Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. Faltó poco para poder hacer pleno de ausencias. Solo el conseller de Economía, Rafa Climent, acudió este viernes al acto que se celebró en Les Corts para reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómico. El actual lleva caducado ocho años. Ningún otro miembro del Gobierno valenciano asistió a la cita.
En total asistieron más de 60 parlamentarios de Les Corts, del Congreso y del Senado. Pero a pesar de la gran afluencia, hubo escaños vacíos que llamaron poderosamente la atención: el del president de la Generalitat, Ximo Puig, y el del recién estrenado conseller de Hacienda, Arcadi España.
El primero ya obvió en su discurso del pasado miércoles en el 40 aniversario del Estatut de Autonomía la exigencia al Gobierno de España de reformar el modelo de financiación.
Si bien es cierto que Puig contaba con agenda institucional -asistía en ese momento a la presentación del proyecto de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en la sede de la CEV-, también lo es que el conseller Climent tampoco faltó a esa cita. Es decir, el responsable de Economía fue primero a Les Corts y más tarde acudió a la CEV, pues el acto en el Parlamento era a las 11:00 horas y la presentación a las 12:00.
Por otra parte, en el portal de GVA Oberta no constaba que España tuviera agenda. Sin embargo, el responsable de Hacienda también fue al acto de Volkswagen. Por lo que, su tesitura fue la misma que la de Puig.
Con todo, la presencia de las principales reivindicaciones valencianas que han copado la agenda del president de la Generalitat en la legislatura actual y la anterior como es la financiación autonómica ha comenzado a verse mermada en detrimento de otras cuestiones tales como el debate de la descentralización.
Las ausencias no pasaron desapercibidas a los grupos de la oposición -Vox no asistió-. Tanto la síndica del PPCV, María José Catalá, como su homóloga de Ciudadanos, Ruth Merino, lamentaron la ausencia del jefe del Consell en una jornada como la que se celebraba.
Pero más allá de las faltas, la sesión dejó patente que cada formación política tiene un particular punto de vista sobre la situación actual y las soluciones transitorias que serían necesarias para aliviar la situación de la Comunitat. El PP solicitó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este mismo mes para abordar las alegaciones de las Comunidades Autónomas al criterio de población ajustada, la aprobación de un fondo de compensación y la condonación de la deuda histórica.
Los socios de Gobierno, por su parte, exhibieron un distinto tono a pesar de que ambos coinciden en que la reforma urge a los valencianos: mientras la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas instó a "pasar a la acción", la síndica del PSPV, Ana Barceló, puso el acento en la necesaria "unidad" de los grupos políticos dado que el nuevo modelo "requiere una amplia mayoría en las Cortes Generales". "Para que salga adelante no necesita ni uno ni dos ni cien votos, dependerá de nuestra capacidad política para forjar desde el consenso el acuerdo que corrija el actual modelo", apostilló.
Compromís, sin embargo, fue más allá y trasladó al resto de formaciones un borrador de propuesta al resto de grupos basada en dos conceptos: la sustitución del concepto de población ajustada por "población de derecho" para eliminar "factores de desequilibrio" y sustituir las diferentes bolsas en las que se estructura el actual modelo por una única: el "fondo de garantía de los servicios públicos".
El turno de diputados y senadores nacionales también ha servido para cruzar reproches sobre quién es más responsable de que el modelo aún no se haya reformado o quién puso en marcha el actual. Así, el expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, advirtió que la responsabilidad de sacar adelante el nuevo sistema de financiación es de los gobiernos autonómicos y central, y puso en duda que éstos tengan interés por resolver esta cuestión.
A lo que Vicent Sarrià respondió que el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en 2014 y no hizo nada por resolverlo. El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví sostuvo que su formación siempre ha mantenido el mismo nivel de exigencia independientemente de quién gobernase: si PP o PSOE.
María Muñoz, la diputada de Ciudadanos en el Congreso, afeó que ni populares ni socialistas quieren resolver la infrafinanciación, y Txema Guijarro (Podemos) advirtió que su grupo no va a aceptar "una suspensión sine die" del debate de la financiación y no aceptarán la decisión de la ministra de Hacienda de aplazar este debate como consecuencia de la "guerra en Europa".
A pesar de todo, Morera se mostró satisfecho de que todas las formaciones políticas coincidieran en el diagnóstico.
