El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Foto: H. BILBAO/EPVALÈNCIA (EFE). Repsol, la mayor petrolera española, y CaixaBank, el mayor banco en España, están financiando juntos un tercio de los 2.900 millones de euros que el Gobierno recaudará este año con el impuesto que ha creado ante los "beneficios extraordinarios" de las empresas de ambos sectores.
Con ese impuesto, que el Ejecutivo ha dicho que será temporal, el Gobierno quiere gravar los elevados beneficios que energéticas y bancos están obteniendo gracias en parte a la elevada inflación, catalizada por la invasión rusa de Ucrania y particularmente en las materias primas energéticas- y a la rápida subida de lo tipos de interés y del euríbor, para combatirla.
De hecho, los grandes bancos y compañías energéticas españolas cerraron 2022 con resultados récord, lo que pone de manifiesto cómo fueron capaces de captar tanto las subidas de tipos de interés como el incremento de los precios de la energía.
Los seis bancos cotizados españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- lideraron el IBEX 35 con un beneficio conjunto de 21.000 millones, concentrando el 40 % de las ganancias de las grandes cotizadas españolas, y superando en un 5 % el volumen del año anterior.
Las grandes del sector energético -Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy- también obtuvieron resultados récord en el año de la guerra, que provocó una crisis energética sin precedentes en Europa y llevó a intervenir el mercado.
Apenas una docena de bancos y empresas energéticas pagarán este año entre 2.660 y 2.690 millones de euros, según las cifras que han ido facilitando ellas mismas, y sólo Repsol y CaixaBank aportarán el 33 % de esa cantidad. En conjunto, el Gobierno prevé recaudar en 2023 un total de 2.900 millones.
Los principales grupos energéticos y bancarios del país han ido facilitando en estos días lo que les suponen aproximadamente los nuevos impuestos, coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales.
Las grandes empresas energéticas y entidades financieras ya han abonado 1.454,5 millones, según detalló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un día después de que el pasado 20 de febrero acabara el plazo para realizar el anticipo obligatorio del impuesto. En septiembre se deberá liquidar el resto.
Según sus datos, el gravamen energético ha recaudado 817,4 millones y el bancario, 637,1 millones, en el primer periodo, lo que avanza que la recaudación anual superará los 2.900 millones, en línea con lo previsto por el Gobierno.
El objetivo del Gobierno con estos gravámenes extraordinarios es recaudar 7.000 millones de euros en dos años, con el fin de contribuir a sufragar el coste de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis en la ciudadanía.
En el caso de las energéticas, el impuesto afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
La prestación patrimonial -coloquialmente llamada impuesto- gravará las ventas durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
De acuerdo con los datos dados a conocer por las propias compañías, las petroleras son las que harán un mayor desembolso con cargo a los ingresos que tuvieron en 2022.
En concreto, en el caso de Repsol el gravamen temporal energético (GTE) correspondiente a las operaciones de 2022 se estima en unos 450 millones, y Cepsa pagará unos 325 millones, según ha detallado este mismo viernes.
Naturgy, principal comercializador de gas en España, que también vende electricidad, estima en 300 millones el coste por el impuesto en su primer año de vigencia; mientras que Endesa tiene previsto desembolsar 208 millones de euros este ejercicio en concepto de los ingresos registrados en 2022 e Iberdrola ha cifrado el impacto en 200 millones por los ingresos en ese ejercicio.
Repsol, Iberdrola y Endesa, además de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa y EDP, han dado a conocer que han recurrido el impuesto.
En el caso de las entidades financieras, el gravamen afecta a aquellas cuyos intereses y comisiones superaron los 800 millones en 2019, lo que incluye principalmente a la gran banca -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco- y alguna otra entidad, que tienen que pagar un tipo del 4,8 % de la suma de ingresos netos por intereses y comisiones.
El Gobierno espera ingresar por esta vía 1.500 millones anuales, o sea, 3.000 millones en los dos años.
Entre los bancos, CaixaBank, por su tamaño en España, es la entidad que más pagará: unos 400 millones en el primer año de vigencia, según ha informado.
A continuación se sitúan el Banco Santander, que estima que le costará este año entre 220 y 230 millones, y BBVA, que lo cifra en 225 millones.
Por su parte, el Sabadell, a través de su consejero delegado, César González-Bueno, ha señalado que el banco pagará unos 170 millones este año por el gravamen extraordinario; mientras que Bankinter estima entre 80 y 100 millones lo que abonará.
Aunque Unicaja Banco no ha afinado las cifras, a tenor de los datos presentados, le costaría menos de 85 millones, dato que podría ser inferior, atendiendo al negocio bancario.
Las patronales bancarias AEB y CECA, además de la entidad Kutxabank, han recurrido también el gravamen, al igual que las compañías energéticas citadas anteriormente, aunque ya han tenido que abonar el pago que correspondía en febrero.
