VALÈNCIA. La declaración de impacto ambiental favorable dictada por el Ministerio de Transición Ecológica para el mayor proyecto de macroplanta solar de la provincia de Castellón no ha pasado desapercibido. Si la Generalitat Valenciana salió a criticar la decisión del Ministerio que dirige Teresa Ribera, este miércoles todas las fuerzas políticas se pronunciaron o en contra o con muchas reticencias a la iniciativa fotovoltaica.
Bajo el nombre de Magda, el proyecto pretende ocupar 472 hectáreas de suelo con más de 250.000 paneles solares, además de erigir una línea de muy alta tensión de 52 kilómetros pasando por 10 municipios diferentes. Tanto ayuntamientos como la administración autonómica alegaron en el proceso de exposición pública pero el Ministerio ha acabado dando curso a la declaración de impacto ambiental con varias condiciones a los promotores.
El proyecto, por tanto continúa adelante en la tramitación y deberá conseguir ahora la autorización administrativa del mismo Ministerio. Una nueva oportunidad para que las administraciones contrarias vuelvan a exponer sus reservas. "Claro que alegaremos, estamos totalmente en contra de la forma en la que se quiere implantar la Magda por el golpe al paisaje que supone", asegura en este sentido el alcalde de Benlloc, uno de los municipios afectados, Ángel Ribes.
El primer edil considera una "locura" la manera en la que se quiere hacer el proyecto: "No estamos en contra de las placas solares sino que se construyan de esta manera", explica al respecto. "Desde el Ayuntamiento se hicieron 600 alegaciones en contra, que no son pocas, pero que no se han tenido en cuenta". Algo que, insiste, "cuesta entender porque afecta al territorio, al paisaje y a espacios protegidos", con un "valor medioambiental muy alto".
Por ello, considera que este tipo de iniciativas constituyen "especulación pura y dura" y no tienen en cuenta las necesidades del territorio. "Nosotros apostamos por el turismo y uno de los activos mas importantes es el paisaje; si nos lo cargamos, no sé para qué invertimos tanto en el turismo", asegura el alcalde de la localidad, que también prevé alegaciones por parte de la Generalitat Valenciana.
Este descontento lo comparten otros municipios implicados como la Vall d'Alba, que dirigido por la popular Marta Barrachina presentó 490 alegaciones. Tras conocer el visto bueno del Ministerio, Barrachina pidió a la Diputación "las acciones necesarias para posicionarse en defensa de los municipios de Castellón ante esta situación, poniendo a disposición todos los medios e instrumentos necesarios para la defensa de los intereses de nuestra provincia". Y recordó que, desde el mismo momento en que recibió el proyecto, el Ayuntamiento dejó claro que iba a utilizar “todas las herramientas a su alcance contra la Magda”.
En ese sentido, la Diputación de Castellón, que ya había aprobado por unanimidad el rechazo a la iniciativa, también dio su apoyo a la administración autonómica y los consistorios a través de su presidente, el socialista José Martí, según el cual es un proyecto "que causa preocupación y rechazo social en nuestros pueblos". Por ello, la corporación provincial "como no podría ser de otra manera" mostró su apoyo a los alcaldes, "que piensan que garantizar el suministro energético no debe provocar una fuerte afección sobre el territorio, ni ser incompatible con el ejercicio de la actividad agrícola".
En consecuencia, explicó que respaldarán todas las acciones de defensa de los pueblos que emprendan los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana y aprovechó para señalar que con estas noticias cobra sentido la alegación presentado en la Federación Española de Municipios y Provincias para que el futuro Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población obligue a que todas las leyes, disposiciones, reglamentos y normativas vayan acompañadas de un estudio de territorialidad "que tenga en cuenta el impacto que originarán en el territorio económica, laboral y socialmente hablando".
Las dos almas del Consell
La Conselleria de Agricultura ya remitió este martes una carta al Ministerio para modificar la declaración de impacto ambiental. Y en la misiva, el departamento que dirige la consellera Isaura Navarro, y en concreto el director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Julio Ramón Gómez, advertía de que la Generalitat podía emprender "las medidas que considere oportunas en el marco del procedimiento de autorización del proyecto", que debe de tramitar el Ministerio ahora. "Se está estudiando", señalan fuentes del departamento de Navarro.
El propio president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, mostró el perfil más bajo: aunque no cargó duramente contra la decisión del Ministerio, tampoco mostró su apoyo y dejó ver algunas dudas sobre la construcción de este tipo de proyectos. "Ante esta cuestión no se puede ser natural: o renovables o combustibles fósiles, pero hay que hacer las cosas bien", subrayó el dirigente del PSPV, que apuntó que "estamos hablando de 260.000 paneles, 500 hectáreas bajo placas solares, 400 hectáreas de agricultura productiva y, de ellas, 200 hectáreas de agricultura ecológica, de centenares torres para el cableado hasta la costa y de la tala de 60.000 árboles productivos".
En Les Corts Valencianes, los seis grupos políticos mostraron bien su oposición o bien reticencias al megaproyecto. Sin ir más lejos, en diciembre los partidos del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- aprobaron una Proposición No de Ley presentada por Compromís para exigir la paralización del proyecto.
Desde el PSPV, la portavoz Carmen Martínez abogó por encontrar una solución que permita "minimizar el impacto de esta planta o cualquier otra". Y el secretario general del PSPV en la provincia, Samuel Falomir, reiteró el rechazo porque supone "un impacto incompatible con la preservación del territorio y de la actividad agrícola castellonense". Así, apoyó la implantación de renovables pero "no a cualquier precio" y afirmó su apoyo a la Generalitat "para recurrir esta decisión y trabajar de manera conjunta para paralizar este proyecto tal y como está planificado".
Desde el PP, la síndica María José Catalá, se mostró en contra de esta instalación "tal como está planteada", ya que "no hay consenso" y al final, "los agricultores acaban pagando el pato de los líos de Compromís y PSOE". El PP en Les Coves, uno de los pueblos afectados, también rechazó el proyecto al considerarlo "una amenaza" su portavoz, Cristina Orient, quien criticó que el Gobierno de España ha seguido adelante con la tramitación "haciendo caso omiso a toda la contestación social generada".
Por parte de Compromís, la portavoz Papi Robles ha considerado que este es un "ejemplo claro" de la política que rechaza su formación y abogó por "plantas solares pequeñas cerca de donde se necesita la energía" y no por propuestas que buscan "destruir totalmente la vida en el espacio rural". El senador de Compromís Carles Mulet, por su parte, reclamó la comparecencia de la ministra en la cámara alta para explicar el visto bueno a la macroplanta: "Quienes ostentan la representación en el territorio no quieren este proyecto, por inapropiado, desmesurado, por su impacto y por destruir territorio agrícola cuando existen millones de metros cuadrados de suelo ya ocupado e improductivo que podrían acoger esta clase de instalaciones".
Desde CS, Mamen Peris criticó que el Botànic "no tiene una política común" en materia energética y reprochó al Ejecutivo autonómico el hecho de ser "incapaces de sentarse a dialogar ni con los afectados ni con Madrid". Además, consideró que, en lo que a interlocución con el Gobierno central se refiere, se está yendo "para atrás como los cangrejos". Llanos Massó (Vox), por su parte, criticó que esta planta forma parte de la "transición ecológica que lleva a cabo la secta climática" y lamentó la "desconexión" entre gobierno autonómico y estatal. Y Pilar Lima (UP) consideró un "error enorme ignorar las voces de la ciudadanía" que vive en el territorio y ha señalado que "falta diálogo y una escucha activa". "La transición ecológica tiene que empezar por cuidar el territorio", señaló al respecto.
