Foto: EP/ARCHIVOVALÈNCIA (EP). Los centros de salud de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana deberán disponer de al menos un psicólogo para dar cobertura a la salud mental.
Así se desprende de una de las enmiendas registradas conjuntamente por los grupos parlamentarios del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) a la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2023.
En concreto, la propuesta establece que se garantizará la existencia de especialistas en salud mental en función del número de habitantes de cada municipio, con perfiles profesionales como psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros o trabajadores sociosanitarios.
También se incluye la obligación de que cada ambulatorio disponga de al menos un psicólogo clínico, en cumplimiento de las ratios mínimas recomendadas por los organismos europeos. Sin embargo, ante la imposibilidad de disponer de estos trabajadores en pequeños municipios, se prevé la posibilidad que las funciones de atención a la salud mental las asuman psicólogos generales.
Paralelamente, se propone la necesidad de garantizar un tiempo de atención adecuado que permita atajar los problemas de salud mental y se amplían las actuaciones con el objetivo de desmedicalizar los trastornos mentales comunes, impulsando la figura del psicólogo clínico en la atención primaria, priorizando los tratamientos psicológicos y añadiendo la elaboración de "protocolos antipandemia" para mantener la atención a salud mental frente a situaciones excepcionales derivadas de crisis sanitarias.
Al margen de sanidad, otra de las enmiendas conjuntas establece que los consumidores valencianos no podrán ser discriminados por la lengua que utilicen para dirigirse al personal de un establecimiento, así como que en ningún caso se les podrá negar la atención o recibir un servicio incorrecto por esta razón.
En la Ley de Memoria Democrática hay una enmienda para remarcar que el censo de víctimas será de acceso público si dan su consentimiento ellas o sus descendientes directos, así como que el banco de ADN recogerá datos de desaparecidos en la Guerra Civil para investigación e identificación genética.
En materia de vivienda se propone crear el registro de suelo de protección pública, en el que se inscribirán todos los suelos destinados a la construcción de viviendas sometidas a régimen de protección pública, tanto los de titularidad pública como privada.
El objetivo de este registro es "lograr una mejor formulación y desarrollo de las políticas autonómicas de vivienda" y las personas que tengan suelo en este régimen, deberán comunicárselo a la Generalitat.
Por otra parte, se añade la posibilidad de que la Generalitat, ayuntamientos o entidades del sector público instrumental actúen como agentes de rehabilitación en actuaciones que tengan circunstancias de carácter social, valor patrimonial o vulnerabilidad.
Respecto a las cooperativas, se contempla que tanto la Generalitat como otras entidades públicas puedan formar parte como socias, con límites temporales y de representación en función de su tamaño.
Y en cuanto a residuos, se plantea establecer un periodo transitorio de tres años, hasta que se regule a nivel estatal, para que las entidades responsables del servicio de recogida asuman los impuestos de vertidos e incineración.
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