CASTELLÓN. Vuelven a soplar vientos de borrasca para el puerto de Castellón. Al menos, en lo que se refiere al aspecto laboral. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima el expediente sancionador que abrió ahora hace un año por posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la estiba. Y este expediente, del que la CNMC ha llevado a cabo una primera notificación a las partes implicadas, aunque todavía no es firme (tiene hasta mayo para hacerlo) contempla multas millonarias, al menos para la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), la patronal estatal del sector.
La multa menos cuantiosa de las propuestas es para Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario en el puerto de Castellón y en el resto de la Comunitat, cuya sanción se fija en 4.000 euros. Pero esto no evita que la noticia vuelva a enrarecer el ambiente laboral en los muelles. Y es que la sanción prevista para Anesco, de casi 6,2 millones de euros, no facilita las negociaciones abiertas en los puertos estatales (que en el caso de Castellón es doble). Máxime cuando todavía no hay un camino claro marcado para que el sector tenga una estabilidad jurídica. Ha pasado más de un mes y medio desde que el pasado 2 de octubre el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, se comprometiese a dar a conocer a los estibadores su hoja de ruta para resolver los conflictos en un plazo máximo de 15 días. La próxima semana está prevista una reunión para tratar de avanzar en este sentido, pero la incertidumbre por parte de empresas y trabajadores es máxima.
Y es que un año y medio después de la aprobación del Real Decreto que devolvía la estabilidad a los puertos tras las huelgas que sacudieron la actividad comercial en todo el territorio estatal, todavía no se ha firmado el reglamento que defina los aspectos laborales del sector... ni hay previsiones de hacerlo. Los tres puertos más importantes del panorama estatal (Algeciras, València y Barcelona) son los únicos que ya han convertido sus respectivas sociedades de estiba y desestiba-Sagep en un Centro Portuario de Empleo (CPE), tal y como marca el real decreto, lo que da una idea de la relevancia del paso. Y en Castellón, a pesar de que fue el primero en iniciar este camino en el panorama estatal, este proceso se ha enquistado y la conversión en CPE todavía parece lejana.
Esta negociación se complementa además estos días con la que se acaba de abrir para la negociación del nuevo convenio colectivo. Han sido las empresas las que han denunciado su finalización (el marco laboral de los trabajadores está recogido por la ultraactividad) y han abierto el nuevo marco negociador. Pero esta parece estéril sin el reglamento que plasme negro sobre blanco el real decreto estatal, o cualquier otra fórmula que se pueda encontrar para este fin.
Todo esto amenaza así el crecimiento que viene experimentando PortCastelló en los últimos años. Y es que, como ya se vio a inicios del verano del 2017, la conflictividad laboral no beneficia a nadie.