VALÈNCIA. El acuerdo del gobierno valenciano para intentar que los policías locales colaboren con la administración autonómica en la inspección de locales de juego no ha sentado nada bien entre el colectivo policial. Su principal sindicato, SPPLB, considera "lamentable y vergonzoso" que la Generalitat Valenciana transfiera de alguna manera su competencia en esta materia y la descargue también en los ayuntamientos.
El Consell trabaja para suscribir un convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), cuyo objeto es, como publicó Valencia Plaza, "la colaboración de los Ayuntamientos en la inspección, vigilancia y control de la actividad del juego en la Comunitat Valenciana". Con ello se busca crear "un marco" para que los municipios que dispongan de cuerpo propio de Policía Local y "así lo manifiesten voluntariamente" puedan "adherirse singularmente" para que los agentes municipales trabajen codo con codo con el cuerpo autonómico en estas tareas.
Ciertamente, la Ley del Juego atribuye a la administración autonómica la tarea de "inspección y control de las actividades relacionadas con el juego, así como de las empresas que participen y de los establecimientos en que se practique". Pero los problemas de efectivos en el cuerpo de la Policía Autonómica, dependiente de la Generalitat, le ha empujado a buscar esta colaboración con los municipios para hacer frente a la carga de trabajo que implica la inspección y el resto de labores contempladas en la normativa.
Por ello, el secretario de organización del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), Jesús Santos carga contra la decisión: "Es una de sus competencias y tiene una Policía Autonómica descafeinada". En ese sentido, acusa a la administración autonómica, y en concreto a la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, de no hacer frente a sus obligaciones.
"Los ayuntamientos no tienen capacidad para todo", asegura Santos para resaltar la falta de efectivos que también afecta a los cuerpos municipales de policía. Y en esa línea, asegura que "está genial" que asuman más funciones como la atención a los delitos de odio, contra el patrimonio, para inspeccionar apartamentos turísticos, "pero los agentes son los que son y la Generalitat no cumple con su obligación".
En la Generalitat insisten en que el cuerpo de policía local es el que "más a pie de calle" se encuentra y por ello, teniendo en cuenta que los agentes municipales "ya inspeccionan sobre otras materias de normativa de establecimientos comerciales", como el cumplimiento de licencias de actividad, en la Generalitat consideran una buena opción este convenio de colaboración.
Con todo, recuerdan de que se tratará de una atribución "voluntaria" en la que los consistorios pueden colaborar si así lo desean. Y por eso, se prevé poner en marcha campañas con los ayuntamientos para recabar el apoyo municipal a esta colaboración. Pero Santos cuestiona que los municipios debieran aceptar estas nuevas atribuciones porque "no tienen capacidad" para asumirlas con unas plantillas contenidas y envejecidas. El tiempo dirá el grado de aceptación de los consistorios.
