Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La futura de Ley de Vivienda que prepara el Gobierno ha generado todo tipo de reacciones tanto en el ámbito político como económico. Por ahora solo han trascendido algunas de las medidas porque el texto todavía sigue negociándose entre los socios de Gobierno, pero la polémica está servida. La propuesta estrella del futuro texto es la regulación de los precios de los alquileres a grandes tenedores de 10 o más viviendas y en las zonas con un mercado 'tensionado'.
A falta de conocer el borrador de la norma y el detalle de su articulado, lo que está claro es que el Gobierno busca el control de los precios para intentar estabilizar un mercado como el del alquiler, en auge desde hace años por el difícil acceso que muchos colectivos, especialmente los jóvenes, tienen a la vivienda. Y, para ello, impondrá estos límites en las zonas donde los valores hayan ido en aumento progresivamente en los últimos años.
De esta forma, y según los condicionantes que se barajan en este momento, una zona se consideraría 'tensionada' cuando se cumplan dos supuestos principales. El primero, que el precio del alquiler se haya incrementado cinco puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. El segundo, que las familias se vean obligadas a destinar al menos un 30% de su renta mensual al alquiler.
No obstante, como ya ha apuntado la ministra del ramo, Raquel Sánchez, serán las propias comunidades autónomas las que decidirán si quieren aplicar este control. De hecho, las autonomías gobernadas por el PP ya han declinado hacerlo al considerar que se trata de un intervencionismo en el mercado. En el caso de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Vivienda se ha mostrado partidaria de establecer esta medida.
Así pues, y de acuerdo con los dos parámetros anteriores, Castellón Plaza ha tratado de determinar qué municipios de la Comunitat estarían más cerca de considerarse zona tensionada. Para ello, se ha confrontado en primer lugar el índice del alquiler de vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya última actualización contiene datos de 2018, con los datos de renta media neta por hogar que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) para ese mismo año. De este modo, puede estimarse qué porcentaje de los ingresos mensuales se destinan de media en cada municipio al pago del arrendamiento.
De acuerdo con los resultados, en ninguna de las localidades valencianas que cuentan con datos oficiales se destinaría más de ese 30% de la renta neta al alquiler, si bien es cierto que hay zonas, como algunos de los puntos más turísticos de la costa alicantina, que se aproximan con creces a esa barrera. Ocurre así en Alfàs del Pi, donde los vecinos destinan de media un 29,4% de sus ingresos solo al pago de la vivienda.
En otros municipios cercanos, como Altea se invierte también el 27,8% de la renta, mientras que en San Isidro es el 26,9%, en Xàbia y Teulada el 25,1% y en Benidorm el 25,3%. El litoral alicantino, por lo tanto, concentra el mayor esfuerzo de las familias para hacer frente a la mensualidad del hogar con sus ingresos. Por debajo de los valores más altos, en otras zonas alicantinas como Orihuela, Elche o la propia ciudad de Alicante la horquilla se mueve entre el 17 y el 23%. En la mayoría de los municipios, no obstante, el porcentaje a pagar oscila entre el 11% y el 17%.
En el caso de Valencia, los ciudadanos que dedican una mayor cuantía a satisfacer su alquiler son los de Paterna, con un 19,3 % de sus ingresos, seguidos de los habitantes de Macastre (19,1%) y los inquilinos de la ciudad de València, que invierten de media el 18,2 % de la renta mensual. También con un porcentaje elevado se encuentran Manises (18,1 %) y Moncada (17,9%), mientras que en el lado opuesto está la localidad de Quesa en donde se destina un 5,4%. Godelleta, con un 11%, y Bocairent, con un 11,3%, son otros municipios con poca tensión en la provincia.
De igual modo, ninguna localidad de Castellón se sitúa el porcentaje por encima del 20%. Así, el municipio que más renta destina al alquiler es Moncofa (19,8%); seguido de Sant Jordi (18,2%); Oropesa (17,7%) y Peñíscola (17,6%). En la parte baja se encuentran Montanejos, (9,3%); Lucena del Cid y Borriol (10,7%) o Morella (11,6%).
Por otro lado, y respecto al segundo de los parámetros, no se ha podido analizar la evolución del alquiler respecto al IPC en cinco años porque el Ministerio de Transportes solo ofrece datos de 2015 a 2018. Así pues, se ha optado por calcular el incremento del precio del arrendamiento entre esos años y después compararlo con la subida del tipo general del IPC para el mismo periodo. En el caso de la Comunitat Valenciana, ese aumento se establecería en el 3 %.
Desde este punto de vista, se localizan varios municipios de la autonomía valenciana donde el precio del alquiler se ha incrementado mucho más de lo que lo ha hecho el IPC. Ocurre así en Soneja, donde los precios han subido hasta 53 puntos por encima del IPC, o Les Coves de Vinromà, donde el crecimiento es 48 puntos mayor. También sucede así en la Llosa de Ranes (47 puntos), Alfara del Patriarca (46), Simat de la Valldigna (45), Benasal (37) y San Miguel de Salines (33).
En general muchas de estas poblaciones se encuentran en el entorno de las capitales de Alicante y Valencia, y también en la comarca del Camp del Túria. Otras ciudades destacadas, como Villena, Requena o Morella estarían también en este escenario, a la vez que sorprende que Castellón esquive el ascenso moderado del IPC mientras que localidades cercanas, como Vila-real, Onda o Almassora, sí podrían considerarse tensionadas en este sentido.
Por el contrario, en municipios como Cullera, Santa Pola o Utiel no se superarían los cinco puntos porcentuales respecto al IPC. Tampoco en Benidorm, una población que pese a encontrarse entre las que más renta media mensual destinan a pagar el alquiler en la Comunitat, se habrían padecido grandes incrementos en el precio de la vivienda, al menos entre 2015 y 2018. Un periodo que todavía no refleja, eso sí, los movimientos acontecidos en los últimos años respecto a la vivienda, ni tampoco la manera en la que la crisis del coronavirus ha afectado al mercado.
