Teresa Gisbert: «Los fiscales no tenemos objeción de conciencia; cumplimos la ley»

VALÈNCIA. Aunque no trabaja, ni mucho menos, mirando de reojo a los políticos, el despacho de Teresa Gisbert (València, 1957), fiscal superior de la Comunitat Valenciana, se ubica junto a Les Corts. Se trata de la sede provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), mientras se reforma la definitiva. Sobre su mesa, la memoria de la Fiscalía de 2021. Como casi todo fiscal que ha pasado por Menores, lleva marcado a fuego su recorrido por esta sección. Y las cifras de agresiones sexuales actuales le alarman. Gisbert tiene trayectoria, mucha, y es comedida en sus valoraciones públicas. Defiende el papel de los medios de comunicación, aunque sabe que cualquier palabra suya que aparezca en uno va a ser escrutada. Como todo el mundo, tiene sus opiniones, pero opta por la prudencia. Poco le gustan las etiquetas; y la suya es la de fiscal progresista.

El Derecho lo ha mamado en casa. Su abuelo, su padre y uno de sus tíos eran licenciados. El otro tío era catedrático de Medicina Legal, y fue quien creó la Escuela de Medicina Legal en España. Gisbert y su hermana siguieron la tradición de juristas. Y la saga continúa con una de sus hijas como jueza, mientras que la otra apostó por la Medicina. El único que no siguió ambas ramas fue su hermano Emili Gisbert, un destacado periodista de investigación. 

La historia de su abuelo, Manuel Gisbert Rico, forma parte de la de València. Fue vicepresidente de la Diputación, puso la primera piedra del Ateneo Mercantil y fue el último alcalde republicano de la ciudad. La influencia familiar, por supuesto, también le ha venido de su madre, de quien menciona que le transmitió el hábito de la lectura.  

Teresa Gisbert pertenece a la carrera fiscal desde 1981. Su vida profesional ha estado marcada por momentos importantes: El 23-F le pilló en el Tribunal Supremo, esperando a examinarse de las oposiciones, junto a su hermana y su cuñado. Las acabaron posponiendo y se quedaron los tres en Madrid. Finalmente, le tocó examinarse el día 25 y en Penal le cayó el tema de la sedición y la rebelión. 

«El indulto es una prerrogativa del Gobierno que supone una injerencia decimonónica que rompe con la separación de poderes»

El primer destino de Gisbert fue el de Mataró-Arenys de Mar. Parece evidente afirmar que todo ha cambiado desde entonces. Pero es la realidad. Cuando llegó y fue a alquilar un piso, dieron por hecho que era la mujer del fiscal. Los primeros juicios también fueron reseñables: «Estaba en Mataró y la única mujer que había en sala era yo. Cuando decían: ‘‘Responda a las preguntas del Ministerio Fiscal’’, nadie me miraba y yo tenía que levantar la mano y decir: ‘‘Soy yo’’»

Su siguiente destino, en 1982, fue Vinaroz-San Mateo, en Castellón. En 1984, pasó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde ha permanecido desde entonces. «En aquel año no contábamos con baño para mujeres fiscales. Teníamos que compartirlo con los compañeros, y al final lo hacíamos con las funcionarias. No te ponías pantalón para ir a sala; siempre llevabas un pañuelo blanco debajo de la toga, etc. Eran costumbres que han cambiado. Ahora, tú entras en una sala y la imagen es la de una mayoría de mujeres: una jueza, una fiscal, una letrada de la Administración de Justicia…», reflexiona.

Gisbert ha sido miembro del Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, entre 1992 y 1996, y ha estado vinculada durante años a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fue igualmente coordinadora de la Sección de Menores de la Fiscalía del TSJCV. En 2008, tomó posesión como fiscal jefa provincial de Valencia (la primera mujer en ocupar ese puesto), y fue renovada en 2013 y en 2018.

En esa época participó en causas como la de Cooperación, que acabó con el exconseller Rafael Blasco en prisión por el desvío de ayudas al tercer mundo. Y de su mandato también destacan los comienzos de las investigaciones vinculadas al Partido Popular del Ayuntamiento de València. 

Una trayectoria en la que se ha hecho hincapié en los medios después de uno de sus pronunciamientos recientes con más trascendencia, como fue el escrito en el que consideró que existían indicios de un «plan preestablecido» y de una «orden verbal», por parte de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. 

«La actuación de la Fiscalía en la covid evitó situaciones peores en las residencias. En cuanto abríamos diligencias, la Conselleria se movía y los centros sabían a qué atenerse y qué reclamar»

— En 2019 fue nombrada fiscal superior de la Comunitat Valenciana. Ha vivido una carrera ascendente en la Fiscalía. ¿Cómo ve el techo de cristal en la carrera judicial?

— El techo de cristal existe; pero si hay tantas mujeres en la carrera judicial y en la fiscal es porque las oposiciones tendrán sus defectos, pero son absolutamente objetivas. Eso sí, la pirámide se invierte conforme aumenta la edad. De diecisiete comunidades autónomas, ahora somos fiscales superiores siete mujeres. En esta situación hay una parte objetiva: hay determinados cargos que exigen una antigüedad en la carrera. También hay algunos que solo se pueden ejercer en Madrid. En la corresponsabilidad familiar se ha avanzado muchísimo, pero las mujeres seguimos siendo, por regla general, las encargadas de los cuidados en casa. 

— ¿Qué grandes hitos en la evolución del funcionamiento del sistema judicial ha vivido durante sus cuarenta años de experiencia? ¿Qué cambios ve necesarios e inaplazables?

—Un gran hito es el acceso de la mujer en igualdad de condiciones a la carrera judicial y fiscal. Otro, para mí muy importante, es el tener una legislación específica para menores, que sea sancionadoramente educativa o el avance en protección de la infancia y en el acogimiento y las adopciones. También está la legislación civil que afecta a las personas con discapacidad. Ahora se les reconoce la capacidad jurídica y de obrar y que nunca se puede sustituir su voluntad y su consentimiento. En cuanto a necesidades, creo que las reformas procesales actuales se han quedado totalmente obsoletas y estamos pendientes de la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que la Fiscalía asuma la dirección de la investigación de los procedimientos penales. Espero verla antes de jubilarme. 

— ¿En qué piensa que será positiva esa reforma?

— En que se cumplirá lo que dice la Constitución. Los jueces están para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ahora, de fondo, quienes llevan la instrucción son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo la dirección del fiscal. Con la reforma se añadiría el juez de garantías para aquellas medidas restrictivas de derechos. Los fiscales tenemos el principio de unidad de actuación, con el cual la interpretación de una norma, ante una situación de hecho, se hace igual en València que en Sevilla; y somos los únicos que estamos especializados, algo fundamental a la hora de investigar. 

— ¿Por qué se está retrasando tanto esa reforma?

Porque hay mucha gente que no quiere y porque se plantea la pregunta de «si el fiscal dirige la investigación, ¿van a sobrar jueces?». En Europa lo tienen resuelto: investiga el fiscal, pero son carreras que se conectan. Tú puedes ser fiscal cinco años y luego ser juez. Eso aquí en España plantea un problema: ¿cómo unes dos escalafones? 

—¿Cómo valora la consolidación de las secciones especializadas de la Fiscalía durante los últimos años?

­— Las especialidades eran algo voluntario en su momento. Cuando a mí me nombraron fiscal jefa provincial, en 2008, creé las secciones obligatorias. Mediación fue la primera y fue pionera. También la sección de lo Contencioso Administrativo Social y Mercantil. Ahí hemos conseguido cosas impensables, por ejemplo, reparaciones importantes en tema de consumo. La última fue Delitos de Odio. Está, igualmente, Medio Ambiente, Incendios, Extranjería (que lleva la trata de mujeres), etc.  

— ¿Tiene la percepción de que se han reducido las causas de corrupción en Valencia estos años? 

— Sí.

— ¿A qué cree que se debe? 

­— A los periodos políticos. Quien tiene más capacidad de corrupción es quien está en el poder durante un largo periodo de tiempo. 

— En juicios como el de Alquería, se ha hablado de montajes en las investigaciones sobre corrupción de los últimos años.

­— Por parte de la Fiscalía puedo poner la mano en el fuego de que no ha habido ningún montaje. Y por las fuerzas y cuerpos de seguridad, también. Quien hable de montaje él sabrá.  

— Cuando ve el debate político sobre qué debería hacer un partido con un imputado, ¿qué piensa?

— Creo que la gente no tiene en cuenta que la citación en calidad de investigado es una forma de garantizar los derechos. Un testigo tiene la obligación de decir la verdad y, el investigado, no. Un investigado puede acabar acusado y condenado o con un archivo o una absolución. Hay que distinguir. Una cosa es que te citen en un asunto con muchos indicios sobre ti y la última decisión sea llamarte, y otra que sea un procedimiento con muchas incógnitas y que la única manera de aclarar lo que se investiga es que esa persona preste declaración y acabe todo ahí mismo. La valoración que hagan los partidos ya no es cosa mía. 

— ¿Entiende las críticas de las personas investigadas y sus abogados sobre la excesiva dilación en las instrucciones, sobre todo cuando se trata de un procedimiento mediático? 

— Claro que las entiendo. No se trata de los procedimientos mediáticos, sino de los complejos, que mayoritariamente son mediáticos. El problema es que tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal muy antigua, muy garantista, pero que ya no está en las formas procesales del siglo XXI. Aparte hay una falta de medios. Desde dificultades para un estudio de ADN en un asesinato, hasta las descargas de móviles u ordenadores en un asunto económico. Nuestra ley también ofrece tal elenco de recursos que... Nuestro día a día es que hay causas paralizadas porque no hay medios técnicos suficientes para dar traslado a todas las partes de ciento cincuenta tomos. Le aseguro que si esto fuera en Hacienda no pasaría. Nunca hemos tenido los medios de Hacienda. 

— ¿Cómo se debería replantear la ley?

­— Con una reforma estructural de todo el procedimiento. Que tenga muy en cuenta las nuevas tecnologías. Que se puedan hacer intervenciones orales. No escrito, plazo, traslado a todas las partes, peticiones, recursos…

— ¿Le molesta que los medios pongan la etiqueta de progresista o conservador a jueces y fiscales? Concretamente, de usted dicen que es progresista.

— Me molestan, en general, las etiquetas. Creo que generan una falsa imagen a los ciudadanos; que uno vaya a actuar de una manera u otra dependiendo de si es progresista o conservador. Y eso, en los niveles altos no sé, pero en el día a día de un juez o un fiscal, le aseguro que no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos objeción de conciencia, nuestra obligación es cumplir con la ley. 

—Recientemente, una de las labores más importantes de la Fiscalía fue la relacionada con las residencias de mayores durante la covid. 

— La Fiscalía General del Estado fue la primera institución que sacó once resoluciones sobre cómo teníamos que actuar. Nuestro papel fue de tutela. Los directores y directoras de los centros nos llamaban diariamente con dudas, para pedir ayuda. Todos los fiscales de civil estaban en constante coordinación con la FGE. Yo cada semana enviaba cuatro o cinco informes sobre fallecimientos, sobre las diligencias penales de investigación abiertas y cómo concluían. En materia de residencias y de personas con discapacidad, el papel de la Fiscalía fue fundamental durante la covid.

— ¿Cree que se evitaron situaciones peores por esa actuación?

— Sí. En cuanto abríamos diligencias, la Conselleria se movía y las residencias sabían a qué atenerse y qué reclamar. 

— ¿Qué opina de la figura del indulto, tal y como está concebida en España?

— No estoy de acuerdo. Me parece una injerencia decimonónica. Históricamente, una de las razones es que el Código Penal era demasiado duro, y el indulto era una forma de atenuarlo en las circunstancias de un caso concreto. No tendría que existir, salvo cuando lo propone el tribunal sentenciador, que es el que conoce y juzga los asuntos. Eso es un mecanismo que tiene la clemencia de un indulto pero que mantiene la separación de poderes. La prerrogativa que tiene ahora el Gobierno rompe con ella.  

— ¿Considera que la reforma de la malversación fomenta la comisión de delitos relacionados con la corrupción, como opinan algunos fiscales? 

—Creo que en esta reforma sí hay una disposición transitoria que establece que si la pena impuesta en su momento cabe en la horquilla de la actual no se revisa. Además, incluye medidas de corresponsabilidad familiar para letrados, procuradores y graduados sociales al declarar inhábiles del 24 de diciembre al 6 de enero. 

— ¿Cómo valora la postura del Tribunal Supremo respecto a la ley del ‘solo sí es sí’ y que exista un goteo de rebajas de pena? Por ahora, en la Comunitat, la Fiscalía se ha opuesto en todos los casos a la revisión porque la pena cabe en la horquilla de la nueva ley.

— El Supremo lo que ha dicho hasta ahora no ha sido en un recurso de revisión, sino de casación. Habrá que esperar a lo que diga y, sobre todo, a los argumentos jurídicos. El criterio que nosotros estamos aplicando es el de la FGE y que yo compartía con antelación. Es decir, revisar caso por caso y entender que mientras quepa en la horquilla no cabe la revisión. 

— ¿Se tendría que haber desbloqueado antes el Tribunal Constitucional? ¿De quién cree que ha sido la responsabilidad?

— Creo que se tendría que haber desbloqueado antes el Consejo General del Poder Judicial, porque los vocales llevan más de cuatro años con un mandato concluido y porque, en la práctica, está suponiendo un bloqueo de la carrera judicial donde existen más de setenta y dos puestos de importancia que no pueden ser renovados. Entre ellos la presidencia del TSJCV. 

— La politización de la justicia es un tema recurrente. Nos encontramos desde el nombramiento de una ministra como fiscal general del Estado hasta la labor ordinaria de fiscales de manera totalmente independiente. ¿Es una imagen errónea la que hay de su trabajo? 

— Lo que ayudaría a evitar la politización de la Justicia es que los cargos políticos asumieran sus responsabilidades y que no se acabaran trasladando a la Justicia esperando que esta resuelva. Nosotros tenemos unas competencias y los políticos las suyas.  

— Usted se mostró a favor de rebajar de catorce a doce años la edad penal mínima en delitos sexuales cometidos por menores, siempre que las sanciones sean reeducativas y no un «puro castigo», ante el aumento de este tipo de agresiones en 2021. 

— A mí me alarmó mucho el aumento en 2021 de delitos sexuales en general, y especialmente los cometidos por menores. Tanto los de abuso sexual como los de agresión sexual por menores de catorce años fueron muy similares a los cometidos por menores de dieciséis a dieciocho años. Siendo estadísticamente lo mismo, en esta última franja de edad se puede actuar y, en la otra, no. En una agresión sexual cometida por una persona de trece años hay que intervenir ya. Pero no solamente por la víctima, sino por ese niño que todavía es recuperable y no es aún un agresor sexual de treinta y cinco años. El problema es que la ley del menor te dice que por debajo de catorce años tú remites testimonio a la entidad pública, que adopta las medidas de protección. Yo lo que propongo es que se busque la manera que sea, pero que con los menores de catorce años que cometen delitos graves se intervenga de una forma efectiva e inminente para prestarles la ayuda y reeducación que necesitan. 

— ¿Qué tendencias está viendo respecto a las agresiones por menores? 

— Niñas que conocen a niños de la pandilla o de redes sociales. Que quedan con ellos y al principio hay besos. Cuando la chica ya dice que no a más, el otro insiste y aparecen cinco amigos. Esas niñas tienen doce, trece, catorce o quince años. Es que no lo estamos haciendo bien. Con un violador en serie ya no hay nada que hacer, pero con ellos aún estamos a tiempo de intervenir para darles criterios de conducta.

—¿En qué se está fallando? ¿Tendría que ser una intervención conjunta de familias, centros educativos y legislación?

—Sí. La familia tiene un papel fundamental si está en condiciones. Cuando la familia no está, hay que activar las medidas de protección. Es un tema que se tendría que abordar en un pacto de Estado por la protección de la infancia y la juventud, en el que nos pusiéramos de acuerdo en una serie de asignaturas obligatorias adaptadas desde los primeros tramos e iguales en todo el territorio nacional. También un estudio sobre cómo funcionan en España las medidas de protección de menores: qué dinero se invierte, qué medios hay, qué centros hay, cuántos técnicos de libertad vigilada… Por otro lado, que exista una norma europea sobre limitación de acceso de los menores a determinados contenidos sexuales pornográficos violentos.

* Lea el artículo íntegramente en el número 99 (enero 2023) de la revista Plaza