Rosa Pérez: "Me preocupa que el caso del 'yonki del dinero' quede en nada"

VALÈNCIA. La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática fue la segunda cartera con un mayor ascenso en el presupuestos para 2022 presentados el pasado mes de noviembre y que se encuentran pendientes de debate en Les Corts Valencianes.

La responsable autonómica de este departamento y líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo (Catarroja, 1972), analiza para Valencia Plaza las particularidades de estas cuentas y los objetivos de su conselleria para el próximo año, además de algunas otras cuestiones de actualidad.

-Su conselleria ha salido bien parada en los presupuestos. ¿Qué análisis hace?
-Estoy contenta por dos cosas. Primero, respecto a nuestras competencias, por ejemplo en Cooperación, donde existe un compromiso firmado en 2019 por el que debemos caminar para llegar en 2030 a la aportación presupuestaria de 0,7%. En segundo lugar, también estoy feliz por haber llevado adelante una parte de los presupuestos participativos, que es algo en lo que somos pioneros en España.

-En cooperación, el presupuesto se ha doblado. ¿En qué políticas se va a centrar?
-La mayor parte, 40 millones de euros, van dirigidos a los proyectos de cooperación. Ahí estamos trabajando con la coordinadora de ONGD de la Comunitat Valenciana, que ha ejercido siempre un papel fundamental incluso en momentos muy duros, para diseñar el destino de los fondos que además de la cooperación en sí, se dirigen al ámbito humanitario y también en materia de educación para la ciudadanía.

-¿Cree que el Gobierno valenciano ha recuperado la confianza de las ONGD y otras organizaciones en este tiempo tras el caso Blasco?
-Quiero pensar que sí, por eso tenemos reuniones periódicas y una estrecha colaboración con la coordinadora y con otras organizaciones. Desde el punto reputacional del Gobierno valenciano, ha sido muy importante desterrar la imagen de aquel caso, donde los condenados cogían el dinero de proyectos destinados a otros países con extrema necesidad y los llevaban a sus bolsillos.

-Aun así, y pese a la subida, todavía se está lejos de lograr el anhelado 0,7%; en los presupuestos actuales no se alcanza el 0,3% . ¿Hasta dónde cree que puede llegar en esta legislatura?
-A mí me gustaría llegar a rozar al menos el 0,4% en 2023. Hemos dado un paso de gigante en los últimos dos años pero la idea es seguir avanzando.

-Este sábado tienen un acto para desenterrar fusilados de la guerra civil en Paterna. En concreto la fosa 126, la más grande documentada de la Comunitat Valenciana...
-Será un acto muy emotivo, como siempre que iniciamos las excavaciones de las fosas. Además, en este caso es la más grande del territorio y se estima que hay 241 personas. Los familiares llevan 80 años esperando este momento y es de justicia pelear por ello. Es un acto de retornar la dignidad, no de las víctimas, que nunca la perdieron, sino la dignidad de un país que no puede avanzar en una democracia si se construye sobre las fosas comunes de aquellos que lucharon por nuestros derechos y libertades. Estoy contenta de que estemos haciendo esto, aunque una siempre tenga la incómoda sensación de que se llega tarde, porque las parejas de los asesinados ya no lo han podido ver e incluso los hijos o hijas tampoco. Es una pena que no se haya hecho antes, aunque nosotros lo hemos abordado en cuanto hemos podido.

-En este aspecto fundamental de memoria democrática, ¿qué objetivos tiene para lo que resta de la legislatura?
-Hay localizadas 531 fosas. Entre el trabajo que iniciamos en la Diputación de Valencia en la pasada legislatura y que ahora seguimos en la conselleria, además de la línea de subvenciones que tenemos con otras administraciones como las locales para que colaboren, diría que estamos a falta de unas 200 fosas por excavar. Estamos trabajando ahora en el mapa de exhumaciones. Es una tarea difícil pero no estaríamos lejos del objetivo marcado, que es vivir en un territorio libre de fosas. Y creo que en 2023 cumpliremos con esa meta o estaremos cerca de hacerlo.

-¿Qué valoración de los presupuestos participativos? Se han consignado 101 millones de euros, ¿cuál es el objetivo a futuro?
-Este año los iniciamos con una especie de proyecto piloto. No se había hecho nunca en el Estado español y es una primera experiencia. Ahora todo esto va a una mesa de expertos donde están las universidades, la sociedad civil, el gobierno... para hacer un reglamento que regule los presupuestos participativos cada dos años con la idea de ir aumentando la cuantía económica y la participación en sí. Desde pequeños nos enseñan a acatar las decisiones pero no a formar parte de ellas. Hay que fomentar esa cultura de la participación que va más allá de votar cada cuatro años. Tenemos que educar y concienciar en esto para mostrar a la ciudadanía que hay resultados en ello.

-¿La participación se produce más a través de colectivos?
-Es importante que la gente se organice y los movimientos sociales estén vivos pero también lo es que las personas individuales tengan cauces de participación. De hecho, creo que sólo 31 propuestas venían de colectivos y el resto, más de 800, venían de particulares. Lo importante es que hemos puesto en marcha el proyecto piloto y ahora vamos a regularlo para en avanzar en esto.

-¿Cómo se hace pedadogía para esto?
-Es un reto. Hay que hacer un trabajo desde los colegios, con los consejos de la juventud, las organizaciones sociales e implicar también a los ayuntamientos, porque la administración local es la más cercana a la ciudadanía y si les sumamos en estos procesos de participación es todo más fácil. Es evidente que esto no va a ser de un día para otro, porque estamos hablando de promover una cultura de participación.

-¿Ha encontrado colaboración de las diferentes consellerias en este proyecto de los presupuestos participativos?
-Estoy muy agradecida a todos mis compañeros del Consell. Ha sido un trabajo difícil y largo: piensa que la gente hace sus propuestas pero luego hay que revisarlas y darles forma. Esto se ha trabajado desde las consellerias y no hubiera sido posible sin la colaboración de todo el Gobierno valenciano.

-¿Está contenta en el ámbito de transparencia de cómo se está llevando el control y la difusión de la publicidad institucional desde el Gobierno valenciano?
-Como consellera de Transparencia siempre quiero más transparencia. Debemos ser exigentes con nosotros mismos y hay mecanismos que se pueden mejorar. Pero también debo decir que somos referencia en datos abiertos con nuestro portal de transparencia y, de hecho, en el ranking Dyntra somos el primer gobierno autonómico de España en transparencia. En cualquier caso, siempre creemos que se puede avanzar más y trabajaremos en esa línea.

-¿Cree que en Presidencia se le está dando la importancia que se merece a la transparencia en este aspecto?
-Están cumpliendo con lo que marca la normativa en cuanto a la difusión de datos.

-¿Por qué no está funcionando la plataforma o visor que debía estar en marcha para consultar estos datos?
-Esta herramienta está preparada y esperamos que en algún momento esté en funcionamiento, pero no puedo dar un plazo.

-Pasando a otras cuestiones, algunas de las causas que usted denunció, como las relacionadas con el caso Taula, están sufriendo importantes vaivenes. Teme que la estrategia de Marcos Benavent ponga en riesgo pruebas fundamentales de la causa como los audios que usted llevo a la Fiscalía?
-Sigo este asunto con preocupación desde hace tiempo. Se ha confiado en una persona que ha dado un giro que yo esperaba en cualquier momento. No deberían haberse apoyado tanto en él y se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Quiero insistir en que yo no presenté sólo 10 horas de grabación, aporté también mucha documentación y alguno de los temas nunca se presentó en el juzgado. Por ejemplo, la cuestión de las 'leds', que pienso que estaba muy documentado, nunca pasó de la Fiscalía. Hay que recordar que presenté esa denuncia en julio de 2014 y ahora estamos casi en 2022, fíjate lo que se ha alargado. Me sorprende que se haya confiado en una persona que se ha autodefinido como un 'yonki del dinero' y se haya basado tanta instrucción del proceso en una persona que podía dar un giro como el que ha dado. Así que me preocupa seriamente que todo esto acabe en nada, porque enviamos además un mensaje a la sociedad que es peligroso para una democracia: que denunciar -con el via crucis que supone- solo puede traer problemas y que a los presuntos delincuentes no les acarrea consecuencias.

-Después de sus años en la Diputación, ¿cómo ha visto todo lo que ha envuelto la disolución de Divalterra o el estallido del caso Azud II, con las investigaciones a personas como Rafa Rubio o Jose Luis Vera? Este último sigue en su puesto, de hecho.
-Yo era partidaria de cerrar Imelsa en cuanto entré en el gobierno de la Diputación. Lo que había allí era imposible de sanear. Las empresas públicas tienen que ayudar a gestionar a la Administración no están para que exista una opacidad y sean un problema. Lo planteé pero no hubo coincidencia entre los cuatro partidos. Insistí en ello y a final de la legislatura se dijo que se iba a hacer pero finalmente no ocurrió. Ahora parece que sí va a adelante, pero lo que pienso es que esto se ha demorado muchísimo.

-Son muchos los organismos que han alertado estos meses del abuso del procedimiento de emergencia en la contratación pública. ¿No ve una contradicción entre la transparencia y ese tipo de procesos?
-Hay que buscar un equilibrio. Se supone que los mecanismos establecidos están para blindar a la Administración de la corrupción, que es de donde venimos en los años anteriores. Ahora bien, tiene que haber un equilibrio para que tú también puedas actuar como Administración si llega una situación de urgencia en la que tengas que ser rápido, como ha pasado en la pandemia, y no te veas totalmente encorsetado en un escenario así. Eso sí, nosotros en Transparencia llevamos un seguimiento de todo eso y decimos que todo esto sea público y conocido, también en los fondos Next Generation, pero es cierto que en momentos como el que estamos pasando debemos poder llevar adelante determinadas políticas.

-El Botànic, con los votos de su grupo, ha rechazado hasta casi una veintena de comisiones de investigación esta legislatura en Les Corts cuando en la pasada se acumularon 12 con asuntos en su gran mayoría sobre la etapa del PP. Alguna de las 'tumbadas' han sido las ayudas al hermano de Ximo Puig, la gestión de los centros de menores, los procedimientos de emergencia para la contratación pública, las posibles irregularidades en fundaciones dependientes del Consell… De hecho, solo hay una en marcha sobre la deuda pública de la CV. ¿La transparencia se ha dejado de lado en el Parlamento autonómico?
-No, no tiene nada que ver la transparencia con intentar politizar y montar escándalos donde no los hay. Las comisiones tienen que ser excepcionales y para cuestiones clave. Hay organismos independientes como el Consejo de Transparencia, la Agencia Antifraude... que antes no existían y, en muchos de esos casos, han elaborado informes. ¿Entonces las comisiones son para investigar los organismos que son independientes y ya investigan?

-Bueno, pero es subjetivo lo que se debe llevar a una comisión de investigación o no. Seguramente, a la oposición sí le parece que deberían abrirse esas investigaciones en Les Corts sobre determinadas cuestiones tal y como hacían ustedes cuando estaban en la oposición e incluso ya en el gobierno...
-La cuestión es que esos mecanismos no existían antes y se pusieron en marcha con el Botànic. Entonces, no veo lógico poner en duda los organismos autónomos que existen y que ya investigan.