CASTELLÓ. Empresarios del sector de la hostelería han constituido la plataforma SOS Hostelería con el objetivo de frenar la aprobación de la nueva Ley del Juego que se está tramitando en las Corts Valencianes. Desde la plataforma advierten que "su entrada en vigor puede suponer la destrucción de 1.400 puestos de trabajo en bares, restaurantes y cafeterías de la provincia de Castellón".
La plataforma, liderada por Fidel Molina (presidente de MYR Hoteles y Grupo Comatel), denuncia que la ley "pone en peligro el futuro del sector de la hostelería y del recreativo en la Comunitat Valenciana y que no ha existido ninguna voluntad de diálogo ni negociación con los sectores implicados.
“La eliminación de las máquinas de tipo B de los establecimientos puede suponer el cierre de más de la mitad de los bares de la provincia de Castellón, sobretodo, los de su capital y los de los pueblos de interior. Actualmente un 60% de los 3.789 bares y restaurantes existentes en Castellón disponen de este tipo de máquinas y muchos de ellos, alrededor de un 20%, subsisten gracias a los ingresos que facilitan estas máquinas”, explica Fidel Molina.
Desde la plataforma ponen de manifiesto que, con la prohibición que plantea la nueva ley, estos establecimientos "se verán obligados a despedir al personal e incluso cerrar". Alertan, además, que "esta destrucción de empleo afectará a los sectores más vulnerables de la sociedad: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años".
Gracias a las máquinas de tipo B instaladas en bares y restaurantes, la Generalitat Valenciana recaudó en 2019 un total de 78 millones de euros, un 30% más que en 2018. “La eliminación de estas máquinas supone la pérdida de unos importantes ingresos que el Gobierno no podrá destinar a políticas sociales en el territorio”, ha asegurado el abogado de esta plataforma, Santiago Moreno.
La plataforma ha destacado también el impacto que supondrá esta ley para los municipios que se ubican en la parte interior de la provincia de Castellón, sobretodo en invierno. “El bar es el punto de encuentro de los vecinos para muchos pequeños y medianos municipios. De hecho muchos de estos establecimientos siguen abiertos más como servicio público que por la rentabilidad del negocio”, explican.
Según la plataforma, "estos bares cumplen una función social básica". “Sin los ingresos de las máquinas de tipo B, estos locales están condenados a cerrar, fomentando así la España vaciada de la que tanto habla el Gobierno”, expone Molina.
La nueva ley prohíbe las máquinas de tipo B en los bares y restaurantes a poca distancia de centros escolares, sanitarios o deportivos pero, a su vez, permite la instalación de terminales de venta de cupones “rasca” de la ONCE dentro de este mismo perímetro sin pedir autorización previa a la Generalitat Valenciana.
La ley del juego no afecta a los establecimientos accesibles al público por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por la ONCE. “Es paradójico que un bar no pueda tener una máquina de tipo B pero sí tener una máquina expendedora del rasca de la ONCE o vender lotería. Este doble rasero entre el juego público y el juego privado supone un trato discriminatorio desde la propia administración”, argumenta Santiago Moreno.
En esta línea, la plataforma ha denunciado que "no tiene sentido" prohibir un tipo de juego y permitir otro si lo que se pretende es que los jóvenes no jueguen. Asimismo, SOS Hostelería expone que el último informe sobre el juego en la CV no recoge ninguna sanción ni expediente a ningún bar o restaurante ni de Castellón ni de la Comunidad Valenciana por permitir a menores jugar a este tipo de máquinas.
SOS Hostelería quiere implicar a la Diputación de Castellón en su lucha contra la ley del juego. En este sentido, Fidel Molina ha pedido públicamente al presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, que defienda los intereses de los trabajadores del sector de la hostelería de la provincia y a los habitantes de los municipios de las comarcas de interior. Molina ha recordado que José Martí “ha nacido y vive en Suera, un pequeño municipio ubicado en la Sierra de Espadán de 525 habitantes que dispone de dos bares y un Hotel, que podrían llegar a cerrar si se aprueba esta ley”.
