Reflexiones de un ex servidor público e inmigrante español

Dentro del contexto de la creciente movilidad internacional, la inmigración es un tema central en la agenda política de muchos países. Como ex servidor público y español que nació y vivió fuera de su tierra natal durante 16 años, y descendiente de una familia que ha experimentado la emigración durante varias generaciones, creo firmemente que los gobernantes tienen la obligación ineludible de regularizar la inmigración legal y frenar la inmigración ilegal. Esta no es solo una cuestión de resultados electorales, sino una tarea esencial para garantizar la estabilidad y prosperidad del país a largo plazo.

Los gobernantes, especialmente aquellos que tienen la responsabilidad de liderar una nación, deben actuar con una visión estadista, es decir, con la capacidad de pensar más allá del ciclo electoral y enfocarse en el bienestar duradero del país. Desafortunadamente, la política migratoria a menudo se convierte en un terreno de batalla donde los partidos buscan réditos electorales inmediatos, tomando decisiones que complacen a un sector del electorado, pero que no resuelven los problemas de fondo.

La inmigración siempre, a lo largo de la historia, ha sido un fenómeno complejo. Por eso, no puede gestionarse de manera efectiva a través de decisiones impulsivas basadas en las noticias del día. Los ciudadanos quieren de sus gobernantes decisiones reales, no solo titulares vacíos que respondan a la presión mediática del momento. Un buen gobernante debe resistir la tentación de actuar como un títere de la opinión pública, cuyas cuerdas son movidas por titulares sensacionalistas o incidentes aislados. En lugar de ello, se requiere una política migratoria basada en datos, estudios exhaustivos y una planificación a largo plazo que contemple tanto las necesidades del país receptor como los derechos y las expectativas de los inmigrantes.

La regularización de la inmigración legal es esencial para garantizar que los inmigrantes puedan integrarse adecuadamente en la sociedad. Este proceso no solo implica permitir la entrada ordenada de extranjeros, sino también asegurar que quienes llegan puedan contribuir de manera efectiva al desarrollo económico, social y cultural del país. Un sistema migratorio regularizado ofrece garantías tanto a los inmigrantes como a los ciudadanos del país receptor, promoviendo un ambiente de seguridad y cohesión social.

Mis padres y abuelos también fueron emigrantes, y al establecerse en nuevos países, cumplieron con los requisitos necesarios para ser bien acogidos: aprendieron el idioma del país receptor, respetaron sus costumbres, se integraron en su cultura y compartieron la nuestra. Este proceso de integración, donde ambas culturas se enriquecen mutuamente, es el verdadero mestizaje que produce una buena convivencia, como se ha demostrado a lo largo de la historia en tantas culturas y países.

Vivir fuera de España durante tantos años y haber viajado a numerosos países me ha permitido observar de primera mano cómo otros países manejan sus políticas migratorias. En naciones con sistemas bien estructurados, los inmigrantes tienen mayores oportunidades de integrarse y prosperar, lo que a su vez beneficia al país en su conjunto. Sin embargo, cuando la inmigración legal no está bien regulada, los inmigrantes pueden terminar en situaciones de vulnerabilidad, trabajando en la economía sumergida o siendo víctimas de explotación de todo tipo.  Esto no solo es perjudicial para ellos, sino que también crea tensiones sociales y desconfianza entre la población local.

Frenar la inmigración ilegal es una tarea igualmente crucial, pero debe abordarse con un enfoque humanitario y práctico. Es innegable que la inmigración ilegal trae consigo una serie de problemas, desde la explotación laboral hasta la presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, la solución no puede ser simplemente levantar muros o endurecer las políticas de deportación sin un plan integral que aborde las causas subyacentes de la migración.

En lo referente a la inmigración ilegal, considero que estamos ignorando el problema o siendo demasiado buenistas, y esto, a largo plazo, no trae buenas consecuencias. Es necesario reconocer que, al igual que en otras áreas de la gobernanza, un enfoque equilibrado es clave. Es imperativo dotar de más medios a nuestras fuerzas de seguridad, que están comenzando a ser desbordadas en demasiadas ocasiones. Sin el apoyo adecuado, las fuerzas encargadas de proteger nuestras fronteras y garantizar el orden se ven sobrepasadas, lo que aumenta el riesgo de que la situación se descontrole.

Los gobernantes deben trabajar en cooperación con otros países para abordar las razones por las cuales tantas personas se ven obligadas a emigrar de manera irregular, ya sea por conflicto, pobreza extrema o falta de oportunidades. Además, es necesario mejorar los mecanismos de control en las fronteras y en los sistemas de visado, pero siempre respetando los derechos humanos y ofreciendo alternativas legales y seguras para aquellos que buscan una vida mejor.

En resumen, los gobernantes tienen una doble responsabilidad en materia de inmigración. Por un lado, deben regularizar la inmigración legal, creando un sistema justo y eficiente que permita la integración de los inmigrantes en la sociedad. Por otro, deben frenar la inmigración ilegal, abordando las causas profundas y asegurando que las políticas de control no infrinjan los derechos fundamentales de las personas.

Este enfoque requiere una visión a largo plazo, un verdadero sentido de responsabilidad estadista, y la voluntad de resistir las presiones del populismo y el sensacionalismo mediático. Solo así se podrá construir una política migratoria que beneficie a todos: a los inmigrantes, a los ciudadanos y al país en su conjunto. Los políticos deben recordar siempre que están al servicio del bien común, y no simplemente de los intereses a corto plazo de quienes gritan más fuerte. El verdadero mestizaje, como el que vivieron mis antepasados, es aquel que se basa en el respeto mutuo y la integración, produciendo una convivencia armónica y enriquecedora para todos.

Jose Miguel Tolosa es economista y fue alcalde de El Puig de Santa María entre 2008 y 2015