Foto: CARLOS LUJÁN/EPEl Gobierno de España ha dado un nuevo apretón de tuerca a los ciudadanos que, con sus ahorros de años, disponen de alguna vivienda que alquilan y con la que complementan sus ingresos o sus pensiones.
Y es que, como se sabe, España es un país de propietarios, según el estudio de una conocida plataforma inmobiliaria, más del 22% de los propietarios tienen tiene dos o más casas.
En la nueva Ley de Vivienda, cuesta encontrar algún incentivo que motive a los ciudadanos a sacar sus inmuebles al parque inmobiliario para ponerlos en alquiler.
Quizá el principal miedo sea tener que lidiar con un okupa, del tipo que sea, y obligarse a mantenerlo, no solo a costa de ponerle la casa, sino también sufragándole los gastos de luz y agua, a lo que habrá que sumar honorarios de abogado para su desalojo y puede que, de farmacia, por los medicamentos que te recete el médico para sobrellevar tal decepción.
Ya sabemos que en España una escritura pública notarial, en la que consta que eres el propietario de tu vivienda, sirve de poco en estos casos.
Y siguiendo con las contras de la nueva Ley de Vivienda, además de una mayor burocratización de los desahucios, lo que a toda luz generará procedimientos más largos y penosos para los ciudadanos propietarios de viviendas alquiladas, destacan entre otras, las limitaciones a la subida de la renta con el IPC, el traslado de honorarios de la inmobiliaria a los arrendadores, la prohibición de aumentar el alquiler con gastos extras o la prohibición de llegar a acuerdos entre arrendador e inquilino contrarios a las imposiciones de esta nueva ley.
Pero, quiero destacar, por ser claramente una medida intervencionista e incluso coercitiva, la posibilidad de que los ayuntamientos exijan un recargo, de hasta el 150% anual, en el IBI de las viviendas que no estén alquiladas.
Por último, nos intentan 'vender' beneficios fiscales al alquiler para los arrendadores, regulando nuevas reducciones en el IRPF del 90%, 70% y 60%, eso sí bajo unos estrictos requisitos, dejando la reducción, que ya venían aplicando la mayoría de los pequeños propietarios, que alquilan un inmueble como vivienda, en el 50% cuando la misma, hasta ahora, era del 60%. Y es que, como se suele decir, "la banca siempre gana" y aquí no iba a ser menos.
En mi modesta opinión, se está poniendo el peso de la incompetencia, de este y anteriores gobiernos para mitigar el problema de la vivienda, en ciudadanos de clase media, que visto lo visto, se lo van a pensar dos veces antes el poner su vivienda en alquiler.
Sería deseable que copiáramos a países de nuestro entorno como Austria o Países Bajos con tasas de vivienda social del 24% y 30%, respectivamente, o reguláramos medidas más incentivadoras, que seguro que las hay.
Vicente Graullera es presidente de la Sección de Derecho Tributario del ICAV y Socio de PML Abogados, Grupo Asesor
