactamente si son preceptos básicos o no. Pero, efectivamente, para adecuarlo al contenido del nuevo acuerdo la Generalitat deberá mover ficha en ese sentido.
-Volviendo al anuncio de Montero, ¿UGT ve constitucional que se plantee que haya interinos que no deban superar una oposición para estabilizar?
-Hay que poner en valor una cuestión que se ha obviado: y es que el decreto ley se convalidó. A día de hoy lo que tenemos es eso. Cuando veamos el texto por escrito y veamos en qué se concretan estas medidas podremos pronunciarnos. Porque nosotros firmamos el mejor de los acuerdos en ese contexto. La incorporación de los interinos que no aprueben a las bolsas nunca se ha puesto en cuestión, por ejemplo. Pero tenemos que ver cómo queda el redactado final porque ahora se va a tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Si finalmente las Cortes deciden que el personal con más de 10 años se puede ir a la vía del concurso que recoge el artículo 61 del EBEP, es Constitucional, cuenta con informes favorables, etcétera, pues entonces nosotros no tendremos nada que decir. ¿Qué tenemos dudas sobre la constitucionalidad? Bueno, creo que sobre estas cuestiones hay mucho debate. Al final siempre se resuelven en el ámbito judicial porque las posiciones doctrinales son muy variadas y el derecho no es una ciencia exacta. Pero no me atrevo a pronunciarme sobre la constitucionalidad o no.
-Pero tal y como lo enumeraba usted, el anuncio tiene muchos condicionales para hacerse efectivo. Ciñéndonos a tal y como se anunció, ¿UGT ve constitucional todos esos cambios?
-Ahora los gabinetes jurídicos de las Cortes deberán pronunciarse, porque el Gobierno va a convalidar un decreto-ley con una minoría parlamentaria que no midió bien. A fin de que le convalidaran el decreto-ley tuvo que hacer cesiones a determinados grupos. Ahora habrá que ver si estas medidas anunciadas pueden implementarse en la ley. Pero insisto en que no me atrevo a valorarlo, porque si existen juristas que tienen dudas, ¿cómo nosotros vamos a pronunciarnos sobre ello?
-¿Y ve lógico que se haya tenido que terminar en todo esto? Me refiero: ¿hacer un anuncio de ese tipo con el único fin de salvar el decreto para que el Congreso no lo tumbara a sabiendas de que muy probablemente varias cosas que se prometieron no podrán validarse? Sobre todo teniendo en cuenta que a los sindicatos el texto de Iceta les parecía bien...
-Nosotros queremos que el acuerdo que salga tenga toda la seguridad jurídica para terminar con esta situación porque el personal interino está en una situación injusta desde hace muchos años. Si hay mejoras, las veremos bien, pero siempre y cuando tengan toda la seguridad jurídica necesaria. El texto que tenemos actualmente es el del decreto ley, no tenemos otro. Estamos a favor de que los interinos consoliden, pero con seguridad jurídica y con la garantía de que no se impugnen los procesos.
-De momento, tal y como se encuentra redactado el acuerdo, la Generalitat maneja una reducción de la temporalidad del 20%. ¿Qué cifra maneja UGT?
-Bueno, habrá que ver. Nosotros lo que entendemos es que ahora hay que ponerse a trabajar y pensar que todos estos procesos no consumen tasa de reposición. Por tanto, sí que se pueden ir sacando todos en el plazo en los términos establecidos en el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. De momento, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar con estos procesos de estabilización y mientras además sacar todas las plazas que sean posibles de turno libre porque las plantillas están absolutamente envejecidas y es necesaria también una renovación.
-Con todo lo que está diciendo, entonces, ¿ve viable que la Generalitat cubra las plazas de temporales en los tres años que exige el Gobierno de España?
-Yo entiendo que sí. Si nos ponemos a trabajar, sí. Si hay compromiso de las administraciones y nos ponemos a trabajar ya daría tiempo.
-¿También en Sanidad y Educación? Porque el último informe de la Sindicatura de Comptes cifraba un número de interinos de más de 24.000 personas y la temporalidad del 48%...
-De Sanidad y Educación yo no me atrevo hablar de momento porque tienen legislaciones sectoriales. Por tanto, esto va a requerir una adaptación y una negociación previa en sus sectores con unas modificaciones legislativas previas. Con lo cual, partiendo de estos criterios generales que contempla el acuerdo habrá que completar en cada uno de estos ámbitos porque las situaciones no son las mismas. En Sanidad y Educación hay mucha rotación de personal. Es verdad que es personal interino que cesa, pero comienza a trabajar y se incorpora de nuevo a través de las bolsas y bolsines, o vacantes. En cambio, el personal de la Administración autonómica o local es otra cosa. Es mucho más dramática porque te cesan y te quedas sin trabajo. Entonces, aún cuando los números son mucho mayores, el drama es menor en esos dos sectores porque se incorporan y van trabajando.
-Según el último informe de Intervención el porcentaje de temporales en el sector público se dispara por encima del 65%. ¿Cuál es la solución para UGT en este caso?
-Yo creo que perfectamente cabrían también este tipo de procesos u otros equiparables para producir o para realizar estabilización de este personal. Nosotros tenemos una Mesa del Sector Público, un foro, en el que se dictan criterios generales sobre relaciones de puestos de trabajo, condiciones, etcétera, sabiendo que por supuesto la legitimación negociadora la tienen luego los comités de empresa. Pero es cierto que este foro sirve para que no se produzcan las distorsiones que se venían produciendo de siempre en el sector público: que cada entidad era una taifa y realizaba sus políticas de recursos humanos. Ahora en esta mesa se dictan criterios y perfectamente se pueden abordar también estos procesos de estabilización de sector público instrumental y después que cada entidad los recoja y que ponga en marcha los procesos a todos los niveles.
-¿Tienen un cálculo de las OPE que se han celebrado en los últimos años en el sector público?
-Un cálculo no, pero es cierto que no se han realizado todas. Este es un tema complejo porque el sector público instrumental se ajusta también a derecho privado, al derecho laboral, y a veces engranar el derecho administrativo con el laboral no es fácil. El legislador debería resolver muchas de estas situaciones y no lo hace. Yo creo que la modificación del EBEP de alguna manera debe obligar a las administraciones y a las empresas públicas también a asumir las responsabilidades que en materia de recursos humanos tienen, porque al final no deja de ser sector público y por tanto tienen que ajustarse a los criterios de desarrollo y de evolución del sector público en general.
-La validación de la ley de Función Pública contempla que el 50% de las plazas de oposiciones se dediquen exclusivamente a oposición. ¿Qué le parece este apartado?
-Nosotros como UGT entendemos que hay que acabar primero con lo que tenemos en marcha. Tenemos tres años para finiquitar todo esto y, por tanto, durante estos tres años la ley va a estar un poco en stand by. Una vez esté estabilizado el empleo y pongamos el contador a cero, bueno, pues también entendemos que el personal de la calle tiene derecho a acceder a la Administración. Pero bueno, siempre se ha accedido a la función pública por oposición, lo que pasa que como llevamos tanto tiempo con el debate de los interinos, el debate se ha ido pervirtiendo. Pero el concurso-oposición siempre ha sido para otro tipo de situaciones como la estabilización. Así que, insisto, cuando tengamos el contador a cero no lo veo mal porque la gente de la calle también tiene derecho a acceder.
-Sin embargo, en la última OPE aprobada, la de 2021, se negoció de manera apresurada para sortear ese artículo de la ley. ¿No es contradictorio meter una cláusula de este tipo y luego trabajar para evitarla?
-Bueno, yo entiendo que eso se introdujo para poder resolver las estabilizaciones. Si entraba en vigor la ley de Función Pública nueva con lo del 50% no se podían acometer los procesos de estabilización.
-Pero hasta ahora la mayor cantidad de plazas que han salido en las OPE han sido para concurso-oposición y se introduce ese porcentaje en la nueva ley para intentar garantizar también el acceso de gente que viene de la calle, que hasta ahora no han podido entrar por no poder sumar méritos...
-Es verdad lo de los últimos años, pero insisto, por las tasas de temporalidad. Porque siempre los sindicatos hemos apretado para que pudiera puntuar la gente que estuviera trabajando. Pero anteriormente, si nos retrotraemos unos años, había procesos de oposición libre.
-Más allá de este artículo, ¿qué le parece la nueva ley?
-Nosotros hacemos una valoración positiva. Reduce cuerpos y escalas, que la anterior no permitía el desarrollo por ejemplo de las políticas de personal y fijaba más de 210 cuerpos y escalas. La de ahora es más flexible, avanza hacia un nuevo modelo de puestos de trabajo con funciones y mantienen cuerpos y escalas, pero muy reducidos. Si no recuerdo mal que estamos en un 90 y lo combina con el desarrollo de puestos de trabajo, que es lo que nosotros pensamos que es hacia dónde tiene que dirigirse la administración. También es una ley con perspectiva de género, limita la libre designación y potencia la formación a través de la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP), que será un organismo autónomo.
-¿Le preocupa el hecho de que Presidencia de la Generalitat quiera fijar en el decreto que desarrolla la ley de lobbies que los funcionarios también tengan obligación de informar de las reuniones con lobbies que mantengan?
-Nosotros entendemos que eso debería negociarse. Estamos de acuerdo con todo lo que sea ahondar en la transparencia y lucha contra el fraude. Ahora bien, ¿los funcionarios? ¿de qué estamos hablando? Los funcionarios de a pie no se reúnen con los lobbies de presión. Habría que concretar de quién se está hablando y en qué términos, porque sino esto no lo vemos. También proponían que no hubiera anonimato, y eso tampoco lo compartimos. El personal funcionario tiene un régimen sancionador propio que se fija en sus leyes de función pública. No cabe que en otra ley se pudieran regular cuestiones que son del ámbito de la función pública, porque sino hay una invasión de competencias.
-Si se quisiera introducir finalmente este apartado, ¿entiende que sería necesario reformar la Ley de Función Pública?
-Yo entiendo que sí, porque sino hay una invasión de competencias. Es que el régimen sancionador del personal funcionario se rige en el ámbito de la función pública, no en el que se pretende de Transparencia.
-¿Qué le parece que finalmente la ley recoja el requisito lingüístico? Aunque todavía deba desarrollarse...
-Nosotros siempre hemos dicho que hay que garantizar los derechos y lo que está en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. La Comunidad Valenciana es bilingüe y hay que garantizar los derechos de los trabajadores, pero también del personal que se dirija a la Administración. Nosotros siempre hemos pensado que lo que debe de establecerse son unos requisitos mínimos, que tampoco haga falta unas exigencias muy grandes para poder trabajar en la administración. Con poder interlocutar con una ciudadana o ciudadano que pregunte en valenciano, nosotros lo vemos suficiente. Pero ya veremos cuál será nuestra posición cuando se comience a desarrollar el decreto. Igual que en Sanidad, es mucho más importante la profesionalidad de los médicos, que no el hecho de que pueda hablar o escribir en valenciano. Ya modularemos en cada uno de los ámbitos. Nuestra voluntad principal es que sea una exigencia muy básica, elemental, y después las RPT ya establecerán el grado para cada caso. Porque lógicamente habrá puestos de trabajo que requieran una mayor capacitación.
