Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha lamentado la "mala fe" contra él en el caso Imelsa y ha criticado que ha habido un "juicio político" con una sentencia "ya puesta" antes de sentarse en el banquillo.
Rus se ha pronunciado en estos términos en el turno de la última palabra en el juicio que se sigue contra él y otras 24 personas más por las piezas B y F del caso Imelsa, relativa a los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.
Rus, que se enfrenta a 12 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, ha señalado: "Aquí me hablan de que uno iba --a Imelsa-- y otro no... ¿Y a mí que me dicen?", se ha preguntado.
En su declaración durante el juicio, el pasado 26 de enero, se desentendió de Imelsa y de Ciegsa y negó haber cometido algún tipo de irregularidad. Aseguró que "jamás" había contratado a 'zombies' ni dio órdenes al respecto.
Y hoy ha seguido esta línea. El expresidente de la Diputación, acompañado de una libreta y varios papeles, se ha dirigido al tribunal para asegurar que no había querido hablar antes, durante los siete años de instrucción, porque "ha habido tanta mala fe que no podía contestar porque ya tenía la sentencia antes de venir aquí", ha criticado.
"No he entendido nunca --ha añadido-- lo que era este juicio porque como presidente de la Diputación era algo que a mí no me iba. No me podía encargar de si había asesores o no, estaban los mismos que antes de entrar yo de presidente. De eso no me enteraba ni me interesaba. Iba a números fijos", ha dicho.
Así, considera que éste ha sido un juicio "político" por parte del ministerio público. "Lo dije antes y he estado siete años sin hablar por prescripción de mis abogados y por respeto a la justicia, porque soy incontinente", ha bromeado.
"Y en estos siete años --ha añadido-- hemos pasado por un invento de que yo tenía dinero, terrenos, pisos y chalets en Brasil, y yo no he estado en Brasil desde 1978, en Carnavales. Y ahí no tenía nada", ha subrayado.
En esta línea, ha señalado: "He aguantado porque debía de estar ahí sentado. No sé que hago aquí. Solo ser responsable y dar la cara y nada más. Y como no quieren que hable más --el presidente del tribunal le ha llamado la atención por no ceñirse a los hechos del juicio--, termino y en paz".
Por su parte, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', visiblemente emocionado, ha vuelto a pedir perdón por "todo lo perjudicado" al PP, Rus o al ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla. "En esta causa ya ha habido varios suicidios, ruinas personales y profesionales, trastornos mentales... Esto es muy doloroso", ha dicho, para agregar: "Me siento culpable por haberme dejado tratar como un títere perjudicando a todas las defensas".
Seguidamente, ha apuntado: "Mi intención venía cubierta por la promesa de la Fiscalía, en colaboración con mi anterior defensa, de no entrar en prisión y de que mis hechos no iban a tener consecuencias". "Declaré con interrogatorios de muchas horas y no sabía lo que afirmaba y negaba, y el único propósito era validar unas grabaciones de las que nadie supo decir de dónde habían salido", ha dicho.
Sobre las grabaciones, el acusado ha señalado que las manipuló con el ordenador, "hice un copia y pega", y ha indicado que guardaba su disco duro con las mismas en un armario de su casa, o de lo que era la casa de su exmujer, "de la que mi exsuegro lo sustrajo y lo usó sin mi consentimiento ni autorización".
"En ese disco duro --ha agregado-- estaba mi vida, mis correos, grabaciones y fotografías y se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, de imagen, la protección de datos, la presunción de inocencia y la revelación de secretos", ha lamentado, y ha asegurado que no pudo acceder a cogerlo porque la casa, tras su "tenso divorcio", estaba "con alarmas perimetrales". Y ha concluido preguntando: "¿El fiscal ha venido a juicio todos los días?; ¿Somos seres humanos?; ¿Sabe el fiscal lo que es la empatía?".
Por otro lado, Emilio Llopis, exjefe de gabiente de Rus, ha comenzado su derecho a la última palabra matizando al fiscal, al que le ha asegurado que no diputado provincial, hecho que "denota cierta falta de rigor en la instrucción", ha afirmado. "Fuí jefe de gabinete, que era uno de los 49 asesores que tenía la Diputación y mi función era muy clara: llevaba la agenda del presidente, coordinaba la comunicación, me encargaba de asuntos de protocolo, dietas y viajes", ha enumerado. Pero, ha aclarado: "Nunca he contratado a nadie, no he recomendado a nadie y me he limitado a cumplir con mi trabajo", ha resaltado.
Por su parte, María Escrihuela, quien ocupó el cargo de directora de personal en Imelsa, ha manifestado: "Llevo siete años repitiendo lo mismo y ya no sé qué decir. Parece que esto no se quiera aclarar, sino acusar".
Así mismo, ha puntualizado que no tenía "ninguna motivación" para cometer el delito y ha destacado que tampoco tenía ninguna vinculación alguna a ningún partido político. "Esto es de traca", ha apostillado.
Por otro lado, otro acusado, Ángel Ramón Sanchís, supuesto asesor de Llopis, ha afirmado que cuando le contrataron hizo el trabajo y cumplió con sus obligaciones: "Nunca hubo un descontento por parte de Llopis. Hice el trabajo lo mejor que pude y supe", ha aseverado.
Salvador Enguix, exdiputado provincial del PP, ha defendido que desde su declaración en la UCO y desde el minuto cero manifestó que lo ponía en el papel que firmó --que indicaba que su asesora había realizado los trabajos-- era "absolutamente falso" y era, de hecho, "la primera vez que veía el escrito". "Mantengo que no puedo asegurar que la firma fuera mía pero desconocía el contenido", ha advertido.
Por último, uno de los 11 conformados en este juicio, el empresario José Adolfo Vedri, ha afirmado que aceptó que Imelsa le pagara la nómina a dos trabajadores suyos durante unos meses como forma de compensación de una deuda porque no sabía que eso era una malversación de fondos.
Y ha lanzado una reflexión: "Los acusados llevamos siete años sufriendo, el que más y el que menos ha perdido su trabajo o su empresa, ha sido señalado socialmente, y alguno acosado. No teníamos crédito en bancos y, seamos culpales o inocentes, la reflexión que planteo es si una causa como ésta no podría haber sido más breve y si se podrían haber evitado penalidades innecesarias".
Antes del turno de última palabra, los letrados de Rubio y la periodista Clara Sáez han elevado a definitivos sus escritos de conclusiones y han reclamado la libre absolución para sus representados.
En concreto, la letrada de Rubio ha pedido también la nulidad de la causa porque "no hay prueba que valide el origen de las grabaciones y existe un origen ilícito de prueba", al tiempo que ha negado que su cliente pidiera ningún favor para contratar a dos personas que no trabajaron.
"Los asesores --ha dicho-- ya existían desde 1998. Él no solicitó a ninguno ni tampoco cesó a nadie. La situación no era irregular, sino que existía entre 2003 y 2007, permaneció entre 2007 y 2011, y persistió cuando Rubio se marchó", ha aseverado.
Por su parte, el letrado de Sáez --acusada para la que la Abogac a de la Generalitat ha retirado la acusación aunque sí la mantiene el ministerio fiscal-- ha manifestado que su representada "no necesitaba a nadie que la enchufara o la pusiera a dedo en la Administración, porque ya estaba allí. Son acusaciones sangrantes e hirientes. Clara trabajó en régimen de pluriempleo y está demostrado. La Administración pública ha abusado de esta trabajadora", ha apostillado.
