VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha iniciado un procedimiento para reclamar a las concesionarias sanitarias el pago por servicios oncológicos realizados por la Fundación IVO entre 2012 y 2023. Así lo recoge el informe de Fiscalización de la cuenta general de la Generalitat 2023, presentado este lunes por la Sindicatura de Comptes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Estas cantidades, que no han sido determinadas en las mencionadas reclamaciones, corresponden a prestaciones realizadas a pacientes incluidos en la población protegida de las concesiones, pero no incorporadas en las liquidaciones anuales aprobadas.
Según señala el informe, tan solo se incluyeron en los ejercicios de 2012 para las concesionarias de La Ribera y Torrevieja, con un importe de 600.000 euros. No obstante, aunque no especifican cantidades en las mencionadas reclamaciones, se estima que el coste total de los tratamientos asumidos por la conselleria y facturados por la Fundación IVO podría alcanzar los 51,9 millones de euros. Fue en 2019 cuando se firmaba un acuerdo extrajudicial por el Govern del Botànic con la fundación liderada por el exconseller Manuel Llombart para aclarar la mencionada cuestión.
Aunque a día de hoy tan solo el Vinalopó se mantiene en la modalidad de concesión administrativa, esta petición incluye a todos los hospitales revertidos: La Ribera, Torrevieja, Dènia y Manises. Una consideración que, a nivel empresarial, afecta a Grupo Ribera, DKV y Sanitas. Durante varios años, la Sindicatura de Comptes ya había abordado los mencionados pagos por parte del conselleria, que también ha sumado intereses por la demora.
Cabe recordar que, en la negociación de la exconsellera Carmen Montón con el IVO para cerrar la renovación del concierto en 2017, ya se puso sobre la mesa la premisa de que las concesiones debían de firmar sus propios contratos con el centro oncológico si querían derivar pacientes a éste. No obstante, parece que el modelo se mantuvo y ahora es cuando se ha iniciado la mencionada reclamación.
Mientras, la Sindicatura solicita una modificación del acuerdo actual del IVO con la Generalitat. Esto se debe a que, entre las prórrogas al acuerdo concertado suscrito en 2017 y los expedientes de resarcimiento, la Conselleria tramitó 19,6 millones de euros por enriquecimiento injusto en 2023. También apunta que, de los 91,7 millones de euros facturados por la IVO, la Conselleria solo ha reconocido 89,7 millones, quedando una diferencia pendiente de evaluar.
Mientras, a 31 de diciembre de 2023, la conselleria acumulaba 38 liquidaciones anuales pendientes de las concesionarias correspondientes a los ejercicios de 2011 a 2023. Un asunto que se arrastra de varios gobiernos anteriores y que se acumula año tras año. De hecho, fue en 2023 cuando Manises cerraba sus primeras liquidaciones tras 13 años desde su puesta en marcha .
Tal y como recuerda el informe, el retraso en la aprobación de las mencionadas liquidaciones vulnera las cláusulas contractuales que exigen que éstas estén cerradas antes del 31 de marzo del año siguiente. "Las demoras podrían representar un perjuicio económico significativo para la Generalitat, ya que muchas de estas liquidaciones implican derechos a cobrar", apuntan. No obstante, como se apuntaba, esta cuestión se arrastra desde el inicio del modelo.
Por otro lado, la Sindicatura señala que la falta de información actualizada sobre las liquidaciones y los expedientes de resarcimiento genera incertidumbre respecto al importe exacto de derechos a cobrar y obligaciones pendientes de pagar por la Generalitat. Una situación que, según apunta, podría derivar en nuevos litigios con las concesionarias y afectar las cuentas públicas de 2023.
Otro punto señalado es el incumplimiento de la cláusula 4.9 de los contratos de concesión, que exige auditorías quinquenales para verificar que la tasa interna de rentabilidad de las concesiones no supere el 7,5%. Ninguno de los cinco contratos de concesión ha cumplido esta disposición. Además, señalan que en las concesiones de Dénia y L'Horta-Manises, cuyos contratos concluyeron en 2024, la recepción de bienes y servicios se realizó sin la preceptiva asistencia de la Intervención General, contraviniendo la normativa de contratación.