Ximo Puig, Aitana Mas y Héctor Illueca, en Les Corts. Foto: José Cuéllar/CORTSVALÈNCIA. El Botànic aprobó la semana pasada los octavos presupuestos de la Generalitat, además de la conocida como ley de Acompañamiento –aquella que recoge cambios normativos y fiscales–. Una luz verde a las cuentas que suele ser motivo de celebración en el seno de un Ejecutivo valenciano en manos de tres formaciones (PSPV, Compromís y Unides Podem) y que han vuelto a salir adelante pese a las ya clásicas tensiones y desavenencias entre los socios.
Se trata de los últimos presupuestos antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023. De ahí que la imagen de estabilidad resulte importante. A lo largo de estos casi cuatro años de legislatura, sin embargo, han sido diversas las cuestiones que el tripartito no ha logrado acordar por los choques internos que generaban. Algunas llevan coleando incluso desde la anterior y quién sabe por cuánto tiempo más si hubiera un Botànic III.
Si un asunto tiene que ocupar el primer lugar de este listado es la tasa del azúcar. La primera vez que se introdujo en el debate político fue en 2016 por parte de Compromís. Desde el minuto uno fue rechazada por el PSPV y, por supuesto, del sector empresarial. Al principio la propuesta consistía en gravar determinados productos con un elevado porcentaje de azúcar o grasas. Poco después se ciñó únicamente a las bebidas azucaradas. En 2018, sin embargo, la coalición renunció a sacarla adelante la pasada legislatura. Pero entonces la repescó Podem.
Nada de ello sirvió. Les Corts aprobaron una iniciativa en la que el tripartito renunciaba a la implantación del impuesto y únicamente pedía al Gobierno valenciano que analizara la oportunidad de hacerlo atendiendo a los problemas de salud que padece la población, especialmente los niños.
Así finalizó la pasada legislatura y llegó la presente. La tasa volvió a surgir entonces durante la negociación de los presupuestos de 2020 cuando Compromís y Unides Podem volvieron a la carga mediante una enmienda a la ley de Acompañamiento que... acabaron retirando ante la falta de acuerdo con el PSPV, que no iba a apoyarla.
En las conversaciones para los presupuestos de 2021 ambos partidos quisieron recuperarla después de que el Gobierno central anunciara que iba a aprobar una. Y la historia se repitió, al igual que en 2021. Este 2022, para no perder la tradición, Compromís amagó con lo mismo, pero sin éxito alguno. Así, quiso introducirla de nuevo en el debate presupuestario debido a que el PSPV pilotó una reforma fiscal que incluía la bonificación del impuesto de Sucesiones.
Aunque los socialistas la han sacado adelante gracias a la oposición con el consiguiente cabreo de sus socios, los primeros siguieron sin ceder en la tasa del azúcar, que por tanto ha vuelto a quedar disimuladamente escondida a la espera de una nueva legislatura.
Desde que se aprobó la norma que creó la radiotelevisión valenciana, la ley de Acompañamiento ha sido el paraguas en el que se ha modificado constantemente. Pero desde hace tres años los grupos del Botànic buscan la fórmula para fusionar la Corporació y la Societat que integran la cadena sin éxito alguno.
PSPV, Compromís y Unides Podem tenían previsto abordar antes de finalizar la legislatura esta reforma. Pero en el debate de Acompañamiento de este año se ha descartado. El problema es que el tripartito no tiene claro si À Punt debe quedar constituida como Corporació o como una mercantil. Mientras Unides Podem prefiere la primera, PSPV y Compromís abogan por que sea una Societat.
El enfrentamiento principal se centra en la figura que tendrían los trabajadores: en la primera, según fuentes de los grupos, los empleados de la televisión valenciana serían funcionarios, y en la segunda, laborales. La fusión, sin embargo, es una reforma muy compleja de acometer.
Los partidos deberían clarificar la forma en la que traspasaría el personal de una entidad a otra; definir qué ocurriría con la figura del director general, puesto que hay disparidad de opiniones sobre si esta desaparecería y sus funciones serían absorbidas por la presidencia del Consejo Rector; qué pasaría con las oposiciones y numerosos embolados más.
Entre los grandes clásicos con los que Compromís y Unides Podem han apretado cada año al PSPV cuando las cuentas pasan a tramitarse en Les Corts Valencianes se encuentran las ayudas a dedo y el reparto de publicidad en medios de comunicación, ambas en manos de Presidencia de la Generalitat. Fueron sobre todo los morados los que la pasada legislatura trataron, desde el Parlamento autonómico, de recortar el millón de euros de subvenciones directas –y por tanto sin concurrencia competitiva– con los que habitualmente cuenta Ximo Puig. Pero con escaso éxito. El fin de las ayudas es la "promoción y fomento de actividades de interés público, socio-cultural, económico o humanitario de la Comunitat Valenciana". El destinatario poco concreto y la falta de control sobre los criterios con los que se otorgan fueron criticados por Podem, que quiso reducir el dinero a través de enmiendas.
Finalmente, se acabó echando para atrás después de una reunión con el PSPV en la que predominó el pacto de no demasiada agresión. Así, acabaron presentando enmiendas con limitado resultado. En una, la que salió adelante, propusieron que 250.000 euros fueran a parar, por concurrencia competitiva y no de manera directa, a "entidades, asociaciones, actividades, productores o denominaciones de origen que participen en la promoción de los productos valencianos y actividades vinculadas a las fiestas navideñas". Es decir, la campaña 'El Nadal es Valencià' que cada año organiza Presidencia de la Generalitat. En definitiva, mismo destino y ningún recorte a ese millón inicial, aunque cambiaba la forma de otorgar una cuarta parte de esa cantidad.
Así quedó la cosa desde ese año –Compromís no llegó a incidir en este punto concreto– y así se ha seguido manteniendo en los posteriores pese a que la Sindicatura de Comptes ha advertido reiteradamente en sus informes de que la excepcionalidad de las subvenciones a dedo en lugar de por convocatoria pública no está justificada. En ellos remarca la falta de acreditación de las razones de interés público, social, económico o humanitario y la carencia de controles necesarios.
Otra de las aparentemente eternas batallas de la coalición es la de la publicidad institucional. Es decir, el dinero público que va a parar a los medios de comunicación para campañas de la Administración y que desde 2015 supera los 46 millones de euros. El control sobre el reparto en sí depende del departamento de Promoción Institucional, bajo el paraguas de Presidencia y dirigido actualmente por Alfred Boix.
Compromís nunca ha estado conforme con ello e incluso planteó modificar la forma de operar durante las negociaciones del Pacto del Botànic II. Una de las propuestas fue que Promoción Institucional saliera de Presidencia. Cosa que no ocurrió. Tampoco mejoró nada que, de nuevo en la tramitación de los presupuestos de 2020 en Les Corts, todos los socios firmaran una enmienda a la Ley de Acompañamiento para modificar la Ley de Publicidad Institucional que permitía tener más manga ancha en el reparto de dinero.
El cambio del reparto de ayudas a los sindicatos fue uno de los asuntos principales de la ley de Acompañamiento de 2019. Se trató de un debate curioso tanto en las negociaciones de las cuentas de aquel año como del anterior. El motivo es que se produjo un inesperado acercamiento entre el PPCV –con una Isabel Bonig partidaria de modificar el criterio de subvenciones tanto de estas organizaciones como de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)– y Podem. Al final, los morados acabaron pactando en el último momento con el PSPV y Compromís aunque de poco sirvió en la práctica.
La ley de Medidas Fiscales de 2019 recogió una enmienda a la ley de Participación Institucional, la norma que regula la asignación de ayudas directas a la patronal y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) para contribuir a su sostenimiento. Una compensación económica por los gastos que les supone participar en tareas como la negociación colectiva, entre otras, y que provocó que los sindicatos que se quedaron fuera del reparto acudieran a la justicia.
El texto inicial de Podem determinaba que la distribución se hiciera teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que fijaba la norma. Eso sí, siempre y cuando las organizaciones sindicales que optaran a recibir estas subvenciones reunieran "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos". Un criterio que abría la puerta a sindicatos como USO, CSIF, Intersindical, Sindicato Independiente o CGT.
En la propuesta consensuada por el tripartito y que vio la luz se rebajaron estas pretensiones. Se mantuvo el requisito de que los sindicatos que optaran a recibir ayudas deberían tener representación en las tres provincias de la Comunitat Valenciana y ser de carácter intersectorial. Es decir, con presencia en varios sectores, como el educativo o el sanitario, para evitar que sindicatos empresariales pudieran 'entrar' en este reparto.
La enmienda decía que en el plazo de un año el Consell debía aprobar un decreto en el que quedara determinada la "representatividad" de cada organización sindical. Han pasado cuatro.
La Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez buscaba este año reformar, a través de Acompañamiento, la ley de la Agencia Valenciana Antifraude para introducir importantes cambios que afectan a las mayorías necesarias para que Les Corts elijan al director del organismo. La norma actual recoge que el máximo responsable de la Agencia lo nombra el pleno del Parlamento por mayoría de tres quintos (60 diputados). Es decir, que obligaba al acuerdo con la oposición.
El cambio que quería introducir Transparencia era que, si no se obtuviera el acuerdo por esa mayoría en primera votación, habría una segunda votación dentro del plazo de un mes en la que bastaría la mayoría absoluta (sin necesidad de pactar con la oposición). Finalmente no ha salido adelante.
Compromís dijo el pasado octubre que quería llevar a la negociación de los Presupuestos la propuesta de que la Generalitat entrara en el accionariado de grandes empresas subvencionadas. La idea de la coalición no era nueva puesto que se ha hablado en diversas ocasiones, pero normalmente en situaciones informales. Pero esta vez querían que se hiciera oficialmente en las conversaciones para elaborar las cuentas de 2023.
El debate sobre este asunto viene dado por las ayudas directas que otorga la Generalitat a grandes empresas. Ha ocurrido, por ejemplo, con Ford, aunque la coalición también menciona a otras como Air Nostrum o Marie Claire. Incluso metían en el pack a la compañía ilicitana PLD Space. Se trata de subvenciones con cargo al Presupuesto y a través de convenios de apoyo. Normalmente se firman por un año, pero existe posibilidad de renovarlos.
A cada inicio de las negociaciones de las cuentas, en la coalición admiten que estas ayudas no agradan del todo, aunque ningún año han llevado su planteamiento hasta el final. Fuentes de Compromís comentaban que el Ejecutivo autonómico da las subvenciones sin esperar nada a cambio "cuando se trata de dinero público". Motivo por el que, en su día, se plantearon que quedaran restringidas a asociaciones sin ánimo de lucro, algo que tampoco ocurrió.
La reflexión en la coalición era que cuando la Generalitat da ayudas públicas a empresas privadas realiza una inversión sin contrapartida y a fondo perdido, por lo que si a éstas les va bien el Gobierno valenciano no se beneficia. De ahí que piensen que pueda participar en los Consejos de Administración. La propuesta fue directamente ninguneada por el PSPV y ahí se quedó.
El ritmo y la manera en que se implantarán las instalaciones fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana ha sido el último episodio del culebrón de reformas que no han logrado salir adelante en el trámite de enmiendas a la Ley de Acompañamiento. PSPV, Compromís y Unides Podem lograron cerrar un acuerdo hace unos días para impulsar la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), pero no han conseguido entenderse en otras 24 enmiendas sobre esta materia que valencianistas y morados registraron semanas atrás para definir cómo debían instalarse nuevas plantas de autoconsumo.
El PSPV rechazó la semana pasada más de una veintena de modificaciones legales presentadas por sus socios porque entendían que cambiaban para las empresas las reglas del juego a mitad partida. Entre ellas, Compromís y Unides Podem pedían establecer una prelación de suelos a seguir para instalar placas de manera que se respetara el territorio. Pero también que los ayuntamientos tuvieran poder de decisión cuando alguna empresa buscase disponer un proyecto concreto en sus correspondientes municipios.
Todos estos cambios que los tres partidos se comprometieron en mayo, cuando se aprobó el decreto ómnibus, a realizar cuando se tramitase la Ley de Medidas Fiscales. Los socialistas, sin embargo, entendían que habían cumplido ya su parte del trato introduciendo modificaciones en otras leyes como la de Economía Circular o Cambio Climático.
Los partidos que sustentan el Botànic –PSPV, Compromís y Podemos– aprobaron en la Ley de Acompañamiento de 2018 el impuesto sobre la incineración y vertido de residuos industriales. Un gravamen que los tres grupos decidieron modificar sustancialmente a la baja antes de que las empresas afectadas tuvieran que hacer la primera autoliquidación.
Tras el anuncio del president de la Generalitat, Ximo Puig, –después de visitar la patronal azulejera Ascer–, socialistas, valencianistas y morados modificaron la ley antes de que se aplicara para introducir tres nuevos grupos de exenciones y tres nuevos supuestos de no sujeción al impuesto –equivalentes a las exenciones, a efectos prácticos–. Un nuevo redactado que suponía, en definitiva, una reducción del 100% y grandes rebajas en los tipos de gravámenes. La mayor de todas, alcanzaba hasta un 75%.
Dos años después, Unides Podem trató de rescatarlo de nuevo en la Ley de Acompañamiento a pesar de que previamente lo había "autoanulado". Una ofensiva que surgió por el retraso en la puesta en marcha del gravamen y por la inclusión dentro de los Presupuestos Generales del Estado de un impuesto de estas características en el ámbito estatal. La propuesta, no obstante, no salió adelante.
